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Lingüística para nacionalistas – XIX: de la «normativización»

Manuel I. Cabezas González
Doctor en Didactología de las Lenguas y de las Culturas Profesor Titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada Departamento de Filología Francesa y Románica (UAB)
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análisis

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En algunos de mis textos me he dedicado a poner el dedo en la llaga de ciertos ejemplares del gremio de los “maestros Ciruela” (profesores, abogados y periodistas), esos personajes que, según un refrán castellano, no saben leer ni escribir y ponen escuela. Ahora bien, la ignorancia, como dice la sabiduría popular, es muy atrevida  y los maestros Ciruela abundan también en otros colectivos. Es el caso del tándem formado por los miembros de la casta política y, en general, los “plumillas” de los medios de comunicación, que se complementan mutuamente y que tienen también el lenguaje (oral y/o escrito) como instrumento fundamental de trabajo. Hago referencia a estos pseudo-profesionales de la palabra para tratar de abordar el proceso de la “normativización” lingüística del español, impulsada con objetivos políticos y no comunicativos.

Desde el inicio de la Transición (1975), en las CCAA con dos lenguas oficiales, se inició el mal llamado proceso de “normalización” lingüística. Con ésta se pretendía generalizar e imponer  el uso de la lengua autóctona (catalán o vasco o gallego u otras modalidades lingüísticas) en todos los ámbitos de la comunidad autónoma respectiva. Esto provocó, al mismo tiempo, otro efecto deseado y buscado por los nacionalistas: el progresivo desplazamiento, la marginación y la eliminación de la lengua española (el mal llamado “castellano” en la Constitución de 1978), en los ámbitos institucionales y en las situaciones más formales de comunicación.

· Sin embargo, los maestros Ciruela de la casta política no se contentaron con esto. Procedieron también a la “normativización” de ciertos aspectos del español, la lengua común de todos los españoles. Se trata de un proceso que, en general, precede a la normalización del uso de una lengua (cf. ut supra). Con la normativización se toman decisiones sobre la naturaleza de la lengua, determinando la norma (léxica, ortográfica, fonética y morfosintáctica) que hay que aplicar al usar una lengua. Ahora bien, la normativización y su resultado, la norma, no pueden ser caprichosas por parte de los que la llevan a cabo, ya que podrían entorpecer la comunicación entre los usuarios de una lengua. Por eso, en la normativización, no se puede actuar a la ligera, como lo han hecho los maestros Ciruela de la  casta política española, metiéndose en camisa de once varas.

Según el Art. 25.2. del  R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, sobre régimen local, sólo mediante ley aprobada por las Cortes Generales se puede modificar la toponimia. En base a este artículo, se ha ido cambiando la toponimia en español e imponiendo, como única forma oficial, ciertos topónimos en gallego, en catalán, en vasco, etc. Así, por ejemplo, en vez de Gerona, Lérida, Orense, La Coruña, Guipúzcoa o Vizcaya,… hay que decir, al utilizar el español, Girona, Lleida, Ourense, A Coruña, Gipuzkoa o Bizkaia,…, según los maestros Ciruela de la casta política. Y éstos son sólo algunos ejemplos. En efecto, muchos otros topónimos han cambiado de nombre sin haber pasado por el Congreso de Diputados. Basta con consultar el Registro de Entidades Locales (REL).

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En los procesos de normativización de las lenguas autóctonas (en nuestro caso, las de las CCAA con dos lenguas oficiales), es lógico y razonable que se restablezcan los topónimos tradicionales de estas lenguas y que se fomente el uso de los mismos cuando se emplean dichas lenguas. Ahora bien, lo que no es de recibo, desde ningún punto de vista, es que, cuando los hispanohablantes usamos el español, tengamos que utilizar topónimos o también palabras procedentes de estas otras lenguas (catalán o gallego o vasco, etc.). ¿Por qué?

Desde el punto de vista de la lingüística aplicada, cuando dos o más lenguas entran en contacto pueden suceder tres cosas. Una de ellas es la amalgama total o parcial de las lenguas en contacto. En el caso de la amalgama parcial, unidades lingüísticas o estructuras morfosintácticas o fónicas transitan entre las lenguas en contacto, provocando interferencias y contaminándose mutuamente. Ahora bien, la presencia de unidades lingüísticas de otra lengua (por ejemplo, del catalán o del gallego o del vasco,…) cuando se utiliza una lengua determinada (por ejemplo, el español) da una pobre y mala imagen del que habla o escribe. Es algo negativo. En efecto, las interferencias denotan que el locutor posee un bilingüismo desequilibrado y deficiente, fruto de las lagunas y de la inconsistencia de su competencia lingüística en las dos lenguas en contacto.

Por eso, cuando hablamos o escribimos debemos mantener separadas las dos lenguas y utilizar o la una o la otra. Esto es un signo de un grado de bilingüismo más equilibrado; y, por consiguiente, da una imagen más positiva del locutor. Por eso, si utilizo el español y me refiero a la capital del Reino de los Belgas, hablaré de Bruselas y no de Bruxelles; o si me refiero de la capital del Reino Unido, hablaré de Londres y no de London; o si me refiero a la región francesa donde se encuentra una de las sedes del Parlamento Europeo, hablaré de Alsacia y de Estrasburgo y no de Alsace y de Strasbourg;… Del mismo modo, cuando se usa el español, hay que utilizar los topónimos tradicionales en español y decir Gerona, Lérida, Orense, La Coruña, Guipúzcoa, Vizcaya,… y no, como pretenden los maestros Ciruela de la casta política, Girona, Lleida, Ourense, A Coruña, Gipuzkoa o Bizkaia,… Y éstos son sólo algunos ejemplos.

Por otro lado, desde el punto de vista del funcionamiento del lenguaje, hay que insistir en el hecho de que el uso de las lenguas es uno de los lugares donde el poder del pueblo y, por lo tanto, la auténtica democracia directa son una realidad tangible. En efecto, una lengua es y será lo que deciden, con el uso oral o escrito, los usuarios de la misma: los locutores. Ni la Real Academia Española (Rae), como expondremos infra, ni los maestros Ciruela de la casta política, aún menos, pueden prescribirnos cómo debemos hablar o escribir. En el campo lingüístico los ciudadanos-locutores son auténticos soberanos e imponen su ley: los usos lingüísticos.

El punto de vista de la Rae es respetuoso con la naturaleza y la lógica histórica de las lenguas, que acabamos de apuntar. Como precisa el escritor y académico Javier Marías, la Rae, “a lo sumo, advierte, mediante las marcas ‘vulgar’ o ‘negativo’ que tal o cual vocablo pueden resultar malsonantes o denigratorios”. Por lo tanto, si la Rae, ese conclave de sibaritas del lenguaje, no puede imponer los usos del español, con menor motivo podrán hacerlo los maestros Ciruela de la casta política. Como le gustaba decir al lingüista y académico E. Alarcos-Llorach, “hay que dejar la lengua y las lenguas en paz. En ellas manda la colectividad. Si los ciudadanos son los depositarios de la soberanía política, los hablantes son los de la lingüística”. Por su lado, el también académico y lingüista Gregorio Salvador, no se cansaba de repetir que “las academias son como los notarios […], que sólo dan fe de que tal cosa se dice así en tal nivel de uso”.

En relación con el tema abordado, se podrían aportar otras muchas citas de autoridad, que van siempre en la misma dirección: cuando se habla o se escribe en español, los topónimos catalanes, gallegos o vascos que tengan forma tradicional española deben ser utilizados según la grafía que corresponde al español. Y por eso, hay que decir y escribir Gerona y no Girona, Lérida y no Lleida, Orense y no Ourense, Cataluña y no Catalunya, País Vasco y no Euskal Herria, Vizcaya y no Bizkaia, Guipúzcoa y no Gipuzkoa etc. Y suma y sigue.

Esto —que es evidente, lógico y dictado por el sentido común—, ha sido tergiversado por los maestros Ciruela de la casta política que, con la ayuda de los “plumillas” apesebrados y también de los profesores acríticos, han ido imponiendo cambios en la toponimia en español. Estos cambios no sólo contaminan, deforman y degradan la lengua española; también contribuyen a desarmar lingüística y culturalmente a los hispanohablantes, al tiempo que constituyen una nueva derrota del bilingüismo y un nuevo paso hacia el monolingüismo en la lengua autóctona. Así, como ha escrito certeramente Javier Cercas, “nuestros disparates políticos son un reflejo de nuestros disparates lingüísticos, porque quien no respeta el lenguaje no respeta la realidad”.

A los de la casta política se les podría decir aquello de “Manolete, Manolete, si no sabes torear “pa” qué te metes”; y a los “plumillas” y a los profesores, que dejen de repetir y difundir, como papagayos, lo que han decidido, en base a criterios políticos, los maestros Ciruela de la casta política.

Coda: « Je ne demande pas à être approuvé, mais à être examiné et, si l’on me condamne, qu’on m’éclaire » (Ch. Nodier).

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3 Comentarios

  1. Bueno, ésto viene desde hace mucho más tiempo, incluso desde las dictaduras de Primo y Franco. Cuande me aprendí la lista de los cabos peninsulares -allá por los años 60 del s. XX- había un cabo Machichaco (que no Matxitxako) en Vizcaya, un cabo Finisterre (que no Fisterra) en Galicia pero también había un Cabo Creus (que no Cabo Cruces) en Gerona.
    Vamos, que no es tan cierta la mixtificación de lenguas en los tiempos más recientes y que maestros ciruelas siempre los ha habido

  2. Varias apreciaciones, señor Cabezas:
    1. El castellano es la lengua de Castilla, por lo que es correcto determinarlo de esa manera según hace la constitución de 1978. No es mal llamado, según su propia expresión, al asimilarlo a la lengua oficial de hecho. Parecería que aún tiene un cierto aire de nostalgia cuando se propone asimilarlo al binomio un país=una lengua.
    2. El artículo citado del decreto Ley al que hace referencia, no impone el uso de un nombre en una lengua determinada tal como parece que desearía en su escrito. Según la lectura que hace usted de ese artículo le llevaría a pensar que el uso de una lengua cooficial según los estatutos de autonomía es un cambio del nombre de la provincia y solamente de la provincia. ¿Lo ha habido según la ley? Al parecer del legislador, no.
    3. Ni tampoco del cambio del nombre de las poblaciones, tal como parece inferirse de esa legislación que usted tiene a bien usar. Eso contradice soberanamente lo que aporta a la hora de recuperar el nombre tradicional de esas poblaciones, por lo que puede que no haya medido sus palabras.
    4. Sí que puede usar, al escribir o hablar en su lengua, el nombre que considere correcto en su manera de hablar. Hablaríamos de xenismos en ese caso.
    5. Habla de «maestros Ciruela» políticos. Bien, pero tal como ha dicho Luis Cuena es que los ha habido siempre. Por tanto, no focalice el uso en la Transición y en la recuperación de las lenguas regionales.
    6. Queda muy bien usar una cita de un autor francés en su versión original, aunque haya posibles lectores que no saben ni papa de esa lengua. Da la sensación de ser chic y culto a la hora de usarlo.

    Atentamente:

  3. Dejad a las lenguas en paz, dice usted, pero no lo hace! Dejen ya de hablar de oficialidad lingüística,en España se hablan varias lenguas,es así mal que les pese, y en Castilla se habla castellano. Su manía de presentar el castellano como única lengua y por tanto denominarlo ‘español’ es muy sintomática de un espíritu rancio y nostálgico del imperio.
    No pretenda usted que sigamos llamando Gerona a Girona! Ya está bien!

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