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Ley de seguridad ciudadana: ¿el relato del poder?

La propuesta de reforma de Ley de Seguridad Ciudadana por parte del Gobierno plantea diversos problemas jurídicos

Pedro Antonio Curto
Pedro Antonio Curto
Escritor. Colaborador del periódico El Comercio y otros medios digitales. Autor de los libros, la novela El tango de la ciudad herida, el libro de relatos Los viajes de Eros, las novelas Los amantes del hotel Tirana (premio Ciudad Ducal de Loeches) y Decir deseo (premio Incontinentes de novela erótica). Premio Internacional de periodismo Miguel Hernández 2010. Más de una docena de premios y distinciones de relatos. Autor de diversos prólogos-ensayo de autores como Robert Arlt y Jack London, así como partiipante en varias antologías literarias, la última “Rulfo, cien años después”.
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análisis

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Señala Herbert Marcuse en Eros y Civilización que hay una represión necesaria y una represión excedente. La primera actuaría frente al delito común, la segunda para defender el marco jurídico-político.

Cuando en 1993 entraba en vigor la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Corcuera, se iniciaba un camino sin retorno para unas libertades y derechos que habían tenido un recorrido más bien formal y su mayor valor ha sido la comparación con el franquismo.

En una transición sin ruptura con las estructuras de un régimen totalitario, se hacía necesario que en la nueva etapa política España se adaptase a las formas de las democracias liberales, tanto por ser reconocida, como para entrar en la Unión Europea. También porque la sociedad española, aún sin derrocar la dictadura, necesitaba de unas libertades y de una modernización estética. Así fueron desarrollandose una serie de derechos que alcanzaron su máximo con la Constitución del 78 y algunas leyes posteriores.

En la novela 1984 Orwell habla de la neolengua, un idioma que los ciudadanos terminan aceptando sin percatarse que las palabras pueden convertirse en una forma de control del pensamiento. Esa neolengua ha establecido dos parámetros, el miedo y la seguridad, que han utilizado las dos leyes de seguridad ciudadana. Así la “seguridad” de los ciudadanos no es una cuestión integral que afectaría desde la salud a los mínimos vitales, la vivienda, la educación, la cultura… aparte de las propias libertades, que responsabilizan tanto al estado, como a los poderes económicos, sino que se limita al problema de la baja delincuencia. La Corcuera ahondó en ese planteamiento, llegando incluso a ser anulados dos artículos por parte del Tribunal Constitucional, el de la famosa patada en la puerta sin autorización judicial. Por su parte la ley mordaza, en vigor, limita los derechos de manifestación fundamentalmente, entre otros. Pero ambas tienen en común dar más poder al poder, cuando la democracia real avanza en sentido contrario, crear contrapoderes y controles reales a estamentos tan poderosos como el judicial y el policial. Porque una cosa es un estado con policía y otra un estado policial.

Además las leyes de seguridad ciudadana se producen en un contexto jurídico donde se concatenan con otras leyes, por ejemplo la que privilegia a las fuerzas de seguridad como agentes de autoridad, lo cual permite unas actuaciones donde el ciudadano es un ser indefenso ante la primacía policial, que tiene un amplio campo y pocas limitaciones. Es de señalar que este mismo gobierno ha aprobado leyes represivas en el campo digital, cuyo control  es ya una de las batalla a nivel mundial.

Se establece una estructura represiva como una maquinaria kafkiana, que no se utiliza de forma mayoritaria, sino selectiva, contra disidencias diversas y que está ahí para cuando el estado la necesite. Esto provoca un efecto de invisibilidad para la mayoría de la población que se considera ajena a esa represión excedente, e incluso muchos la apoyan o justifican. El que para tener seguridad hay que limitar las libertades, está ganando terreno en una sociedad donde el autoritarismo avanza emboscado y sibilinamente.

La propuesta de reforma por parte del gobierno de esta ley nos coloca ante varias paradojas. En primer lugar que se planteé una reforma cuando la lógica democrática llama a su derogación, porque no es necesaria jurídicamente. Pero que la tímida reforma que se pretende, que limita algunos de sus contenidos más brutales, pero mantiene su espíritu, haya  encendido la mecha pidiendo sectores de la derecha y de los sindicatos policiales, el mantenimiento de la misma, descubre el escenario donde nos movemos: un deep state involucionista que aparte de practicar el lawfare, gana terreno social sin que apenas se le haga frente. No es solo que exista represión excedente, sino que se aplaude y se incita a que esta aumente en contenido y forma. Y una paradoja histórica, las cortes republicanas aprobaron por consenso una Ley de vagos y maleantes, conocida con el nombre de Gandula que posteriormente, modificando algún aspecto, sería utilizada por la dictadura franquista en la represión. Da que pensar.

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