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Lavando la bandera en el Perú

Patricia Martínez i Àlvarez
Feminista e Historiadora, docente universitaria y técnica de planes de formación y de proyectos de intervención para la transformación del mundo: para que el universal masculino deje de ser la medida. Como historiadora estudio la práctica política de mujeres que vivieron hace siglos, sobre todo en América Latina, y propongo que a las mujeres nos sobra historia y nos falta memoria: aquella que el patriarcado ha querido borrar. Desde hace unos años he colocado en uno de tantos espacios posibles de la administración pública mi práctica política. Soy de las que piensa que existe política femenina y política masculina.
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En el año 2000, durante meses, en la Plaza Mayor de Lima y en muchas otras plazas de diversas ciudades del país, como acto simbólico, distintos colectivos pero también ciudadanas y ciudadanos no organizados, espontáneamente, lavaban la bandera del Perú cada viernes: la lavaban del abuso de poder, de la corrupción, queriendo limpiar la democracia que la bandera debía representar.

Poco después del inicio de aquella práctica, en el mes de Julio, también recogiendo un símbolo esta vez del pasado, la Marcha de los cuatro suyos hizo llegar a la capital a miles de personas que rememorando la grandeza territorial del Incario recordaron en Lima que de todos los rincones del Perú llegaba a la capital el deseo de democracia, pero también el firme convencimiento de no querer ya más un país gobernado desde la corrupción: era el final del fujimorismo gubernamental, el de la Ley 26657 de “Interpretación auténtica de la constitución” por la que, una vez más, un gobierno y sus mandatarios habían dado la vuelta al calcetín de las leyes para ajustarlas a sus proyectos particulares.

Desde aquél año han gobernado cinco presidentes en el Perú: Alejandro Toledo, arrestado en Estados Unidos y actualmente en libertad bajo fianza, Alan García que había sido prófugo de la justicia peruana tras su primer gobierno y que se suicidó en el año 2019 cuando años después de su segundo mandato iba a ser detenido por corrupción,  Ollanta Humala, recluido preventivamente durante casi un año tras su gobierno, acusado de corrupción, Pablo Kuczynski, en la actualidad bajo arresto domiciliario, y Martín Vizcarra, vacado por “incapacidad moral” hace unos días por el Congreso al que él mismo cesó hace unos meses.

Parece claro que la vacancia de Martín Vizcarra tiene que ver con la capacidad que han tenido diversos partidos políticos de pactar en el Congreso la expulsión del presidente en favor de intereses económicos que vinculan el deseo de frenar una reforma universitaria que pone en evidencia a universidades ilegales, gestionadas por círculos de dichos políticos, o el deseo de relajar la legalidad que afecta a la explotación minera en el país: “políticos corruptos”, “mafiosos”, tal como la ciudadanía los identifica en las movilizaciones que están teniendo lugar por las calles de todo el país, y que en pleno siglo XXI siguen sosteniendo el orden colonial.

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“Por eso somos un país tercermundista, porque no tenemos a gente que nos proteja”, gritaba una maestra a la policía delante de Palacio de Gobierno en Lima, esta semana: a las movilizaciones multitudinarias, multisectoriales, multiregionales, multiculturales y multisociales, en el Perú, estos días, la policía ha respondido con lo que muchos tildan de “represión desproporcionada” y de momento hay dos asesinatos, varias personas desaparecidas y numerosas retenciones contra la voluntad individual. “Ustedes deben cuidarnos, no matarnos!”, repetían las personas que acompañaban a la maestra frente a la policía sosteniendo sus banderas y pancartas. Los dos días que ha durado la presidencia de Merino, sustituto del presidente vacado, han terminado en la apertura de una investigación a él y a su vicepresidente Flores Araoz (“leal a mi presidente”), por parte de la Fiscalía de la Nación.

La noche del 15 de noviembre el Congreso, reunido tras una Junta de Portavoces en la que supuestamente había sido consensuada la candidatura de Rocío Silva Santisteban a la presidencia hasta las nuevas elecciones, volvió a poner en evidencia que sus representantes se rigen por lealtades personales, por intereses privados, y que habrá que seguir lavando la bandera del Perú.

La gran crisis política que atraviesa el Perú va más allá de no tener presidente desde hace días. La gran crisis política viene de larga data. El dar por descontado que la política es poder, que la institución pública se puede y debe usar desde intereses privados, y que las lealtades se deben a otras personas a cambio de más lealtades, y no a la ciudadanía, son evidencias de la pervivencia de la colonialidad en el Perú.

Lo que puede descolocar los cimientos de la colonialidad es ese salir a las calles distintos y distintas, personas diversas, gentes de realidades dispares en el país: que las sociedades distintas que constituyen el mismo estado, que las distintas naciones -las que contaron para el estado y las que nunca aparecieron en la foto- tengan claro, de manera incontestable, que la política debe representar a la ciudadanía, y que la bandera debe estar limpia de corrupción.

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