En 2007 se inició la privatización sanitaria en Madrid llevada a cabo por el gobierno del PP, generando tres modelos hospitalarios:
Un primer Modelo PFI, de iniciativa de financiación privada, un segundo de Concesiones administrativas modelo Alzira (llamado así por ser este el primer hospital español donde se puso en marcha) y un tercero de Cesión de la atención sanitaria de un área a la Fundación Jiménez Díaz.
Vamos a ver estos modelos con más detenimiento teniendo en cuenta los datos obtenidos del Observatorio Madrileño de Salud.
Los hospitales PFI son hospitales en los que una o varias empresas privadas han construido el edificio en suelo público y se quedan con la gestión de lo “no sanitario”, es decir, de todo excepto de médicos, enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, que continúan siendo gestionados por el sector público.
Las empresas iniciales a cargo eran meras constructoras, que vendieron posteriormente a multinacionales de seguros y/o provisión sanitaria y a entidades de capital/riesgo esos hospitales. Por ejemplo el 49% de los hospitales de Coslada y Parla fueron vendidos por Sacyr a LBIP B.V. fondo de infraestructuras propiedad de LLoyd Bank.
Se crearon con este modelo 6 hospitales situados en Vallecas, Parla, Aranjuez, Coslada, Arganda y San Sebastián de los Reyes.
En todos ellos el número promedio de camas por cada 1.000 habitantes se encuentra por debajo de la media española y europea: 3,3 frente a los promedios de 3,5.
Respecto al personal sanitario, además de indicar la pérdida de 6.000 sanitarios de los antiguos hospitales públicos para cubrir estas nuevas plazas hospitalarias, estos centros cuentan con personal en número muy inferior a cualquier hospital de tamaño medio y gestión pública.
Los datos hablan solos, por ejemplo, si comparamos respectivamente los hospitales de Vallecas (PFI) y Móstoles (público) encontramos respecto al número de médicos por cada 1.000 habitantes en el caso del Hospital de Vallecas 0,55 médicos/1.000 habitantes y 2,93 en el caso del Hospital de Móstoles. Respecto a las enfermeras por cada 1.000 habitantes, en el Hospital de Vallecas la dotación es de 1,07 enfermeras/1.000 habitantes y en el Hospital de Móstoles 2,93 enfermeras/1.000 habitantes.
¿Y en que se puede traducir un número menor de médicos y enfermeras? Pues ni más ni menos que en un detrimento para nuestra salud y nuestra vida.
Aunque el coste de construcción de estos hospitales fue de 701 millones de euros, el sobrecoste final a cargo de las arcas públicas, se sitúa en 8 veces el coste de construcción. Sobrecoste que sale de la cartera de todas las personas contribuyentes.
El intento de privatización total se dio en 2013 a cargo del gobierno del PP, con la aprobación del “Plan de medidas de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid” al plantearse la conversión de estos 6 nuevos hospitales PFI en concesiones administrativas, mediante la concesión de la parte sanitaria a empresas privadas. Situación que no se llevó a cabo por la paralización judicial del proceso y que suponía incrementar el coste de la estancia hospitalaria de 678,63 €/día en la red pública a 2.071€ /día en la red privada.
En el caso del modelo de concesiones administrativas las empresas privadas construyen el hospital y se hacen cargo de su gestión completa (incluyendo el personal sanitario) por un largo periodo entre 20 a 30 años.
En Madrid se construyeron con este modelo 4 hospitales: Hospital de Valdemoro (2007), Torrejón en (2011), Móstoles-Rey Juan Carlos (2012) y Collado-Villalba (2014). Tres de estos cuatro hospitales (Valdemoro , Móstoles y Collado Villalba) son gestionados por la empresa Quirón, mientras que el centro de Torrejón primero en manos de Ribera Salud fue posteriormente vendido a BUPA-Sanitas.
En estos hospitales el número de camas y trabajadores por cama se sitúa por debajo de la media de los centros públicos madrileños y sus costes siguen siendo más elevados que en el sistema de gestión pública.
El canon a 30 años del coste por cama cama de estos centros es netamente superior a los centros de gestión tradicional. El presupuesto de cama por año en este modelo es de 407.797 euros frente a los 354.736 € de los hospitales públicos, lo que supone un sobrecoste del 14,95% anual.
Si a esto sumamos que la concesionaria del hospital de Collado Villalba percibió durante 2013, sin haber inaugurado el hospital, un total de 900.000 euros y que los trabajadores de todos los niveles de estos hospitales cobran una media de 400 euros menos respecto a los salarios en la sanidad pública, encontramos un sobrecoste a cargo del contribuyente, que es en sí mismo (junto con los recortes salariales de las y los trabajadores) negocio redondo a nivel empresarial.
Dato alarmante es que el 14,92% del total de los pacientes han pasado de ser atendidos en un hospital público a este tipo de hospitales, lo que continúa siendo otro sobrecoste económico a cargo del sistema público, que causa más impacto económico cuanto más rentable (empresarialmente hablando) sea la patología que presenta el paciente.
En cuanto a la asignación de la Fundación Jimenez Díaz (centro privado) de la asistencia sanitaria de un área (en este caso área que afecta a 400.000 madrileñas y madrileños) tenemos que conocer que tras su fundación en 1955 y tras sufrir varias crisis económicas en 2003, fue reflotada con fondos públicos y pasa a manos de la empresa IDC salud, en 2005, la empresa IDC transfiere el hospital a CAPIO sanidad y en 2016 pasa a hacerse cargo la multinacional QUIRÓN.
Actualmente la FJD cuenta con 1,53 camas/1.000 habitantes y 4,36 trabajadores/cama.
De los hospitales que atienden públicamente a la población, la empresa Quirón Salud, cuenta con la financiación pública en la gestión de cuatro hospitales madrileños (FJD, Móstoles RJC, Collado Villalba y Valdemoro), atendiendo al 12,47% de la población madrileña.
De todo ello podemos deducir que Quirón salud junto con Sanitas y LBIP B.V. (fondo de infraestructuras propiedad de LLoyd Bank) son los oligopolios sanitarios madrileños con capacidad de imponer sus condiciones a la administración sanitaria, haciendo de la salud un gran negocio.
Vamos a analizar la situación del último hospital construido, el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Este hospital fue inaugurado el 1 de diciembre del 2020 con motivo de afrontar la crisis sanitaria producida por el COVID y descongestionar los hospitales madrileños.
Supuso un gasto inicial de más de 140 millones de euros en su construcción, con un 149% de sobrecoste, y 30 millones en su mantenimiento. Las empresas que se llevaron la adjudicación de las obras (sin concurso público ni publicidad) fueron principalmente Ferrovial, Dragados y Constructora San José. Siendo la empresa Serveo Servicios (antes Ferrovial Servicios) la encargada de su mantenimiento inicial por 600.000 euros.
El pasado mes de febrero, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sacó a concurso el mantenimiento integral en los edificios que albergan el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal por casi 2 millones de euros por un periodo de 12 meses.
Según la Memoria 2021 este hospital cuenta con tres pabellones de hospitalización diáfanos y puede albergar hasta 1.000 camas y 40 puestos de cuidados intensivos. Pero no cuenta con intimidad (con todo lo que supone esto humanamente hablando para cualquier persona ingresada), las ventanas son perimetrales, los baños son compartidos y no hay ni quirófanos ni cocinas.
Pese a que en la pandemia fue usado hospitalariamente para más de 8.000 pacientes y como centro de vacunación. Actualmente pasados sólo tres años, la agencia EFE indica que se plantea este hospital como Unidad de Rehabilitación Funcional, con 230 profesionales de distintas categorías que atienden a 83 pacientes y una media de 3 pacientes diarios en urgencias. Lo que supone un coste por paciente muy superior al de cualquier hospital público de la región.
Además del coste económico, este hospital no puede atender a cualquier paciente, pues la falta de quirófanos y estando sus UCI’s cerradas, los pacientes no pueden tener patologías crónicas ni complicaciones potenciales. Todo un despropósito para un hospital.
Por darle algún tipo de uso real y justificar su coste, nuestro actual Consejero de Sanidad, el Sr. Ruiz Escudero, planteó recientemente la posibilidad de utilizar este hospital “fantasma” como hospital que albergue los servicios y especialidades del Hospital La Paz mientras dure su nueva construcción. Pero para ello habría que dotarlo principalmente de habitaciones privadas con baños (cambiando la legislación hospitalaria vigente para que una habitación hospitalaria pudiera no tener ventanas, situación humanamente muy cuestionable), quirófanos (presupuestados en más de 8 millones de euros), cocinas, laboratorios, unidades radiológicas y un largo etcétera.
Como colofón, pasamos a hacer un análisis global del estado de la cuestión. Según el Servicio Madrileño de Salud existen actualmente en Madrid 49 hospitales privados y 35 hospitales “públicos”, es decir, un 56% de los hospitales son privados y cuentan con 6.744 camas frente a las 14.657 camas de la red pública. Pero para llegar al dato real, a esos 35 hospitales “públicos” debemos descontar los 12 analizados con anterioridad (6 de modelo FPI, 4 de modelo de concesión administrativa, la Fundación Jiménez Diaz y el Hospital Isabel Zendal). Por lo que nos quedan solamente 23 hospitales enteramente públicos frente a los 61 privatizados total o parcialmente.
Dicho todo lo anterior, y debido a que la gestión pública del SERMAS ha demostrado ser más eficaz y eficiente para atender los problemas de salud de la población (y más segura para pacientes y trabajadores), debería someterse a la sanidad madrileña a una cura integral, y operando a corazón abierto terminar con privatización sanitaria y reintegrar los centros privatizados a la red pública madrileña.
Tengan en cuenta que aunque esta situación sólo la voluntad política la puede cambiar, a las y a los políticos los colocamos nosotros con nuestros votos.
Sin duda, tenemos una cita en mayo, y es principalmente con nuestra sanidad pública.
