Es mucha la incertidumbre en torno a los nombres que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluirá en el nuevo Ejecutivo por parte del PSOE. No obstante, según ha podido saber Diario16, Adriana Lastra, actual portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso y Santos Cerdán, diputado y guardián de los intereses de Sánchez en Ferraz, no tendrán cartera en este Gobierno, aunque continuarán siendo figuras clave para el Secretario General de los socialistas.
Así, aunque hasta la semana que viene Sánchez no facilitará los nombres de su equipo, resulta casi evidente que no procederá de la misma manera que cuando resultó presidente después de la Moción de Censura, que en poco tiempo tuvo que formar un Gobierno más estético que político, ahora ha tenido meses para perfilar un nuevo equipo y, a priori, se espera que sea de perfil más político, algo necesario debido al clima de confrontación existente en el hemiciclo que la oposición no parece tener intención de frenar.
Se rumorea que algunos de los actuales ministros repetirán como tal, aunque es posible que haya cambio de carteras. De lo que parece que no hay duda es de la continuidad de Carmen Calvo que estará al frente de una vicepresidencia en la que se incluiría la coordinación territorial; de Nadia Calviño que dirigirá una vicepresidencia económica; además de José Luis Ábalos, que continuará al frente de Fomento, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Teresa Ribera en Transición Ecológica.
Esta semana PSOE y Unidas Podemos han firmado el protocolo conjunto que seguirán para actuar de forma coordinada en el Parlamento. El documento habla de crear dos mesas de seguimiento y recalca que «El Gobierno progresista de coalición entre PSOE y Unidad Podemos se regirá por los principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad, actuando en todo momento con diálogo, consenso negociación y buena fe para implementar eficazmente el programa conjunto de Gobierno progresista»
La presentación de proposiciones de ley, mociones o enmiendas, sobre cualquier asunto que afecte al programa pactado, será necesario comunicarlo previamente y las dos partes tienen que estar de acuerdo. La actividad en el Parlamento fuera de las medidas consensuadas, si se trata de cuestiones de «alta repercusión en la escena política», también requerirá de consultas para intentar no caer en contradicciones.
También contiene el documento rubricado por las dos formaciones que los proyectos de ley presentados por el Gobierno de coalición «deberán ser defendidos y votados» por los dos socios y el control parlamentario al Gobierno pasará antes el filtro del propio Ejecutivo.
Además, por si todas estas normas no son suficientes para la coalición, en el caso de discrepancias profundas «al menos» se pactará en la comisión de seguimiento del acuerdo «el alcance y la publicidad que los socios dan a las mismas, tanto en sede parlamentaria como en los medios de comunicación para mantener la estabilidad del Gobierno y no erosionar la confianza de la coalición».
