Llarena apartado de la causa contra el juez que le denunció por corrupción

Pablo Llarena ha sido apartado de la Sala del Tribunal Supremo que esta misma mañana, a partir de las 10’30 hs, tiene que enjuiciar la segunda casación del Juez Presencia, después de haber sido recusado por lo que en el argot jurídico se llama contaminación tangencial, al ser la segunda vez que el instructor del Procés juzgaba al Magistrado Fernando Presencia por hechos prácticamente idénticos.

Las dos condenas del juez Presencia que suman un total de 20 años de inhabilitación, la mayor condena impuesta a un juez por el delito de prevaricación judicial en toda la historia de nuestra democracia reciente, le fueron impuestas al magistrado por intentar dar amparo a denunciantes de corrupción que estaban sufriendo toda suerte de represalias procedentes de los mismos juzgados. Fue al poner en evidencia a sus propios compañeros cuando las represalias entonces se dirigieron también contra quien fuera el juez Decano de los juzgados de Talavera, al que consideraban un delator.

Es la segunda de estas sentencias condenatorias la que se revisará esta misma mañana en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, coincidiendo además con la publicación del proyecto de Directiva Europea sobre la protección a los denunciantes de corrupción, conocidos en el mundo anglosajón como “whistleblowers”.

Se da la circunstancia de que ha sido precisamente el magistrado Fernando Presencia quien , desde las páginas de este diario, ha hecho públicas las sospechas de soborno y corrupción que han planeado en todo momento sobre el polémico nombramiento de Pablo Llarena como juez instructor de la causa del Procés.

Las sospechas en torno al nombramiento de Pablo Llarena como instructor del Procés, que Diario 16 ha venido publicando en exclusiva desde hace unos meses, han motivado por ejemplo que el abogado de Oriol Junqueras y de Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, haya pedido a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que investigue los criterios por los que se asignó al juez Pablo Llarena la causa del procés ante las informaciones que apuntaban a la “existencia de irregularidades en la designación del juez instructor y la falta de sujeción, al parecer irrazonable, al orden de reparto establecido”. El abogado creyó que era necesario que se investigaran los criterios del reparto de la causa “para determinar la existencia de vicios en el procedimiento con incidencia en la imparcialidad del órgano de instrucción y enjuiciamiento”.

Y es que el pasado mes de julio la Comisión de Selección – de la que formaba parte la mujer de Pablo Llarena como directora de la escuela judicial- tomó la polémica decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Sofía Marchena, que perdió la oportunidad de acceder a la carrera judicial con su promoción al encontrarse enferma, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parece claramente que fue un soborno para pagar un favor anterior: Pablo Llarena era el último de los candidatos posibles – según las propias Normas de Reparto– para instruir las causas contra aforados debido precisamente a su inexperiencia, y sin embargo el presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, permitió su designación como juez instructor en la causa del Procés, que ha procurado la crisis política más grave de toda la historia de nuestra democracia reciente.

Otro de los escándalos denunciados por el Juez Presencia ha sido que al juez Pablo Llarena se le olvidó incoar la causa del Procés. Éste es el último de los disparates de Pablo Llarena tramitando la causa del Procés. No hubo Auto de incoación de ningún tipo de procedimiento, ni de sumario ni de diligencias previas.

Pablo Llarena no dijo en la causa del Procés ni una cosa ni la contraria. No se sabe si el procedimiento que había que tramitar en la causa contra los independentistas catalanes era el propio del sumario o el de las diligencias previas. Y al día de hoy sigue sin saberse.

El último escándalo publicado por el juez Presencia desde las páginas de Diario 16 ha sido que Pablo Llarena manipuló el número de identificación de la causa del Procés.

El número de identificación de la causa del Procés es el mismo que el del registro general de entrada de asuntos, lo que está expresamente prohibido en el Reglamento de Aspectos Accesorios de la Administración de Justicia.

En el Reglamento de Aspectos Accesorios de la Administración de Justicia se establece claramente que a cada procedimiento judicial se le asignará un  número de identificación que permita distinguirlo de los demás de su misma clase que sea además diferente del número general de registro, todo ello con la finalidad de que los interesados puedan comprobar el cumplimiento de las normas de reparto y asignación de ponencias por parte del órgano judicial.

Sin embargo, el número de identificación que consta en los autos de Pablo Llarena para la causa especial del Procés es el mismo que correspondió al registro general de entrada de asuntos,  el 20.907/2017, lo que a la vista del citado Reglamento es tanto como decir que en el año 2017 entraron hasta ese momento en la Sala 2ª del Tribunal Supremo 20.906 causas especiales, lo que es rotundamente falso.

En el año 2017, según los datos a los que ha tenido acceso Diario 16, se incoaron solo 15 causas especiales contra aforados en el Tribunal Supremo de las que únicamente 4 fueron admitidas a trámite.

Está claro entonces que el turno de antigüedad dejó de observarse cuando ya parecía evidente que la Fiscalía General del Estado iba a presentar la querella por los hechos del 1 de octubre, y que el preferido por Manuel Marchena para ser investido magistrado instructor de la causa del Procés iba a ser Pablo Llarena Conde.

Por esa razón la nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial avisando de la imputación a Pilar Barreiro, y del nombramiento de Ana María Ferrer García para justificar después el nombramiento del siguiente en la lista Pablo Llarena, era del 17 de octubre – y por tanto de fecha bastante posterior al 1 de octubre– , lo que parece indicar que la fecha del 28 de septiembre (tan solo 2 días hábiles antes del referéndum) que se le puso al Auto de admisión a trámite de las diligencias previas estaba falsificada.

A partir de esta falsedad se comprende entonces la prevaricación en la que consistió luego el nombramiento de Pablo Llarena como magistrado instructor de la causa del Procés.