Europa
Foto: José A. Gómez

Ayer, miércoles, por la tarde, Carles Puigdemont y Toni Comín acudieron a la sede del Parlamento Europeo sita en Bruselas -país donde residen- para solicitar su pase provisional. Sin embargo, no les permitieron acceder. 

El argumento que se dio desde la Eurocámara fue, por un lado, que no se había recibido el listado de los eurodiputados electos; por otro lado, también se ha publicado que la explicación que recibieron se encuentra en que la entrega de la acreditación provisional debe posponerse hasta que los diputados hayan recogido el acta que les da derecho a ocupar su escaño. 

Cualquiera de las dos «razones» que se dieron a Puigdemont y a Comin no encaja con el hecho de que otros eurodiputados electos españoles si pudieran acceder y recoger sus credenciales.

 

Carta previa enviada al Presidente del Parlamento Europeo

Precisamente con fecha 29 de mayo, desde la delegación del partido de Ciudadanos en el Parlamento, se envió esta carta al Presidente del Parlamento Europeo.

En la carta puede leerse que los firmantes, Luis Cargiano, Maite Pagazaurtundúa, Soraya Rodriguez, Javier Nart, José Ramon Bauza, Jordi Cañas y Susana Solís, expresan su profunda preocupación tras el resultado de las últimas elecciones y de los resultados en España, sobre todo por el hecho de que «Carles Puigdemont pudiera presentase, con el permiso del Parlamento Europeo, para registrarse y recoger su acreditación como miembro electo del Parlamento Europeo.» 

Añaden en su texto que «no es necesario recordarle que el Señor Puigdemont está todavía huido de la justicia española, con un caso criminal abierto contra él, y para que pueda obtener el estatus de Miembro del Parlamento Europeo, debe primero y ante todo cumplir primero con la legislación electoral nacional del lugar donde resultó electo. En este caso la legislación le obliga claramente a prestar juramento o promesa a la Constitución de España, en persona, en la capital del Estado miembro donde fue elegido: irónicamente, Madrid, España, el país en el que perpetró un Golpe contra la democracia y por la cual se niega a responder ante el sistema judicial.» «Como ya lo señalaron los servicios jurídicos de esta casa en el mes de abril de este año, no se podrá otorgar inmunidad a Carles Puigdemont a menos que cumpla con la legislación nacional, un requisito sine qua non del compromiso con la Constitución. Depende del Sr. Puigdemont decidir si cumplirá o no con sus requisitos y las consecuencias posteriores». 

Para terminar, añade la carta: «Por todo ello, le solicitamos que se asegure, en base a sus prerrogativas como presidente de esta cámara, que el Sr. Puigdemont, siempre y cuando todavía esté huído de la justicia y no tome las medidas necesarias para cumplir con la legilsación nacional para la verificación de credenciales, no se le permita registrarse y obtener una credencial de acceso a las instalaciones del Parlamento Europeo. 

Confiamos en que comprenderá la necesidad de salvaguardar la imagen de las instituciones europeas, así como su integridad e independencia, especialmente en momentos tan difíciles como los de actuales, con el nacionalismo y el populismo en aumento. La necesidad de luchar por una Europa más fuerte y más unida es más importante que nunca, y no podemos tolerar el abuso y el uso indebido de nuestras instituciones por parte de aquellos que solamente desean dañar a Europa y a nuestro proyecto conjunto». 

 

La carta se remite al informe de los «servicios jurídicos»

Como ya publicamos hace pocos días, el letrado Gonzalo Boye avisó en una entrevista que pronto se conocerá quién realizó el informe al que Ciudadanos hace referencia en esta carta. Y aseguró que no se trató, en realidad, de los servicios jurídicos del Parlamento.

Llama la atención que el informe en cuestión no aparece firmado, ni en papel oficial del Parlamento. Pero sobre todo, en las notas al pie del mismo, es muy sorprendente que se haya copiado la referencia a las sentencias españolas sin percatarse de traducirlo. Un «copia pega» que llama mucho la atención y contrasta con el rigor que han de tener los servicios jurídicos de una institución como la Eurocámara.

 

Precisamente, y basándose en ese supuesto «informe» la mayor parte de los medios de comunicación en España han tratado de explicar que ayer no se permitiera el acceso de Puigdemont y Comin para recoger sus credenciales.

 

Normativa Europea al respecto 

El artículo 3 del Reglamento interno del Parlamento Europeo establece las cuestiones relativas a la comprobación de credenciales. Puede leerse aquí completo.

La parte, quizás, más relevante en este sentido es esta: «Tras la celebración de elecciones generales, dicha declaración se formulará, en la medida de lo posible, a más tardar seis días antes de la primera sesión del Parlamento que se celebre después de las elecciones. Siempre que hayan firmado previamente la mencionada declaración por escrito, los diputados tomarán posesión de sus escaños en el Parlamento y en sus órganos con plenitud de derechos, aunque no se hayan comprobado sus credenciales o no se haya resuelto sobre una posible impugnación.»

 

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