Quiero agradecer desde aquí a Francisco Polo que haya promovido una ley de startups, así como las primeras impresiones de referentes del sector, la mayoría de los cuales son peticiones enfocadas a rebajar burocracia e impuestos, es decir, el día a día de una empresa.
En mi carta a los reyes magos que son todos ellos, pido acciones fundamentales para que miles de personas aspiren a ser empresarios. Porque una startup es un paso previo a una empresa durante el cual un grupo de personas con una metodología para solucionar algo busca su modelo de negocio. De lo que se deduce que, si no hay validación con clientes recurrentes, se quedará en una sociedad limitada sin actividad, pero no se convertirá en una compañía que contrate empleados.
De ahí que mis sugerencias vayan encaminadas a facilitar ese paso previo, partiendo por crear un sandbox por ministerio, cuál marco de pruebas, como el arenero donde juegan los niños, para validar propuestas innovadoras. Al igual que el reciente sandbox regulatorio del sector financiero español o el que se va a habilitar en una zona de Madrid para la movilidad.
Mientras se entrenan algoritmos sin prejuicios ni miedo para seleccionar a las disruptivas startups que entren en estos areneros, habría que poner al frente a responsables humanos de mente abierta y, a poder ser que hayan emprendido hace poco; profesionales que tomen decisiones sin temor a perder su puesto o su colaboración por el hecho de atreverse a apoyar la validación de propuestas aunque ellos no las conciban, para que sus resoluciones sean independientes de sus propios valores personales.
Más que nada para que no siga repitiéndose lo que está pasando con la startup de biotecnología de la que escribí la semana pasada, a cuyos fundadores la institución pública (que supuestamente iba a recoger todas las propuestas sobre la Covid19) ni se ha dignado en responder todavía, casi un año después después de registrar su propuesta.
Con respecto al artículo anterior, del centenar de profesionales a los que envié el enlace, los únicos que me han respondido han sido: una aceleradora, dos inversores, dos CEOs, dos gestores públicos, tres directores y un par de periodistas, que me conocen por mis años de conector en el sector. El resto, silencio. Con lo útil que es una respuesta negativa justificada. Ahora bien, ¿vamos a seguir confiando la sostenibilidad de la sociedad a los contactos? No deberíamos, teniendo en cuenta que quien crea, inventa, diseña e innova no suele estar precisamente en la corte del rey del sector del turno.
Además, facilitaría mucho la tarea de atreverse a emprender invirtiendo lo que se tiene si se pudiera aumentar la edad del primer préstamo que da ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.A.), habida cuenta de que somos muchos los que estamos emprendiendo a partir de los 40 años.
Por último, en el marco de Next Generation EU, a las startups que les contraten grandes corporaciones o administraciones públicas, se debería firmar el acuerdo en smart contracts, para que, una vez constatado que se ha realizado el servicio o entregado el producto, se pague. De modo que no haya que esperar una media de 183 días para cobrar, como les pasó a los proveedores de las empresas del IBEX en 2020, frente a los 60 días que establece la ley. Lo cual, suele ser el fin de las startups debido a la enorme inversión en equipos para realizar esos desarrollos.
