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Llamando a papá estado

Guillermo Del Valle Alcalá
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica (UCM). Se dedica al libre ejercicio de la abogacía desde el año 2012. Abogado procesalista, especializado en las jurisdicciones civil, laboral y penal. En la actualidad, y desde julio de 2020, es director del canal de debate político El Jacobino. Colabora en diversas tertulias de televisión y radio donde es analista político, y es columnista en Diario 16 y Crónica Popular, también de El Viejo Topo, analizando la actualidad política desde las coordenadas de una izquierda socialista, republicana y laica, igual de crítica con el neoliberalismo hegemónico como con los procesos de fragmentación territorial promovidos por el nacionalismo; a su juicio, las dos principales amenazas reaccionarias que enfrentamos. Formé parte del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia. En la actualidad, soy portavoz adjunto de Plataforma Ahora y su responsable de ideas políticas. Creo firmemente en un proyecto destinado a recuperar una izquierda igualitaria y transformadora, alejada de toda tentación identitaria o nacionalista. Estoy convencido de que la izquierda debe plantear de forma decidida soluciones alternativas a los procesos de desregulación neoliberal, pero para ello es imprescindible que se desembarace de toda alianza con el nacionalismo, fuerza reaccionaria y en las antípodas de los valores más elementales de la izquierda.
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La crisis del coronavirus no sólo ha desatado una terrible emergencia sanitaria mundial, sino que la pandemia amenaza con dejar consecuencias devastadoras en una crisis social y económica de proporciones siderales. Con ella también quedarán para siempre al descubierto algunos de los mantras ideológicos de uso y abuso cotidiano que, a la hora de la verdad, se han revelado como una miríada de lugares comunes nocivos, falsos y profundamente irresponsables.

El primero de ellos es el viejo lugar común neoliberal consistente en estigmatizar cualquier intervención estatal. No, no hablamos de ideas marginales de tres o cuatro lunáticos, sino de un sistemático goteo de mantras que han calado más de lo que pensamos en la opinión pública. Las apelaciones al orden espontáneo, a los mercados autorregulados o a la mano invisible que todo lo repara han sido constantes repetidas hasta la saciedad en el debate público. Constantes que ahora se revelan disparatadas, porque cuando vienen mal dadas, cuando se desata una pandemia de estas características y de esta colosal gravedad, la solución nunca puede ser el abstencionismo público, el no hacer nada, el esperar a que todo se regule solo. He ahí numerosos voceros del Estado mínimo exigiendo al Estado que no sea precisamente mínimo, sino que proceda a intervenir de forma máxima, para evitar el desastre. Qué decir de los que durante años, no contentos con chapotear en las nocivas ideas del minarquismo – la doctrina que propugna esos Estado mínimos, apoyada entre otros disparates en denunciar los impuestos como un robo o saqueo generalizado, exigir que la sanidad sea privatizada abrupta o veladamente, o que la familia y el mercado sean esferas íntegramente impenetrables para el pérfido (y caricaturizado) Leviatán –, fueron un paso más allá adentrándose en las procelosas aguas de esa sociopatía llamada anarcocapitalismo, según la cual el Estado no debe ser mínimo, sino directamente desaparecer; ni seguridad, ni defensa, ni justicia… todo podría ser provisto por el mercado dejado a su libre y omnisciente arbitrio. Lejos de optar ahora por la honorable técnica del avestruz – esconderse por vergüenza torera – algunos de los citados andan por ahí sacando pecho de la penúltima cita del gurú neoliberal de turno, que ya predijo que cuando las cosas estallan, el Estado sí debe aparecer. Se seguiría una pregunta lógica ante tamaña admonición de urgencia: ¿qué Estado, cuando llevan ustedes décadas procediendo a su sistemático debilitamiento en favor de estructuras económicas y financieras que ahora imploran su (planificada) salvación?

En efecto, no existen equilibrios espontáneos en el mercado para enfrentar una pandemia. No se trata ahora de dibujar infantiles fábulas sobre buenos y malos, como durante décadas se lleva haciendo en nuestro país con los vagos y privilegiados funcionarios, o con los trabajadores poco cualificados que habían vivido por encima de sus posibilidades. A unos y a otros hoy los necesitamos, y no precisamente precarizados, sino preparados, reconocidos, y dignamente remunerados para enfrentar momentos de enorme gravedad. No habrá equilibrio espontáneo, sino exigencia de direcciones férreas para detener una hecatombe de proyecciones crecientemente sombrías. Nunca es tarde para darse cuenta de los errores estructurales en los que algunos llevan demasiado tiempo instalados. Ahora bien, con un mínimo de honestidad intelectual: sin hacer infames encajes de bolillo para salvar al prejuicio ideológico de la tozuda realidad.

La culpa de la crisis sanitaria global que enfrentamos no es, claro, de nuestro muy autóctono federalismo asimétrico, que ha vaciado de competencias al Estado central durante décadas; ese simpar Estado de las Autonomías que ha propalado la competencia y la rivalidad entre regiones, la triste y sangrante desigualdad entre conciudadanos y una brecha territorial de consecuencias materiales obvias y lacerantes. Pero nuestro modelo territorial sí constituye un claro agravante al desastre. Un agravante cualificado. Solo así puede entenderse que en el listado telefónico de asistencia sanitaria de los países afectados, al llegar a España uno no encontrara un número nacional, sino un disparato listín de números regionales. Claro que había algo peor: en uno de esos números, por atenderte te cobraban. ¡Bingo! Era en Cataluña, paradigma de los recortes y las privatizaciones. Claro que allí, durante años, la elite nacionalista dirigente se ha dedicado al levantamiento de una alambrada étnica, a la persecución del impuro identitariamente, del mestizo, del sospechoso de no ser adepto a la involución ultraderechista de la estelada. No había tiempo ni dinero, se entiende, para las minucias del Estado social.

Otro tanto podría decirse de la caza de brujas identitaria y cantonalista que se ha propalado por doquier, en un febril intento de expiar culpas en función a los orígenes de cada cual. Como si el coronavirus entendiera de árboles genealógicos o de orígenes. He ahí ejemplos sobresalientes de infamia: el señor Ortega Smith escupiendo obscenos disparates sobre sus anticuerpos españoles que se enfrentaban a virus chinos y la señora Ponsatí haciendo chanzas sobre la muerte de madrileños con su infame tuit “De Madrid al cielo”. Ambos borraron cobardemente sus exabruptos telemáticos, pero la infamia no se borra. La infamia es para la posteridad. Tendremos memoria, o eso espero.

Sea como fuere, el hedor de tales bajezas no ha sido capaz de opacar algunas evidencias, al descubierto con la pandemia. Al menos dos mantras nocivos que deberemos desterrar para siempre si queremos recuperar un debate público exento de contaminaciones ideológicas tan dañinas como obstaculizadoras de las soluciones reales, cuando se trata de hacer política en serio, alejada de retórica, trilerismo, guerras culturales o mantras identitarios. Una, decía antes, ese burdo y zafio anarcocapitalismo de barra de bar. El que barruntaba con torpeza aquel ex presidente que exigía libertad para conducir por la autopista con varias copitas de vino encima, que qué era eso de la injerencia estatal para limitar su sacrosanta autonomía personal. Ese mantra, el de un Estado pérfido que pone barreras a una libertad primigenia idealizada, la del estado de naturaleza, salta por los aires cuando toca adoptar medidas de fuerte intervención. Medidas que también habrán de adoptarse en el plano económico, ahí tienen a sempiternos ortodoxos reconociendo la necesidad de acometer fuertes operaciones de gasto público ante una emergencia de carácter social y económico colosal. Medidas de intervención, de control y hasta de planificación. Central, sí, planificación central. Y ahí encontramos, claro, el segundo lugar común que debe pasar a mejor vida por el bien de todos: la sacralizada descentralización perpetua, aun cuando existan evidencias empíricas de que esta se pone única y exclusivamente al servicio de la descoordinación entre taifas autonómicas, de la desigualdad más cruenta y del más que clamoroso e insolidario sálvese quien pueda. Nunca es tarde para descubrir las implicaciones de la igualdad y del Estado. Esa es la otra impostura que habrá que barrer para siempre cuando todo esto termine: cuando toca hacer política de altura, política en serio, no hay singularidad identitaria ni particularidad cultural que valga. Es más, se exigen respuestas unitarias, centralizadas, cohesionadas, coordinadas y colectivas. Un Estado, en fin, desplegado en todo su esplendor, con toda su fuerza, netamente social, territorialmente unido – aunque sea, tristemente, a fuerza de tan extremas circunstancias –, que resulta ser, y es, la única garantía del bien común.

A él apelan ahora los que desde diferentes frentes ideológicos, hasta anteayer mismo, se declaraban renuentes a aceptar un solo átomo de su vigencia. La (no) izquierda posmoderna e indefinida que se olvidó de los Estados – o se acordaba de ellos para insultarlos y demonizarlos con infantiles proclamas – en plena globalización neoliberal, ¡qué irresponsable disparate!, y todo en favor de fútiles idealismos; los neoliberales que prescribieron su estrechamiento o desaparición en defensa de febriles y distópicos paraísos donde germinaría su oscuro darwinismo social; y los nacionalistas, aún hoy incapaces de aceptar que las pandemias no entienden de ese nauseabundo etnicismo que guía sus disparatados proyectos de segregación étnica.

El nefando Papá Estado era, qué cosas, más necesario que nunca.

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