En España hay una guerra soterrada. Una guerra que se libra con querellas, denuncias y sentencias judiciales en lugar de con balas y bombas, pero una guerra al fin y al cabo. El campo de batalla de la política hace tiempo que se trasladó a los juzgados mientras los mariscales y soldados han sido sustituidos por prestigiosos magistrados de negras togas y engominados abogados de parte mantenidos con jugosos honorarios. En esta guerra judicial se trata de aplastar al rival político difamándolo, implicándolo en numerosos montajes y escándalos (a menudo zafios, cuando no grotescos) y derrotándolo en el estrado en lugar de en las urnas, como estipulan las normas no escritas de la democracia.

En el mundo anglosajón, que es de donde provienen estas prácticas denigrantes para la democracia, la guerra judicial recibe el nombre de lawfare −del término inglés law (ley) y warfare (expedición bélica)−, un invento relativamente reciente surgido con los vientos de los nuevos populismos de extrema derecha. El término apareció por primera vez en un artículo de 1975 (Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity, traducido al español como Hacia dónde va la ley: humanidad o barbarie), firmado por dos defensores australianos de los derechos humanos: John Carlson y Neville Thomas Yeomans. En aquel texto ya se advertía cómo toda guerra judicial implica un uso abusivo de los procedimientos judiciales que ofrece la democracia, tanto nacionales como internacionales, con el fin de desacreditar al oponente y provocar su rechazo en la opinión pública.​ Así, con un reducido comando de juristas, fiscales y letrados que consigan sentar al adversario político en el banquillo de los acusados, e incluso desarbolar financieramente al partido oponente, se puede controlar y poner de rodillas a todo un país. Maquiavelismo en estado puro.

PP y Vox son fieles practicantes del lawfare, que en última instancia lo que persigue es el golpe de Estado blando, es decir, un cambio de Gobierno abrupto e ilegítimo instigado desde dentro de las instituciones. En ese sentido, una moción de censura como la que descabalgó del poder a Mariano Rajoy en 2018 entra dentro de lo que es el juego democrático limpio y reglamentario, ya que cumple escrupulosamente con la Constitución y las leyes vigentes y es un instrumento perfectamente lícito para, con el apoyo de las mayorías parlamentarias suficientes, alcanzar el poder. Sin embargo, una querella basada en informes prefabricados o bajados de Internet, en rumores periodísticos, en pruebas periciales cogidas por los pelos y en siniestras complicidades con la policía −como ocurrió con la causa general contra el feminismo para tratar de incriminar a los organizadores de la última manifestación del 8M en Madrid en un delito de grave negligencia por haber contribuido a propagar la pandemia en España− es un típico caso de lawfare.   

La táctica del lawfare no necesita fuerzas militares para provocar un golpe blando, tan solo un reducido ejército de hombres de leyes y jueces poderosos, eso lo sabemos por las prácticas espurias de Donald Trump en Estados Unidos. Hace solo unos días, el magnate neoyorquino e inquilino de la Casa Blanca elegía a la jueza conservadora Amy Coney Barrett (conocida por sus ideas reaccionarias como su férrea oposición a la ley del aborto) para cubrir la vacante que dejó en el Tribunal Supremo la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg, fallecida días antes. El episodio fue un caso de lawfare de manual. No en vano, un artículo aparecido en el Daily News asegura que los Estados Unidos de América se enfrenta a “una gran variedad de estratagemas de guerra jurídica”. De modo que la democracia más potente del mundo ha entrado en una crisis sin precedentes, entre otros factores, a causa de este tipo de maniobras orquestadas desde el mundo Trump.

Pero toda guerra necesita de la artillería de la propaganda y para eso están las redes sociales y los medios de comunicación. Las derechas españolas cuentan con el famoso ejército de un millón de bots de Santiago Abascal para propagar los montajes, bulos y escándalos judiciales que se van cocinando en la sombra, mientras que Pablo Casado tiene a su disposición la Brunete mediática, la quinta columna de la caverna (mas la fuerza de intervención rápida de OK Diario, el periódico de Eduardo Inda que suele vender como churros los casos que se van prefabricando contra el Gobierno de coalición y en especial contra Pablo Iglesias). El fin último del lawfare sería desestabilizar el Estado, destruir la reputación de un líder sólido o convertir una democracia en una caldera a presión contra un grupo político o ideología a la que se estigmatiza como enemiga a muerte y causa de todos los males. Es lo que hace Vox con la izquierda, a la que ha declarado no solo una guerra judicial abierta en los tribunales, un lawfare, sino una “guerra cultural”, que va mucho más allá de tratar de desacreditar al oponente para directamente intentar aniquilarlo.

Lo cual nos lleva a concluir que los tiempos de los sanguinarios golpes de Estado se han terminado y lo que se impone ahora es la burda conspiración judicial, la trama y el complot en los juzgados capaz de arruinar la carrera política del más honrado de los adversarios y del más limpio partido que llegue al poder con aspiraciones de reformar el establishment siempre favorable a las élites. O lo que es lo mismo: si no se pueden cambiar las cosas en las urnas, cambia al juez y pon uno de tu cuerda. Algo así quedó claro y patente en las grabaciones de la Operación Lezo, en las que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se refería sin tapujos a este tipo de prácticas en una conversación con el antiguo ministro del PP, Eduardo Zaplana. El diálogo resulta clarificador y prueba la tesis de este artículo: “Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha: tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo: A ver, venga usted ‘pa acá’. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente?’ A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño”. O sea, lawfare en estado puro.

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5 Comentarios

  1. PP y VOX,la misma mierda son,pero no se puede acabar con la democracia en España porque no la hay,toda la corrupción que hay ya acabó con la democracia,que se lo pregunten a los millones de españoles a los que robó el gobierno de Rajoy,cuando robaron un banco para regalárselo a otro y el actual gobierno consentidor por su silencio .

  2. El poder judicial es parte fundamental de la estructura del Estado. Este poder tiene que responder ante la ciudadanía de manera directa. Por tanto sus cargos deben ser electos directamente por los ciudadanos, todo lo demás es la negación de la democracia, al usurpar a los electores el poder decidir sobre uno de los pilares del Estado.

  3. El poder judicial es parte fundamental de la estructura del Estado. Este poder tiene que responder ante la ciudadanía de manera directa. Por tanto sus cargos deben ser electos directamente por los ciudadanos, todo lo demás es la negación de la democracia, al usurpar a los electores el poder decidir sobre uno de los pilares del Estado.

    Hay que cambiar la capitalidad del Estado de Madrid, nido de cortesanos parásitos.

  4. En este asunto debería de haber algún departamento que controle que los mismos jueces cumplan con la ley. Al igual que en la policía existe asuntos internos para investigar y que les caiga todo el peso de la ley a los policías corruptos. Y quién se encarga de controlar a los jueces corruptos?? Hasta que no se les investigue, se les supervise y les caiga todo el peso de la ley también a ellos, no habrá democracia, sino dictadura encubierta cuando gobierna la derecha y golpes de estado encubiertos cuando gobierna la izquierda, como está pasando ahora… Lastima no haber superado la dictadura franquista a estas alturas…

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