Bahréin es el país con mayor número de prisioneros de conciencia per cápita, con miles de activistas y defensores de derechos humanos en sus prisiones. Con la llegada del COVID-19, sumado a la situación de insalubridad y al trato inhumano que reciben los prisioneros en las cárceles bahreiníes, las vidas de muchos corren peligro. Una situación que desde Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) denuncian e inciden en la liberación de estas personas “que nunca debieron ser encarceladas”.
Entre los encarcelados también se encuentran líderes de la oposición bahreiní por expresar libremente sus opiniones o por su liderazgo en las protestas de 2011. Por ejemplo, Fateel, defensor de los derechos humanos, que fue detenido sin orden judicial en 2013, torturado y condenado a 25 años de prisión por su activismo en favor de los derechos humanos. O Nabeel Rajab, que fue condenado a cinco años de prisión por destapar el uso de la tortura en las cárceles y por publicar tuits en los que criticaba la intervención saudí en el Yemen. ADHRB advierte que “muchas de estas personas injustamente encarceladas son mayores y/o sufren de patologías previas”, y tienen un alto riesgo de mortalidad si contraen el coronavirus.
Las condiciones infrahumanas más el trato inhumano recibido son una amenaza para la vida de estas personas. En este contexto, ADHRB explica que “las autoridades penitenciarias niegan la atención médica a los reclusos de manera sistémica”. Ejemplos como el del líder de la oposición, Hasssan Mushaima, de 72 años y con problemas cardíacos, de próstata y un largo historial de cáncer, al que las autoridades penitenciarias le han prohibido repetidas veces asistir a sus citas médicas. O el caso de Abdel-Jalil al-Saingace, defensor de los derechos humanos de 58 años, que fue condenado a cadena perpetua por participar en protestas políticas en 2011, cuyo síndrome postpolio le hace ir en silla de ruedas y al que las autoridades penitenciarias también le han privado de servicio médico y de atención del especialista.
Ante tan alarmante situación, ADHRB ha puesto de manifiesto que el sistema penitenciario de Bahréin “carece de la infraestructura necesaria para contener la propagación del COVID-19” y considera “fundamental que se pida la liberación de las personas que nunca debieron ser encarceladas”. Por eso recuerdan la pregunta que emitieron al Gobierno de España acerca de las condiciones y el trato que sufren los prisioneros de conciencia en Bahréin, a la que el Ejecutivo respondió que estaban haciendo “todo lo que está en su mano para ello”. Una afirmación que ADHRB desmiente pues, en su opinión, “se ha limitado a sumarse a las iniciativas que se han llevado a cabo desde las instituciones europeas”. En este caso, la organización manifiesta que España, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “tiene la obligación de liderar la protección de los Derechos Humanos en el mundo, y en este caso en Bahréin”.
