Ley del «solo sí es sí»: crónica de un desastre anunciado

La puesta en libertad de cientos de agresores sexuales tras la revisión de penas en aplicación de la ley del “solo sí es sí” –gran apuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para esta legislatura–, se ha convertido en un asunto de la máxima gravedad para el futuro del Gobierno de coalición. Eminentes juristas y no precisamente de derechas alertaron desde un principio que esto podría pasar, que la ley adolecía de inconcreciones técnicas y ranuras por las que los condenados por delitos sexuales podrían escaparse con el asesoramiento de un abogado con medianos conocimientos en derecho. La alarma saltó definitivamente en el Ministerio de Igualdad cuando Manuela Carmena sentenció que la ley no estaba bien redactada.

Tres meses y 278 revisiones de penas a pederastas y violadores después de promulgarse la polémica legislación, Montero sigue sugiriendo que detrás de toda esta polvareda hay una minoría de jueces que están aplicando su texto legal de manera torticera porque le tienen manía a ella y a Unidas Podemos. Ya no los llama “fachas con toga”, como dijo cuando estalló el escándalo, pero insiste en el sostenella y no enmendalla, es decir, que ella lo hizo todo bien y son los magistrados, los expertos del Ministerio de Justicia, los tribunales, los fiscales, la prensa y el mundo académico quienes se equivocan radicalmente por machistas.

Lógicamente, la situación se ha vuelto insostenible. Sánchez (por boca de su mano derecha Félix Bolaños) ha dado órdenes para que se revise cuanto antes la nueva legislación y se arregle lo que ya no parece tener arreglo teniendo en cuenta que a esta hora el violador que no está en su casa brindando con champán tiene el permiso carcelario bajo el brazo y el petate hecho para salir a la calle. La maquinaria judicial, cuando se pone en marcha, es imparable y no puede frenarla ni la lógica, ni la ética, ni la razón que está con las víctimas, de modo que al Ejecutivo no le quedaba otra salida que rectificar y anunciar una revisión de la norma. La nómina de criminales sexuales que andan sueltos por ahí amenazaba con seguir creciendo en las próximas semanas con el consiguiente estropicio para la credibilidad de Moncloa. Y ese goteo constante de malhechores saliendo a la calle antes de tiempo era una imagen demoledora, letal, para el Gobierno a pocos meses de unas elecciones generales.

La pregunta es por qué se ha tardado tanto en corregir el desaguisado. Al día siguiente de promulgarse la ley del “solo sí es sí” ya se sabía que tenía tantos agujeros, grietas y resquicios legales que no habría un solo abusador al que no le cayera el terrible aguinaldo de Navidad en forma de reducción de condena. Por tanto, la lentitud en reaccionar solo puede explicarse por dos motivos: uno el orgullo y la soberbia de una ministra que se negó a enmendar el entuerto por no quedar como una indocumentada en Derecho Penal; y dos, porque el presidente del Gobierno no se atrevió a tomar decisiones drásticas para no terminar de fracturar su siempre inestable coalición. 

Si bien es cierto que en la mayoría de los casos este tipo de presos se benefician de una reducción mínima de apenas unos meses, algunos expedientes son especialmente sangrantes, ya que gentuza con múltiples causas a sus espaldas, reincidentes y declarados depredadores sexuales han visto cómo se recortaban sus condenas en varios años. Las víctimas quieren que estos monstruos paguen hasta el último día de cárcel y por lo visto no lo harán. Desde ese punto de vista, la ley, aunque bien intencionada y necesaria por situar en el centro de la cuestión el consentimiento expreso de la mujer –liberándola del calvario de tener que demostrar que no llevaba la provocadora minifalda, que no iba bebida o que no se resistió lo suficiente ante su agresor para defender su honra–, ya se puede decir que ha nacido fallida.

Los efectos indeseados de la reforma han de corregirse cuanto antes no solo porque rectificar es de sabios, como dice el viejo dicho castellano, sino porque muchos depravados andan por ahí pensando en qué discoteca, ascensor o callejón solitario acecharán a su próxima presa. Ahora comprobamos que tras la infame sentencia de La Manada se legisló en caliente y con poco esmero en cuestiones técnicas como la medición de las penas. Mientras tanto, el Gobierno se tensa tanto que puede saltar por los aires en cualquier momento. Echenique tuitea esta misma mañana: “El modelo anterior, al que quiere volver Justicia (PSOE) y también el PP, es el que preguntaba a las víctimas: ¿Cerraste fuerte las piernas? ¿Cuánto habías bebido? ¿Te jugaste la vida pegándole puñetazos? Es tachar el consentimiento, tachar el sólo sí es sí”. No se trata de volver a la retrógrada legislación de la derecha, señor Echenique, puesto que la ley Montero es filosóficamente buena, justa y necesaria. Pero si la reforma adolece de efectos secundarios nocivos debería haberse subsanado el primer día y no dejar que todo se pudriera. Las medidas que propone Unidas Podemos (abrir más juzgados exclusivos de violencia contra la mujer, ampliar las plantillas de fiscales y redoblar la inversión en materia de violencia machista) no evitarán que salga a la calle un violador cada cuarto de hora. Lo que se haya hecho mal hay que repararlo. Mirar para otro lado por una arrogancia absurda, persistir en el error, no lleva a ninguna parte más que a seguir regalando titulares a la caverna mediática y argumentos al PP que, dicho sea de paso, ni le han importado nunca ni le importarán los derechos de la mujer.