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Leonardo Marcos, nuevo director general de la Guardia Civil

El Consejo de Ministros nombrará el próximo martes máximo responsable del instituto armado al actual director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, cargo que ejerce desde enero de 2020

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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El Consejo de Ministros, a propuesta de los titulares de los ministerios del Interior y de Defensa, nombrará este próximo martes nuevo director general de la Guardia Civil a Leonardo Marcos, actual director general de Protección Civil y Emergencias.

Natural de Valderas (León), Marcos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó el programa de Alta Dirección en el Instituto Nacional de Administración Pública y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Hasta su nombramiento como director general de Protección Civil y Emergencias en enero de 2020, Marcos había sido, entre otros destinos, secretario general de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, inspector en la Inspección General del Ministerio del Interior, subdirector general de Recursos Humanos en el Instituto Nacional de Estadística y subdirector general de Posgrado y Doctorado en el Ministerio de Educación. También ha sido consejero de Información en las embajadas de España en Argentina, Estados Unidos y China.

Refuerzo del sistema nacional

Durante el mandato de Marcos como director general de Protección Civil y Emergencias, el Sistema Nacional de Protección Civil ha vivido un proceso de potenciación y refuerzo mediante nuevos instrumentos y mecanismos de coordinación que han aumentado de manera considerable su eficiencia.

Así ha podido comprobarse en episodios como la pandemia de la COVID-19, la erupción volcánica de la isla de La Palama, la borrasca Filomena, las DANAS y otras circunstancias meteorológicas dispares o los grandes incendios forestales sufridos en numerosos puntos del país.

Entre los hitos de este periodo destacan la aprobación en diciembre de 2020 del primer Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM), que reforzó la coordinación entre todas las administraciones y creó el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias, que permite movilizar todos los recursos del Sistema entre comunidades autónomas en situaciones que no hayan sido declaradas de interés nacional.

Otro de los nuevos mecanismos es el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos. Aprobado en junio de 2021, establece la organización y los procedimientos para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las administraciones públicas ante emergencias de este tipo mediante un sistema de alerta para avisar a las autoridades de protección civil y a los servicios públicos de emergencia, así como a los ciudadanos que puedan verse afectados, con especial atención a las personas más vulnerables.

Otros hitos

En junio de 2022, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias activó el Sistema de Avisos a la Población ante emergencias o catástrofes. Integrado en la Red de Alerta Nacional, el RAN-PWS permite el envío generalizado e inmediato de alertas en formato SMS a los móviles de las personas que se encuentren en zonas afectadas por emergencias o catástrofes inminentes o en curso, facilitando de esta manera una respuesta mucho más rápida ante situaciones de especial gravedad

Y en octubre del pasado año, el V Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil aprobó por unanimidad el Plan Horizonte 2035, diseñado para garantizar una respuesta eficaz a las emergencias y catástrofes y asegurar una protección en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.

Sus objetivos son fortalecer la capacidad operativa, directiva, planificadora y coordinadora de los órganos del sistema; ordenar sus recursos para garantizar su interoperabilidad y asistencia; garantizar la capacidad de planificación y respuesta de las diferentes Administraciones Públicas e incrementar la resiliencia de la sociedad mediante el impulso de la cultura preventiva.

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