La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado, Virginia Sesma, ha autorizado en una providencia la exhumación de los restos de Miguel Ángel Domínguez y su hija María, de ocho años, para practicarles la autopsia seis años y medio después de ser asesinados el 27 de abril de 2013 en su domicilio de Almonte (Huelva) por un total de 151 puñaladas, con el objetivo de aportar nuevas pruebas que arrojen luz a la investigación del caso que lleva actualmente un nuevo equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras la absolución por los tribunales del hasta ahora único imputado, Francisco Javier Medina.

Rechazada la ampliación del estudio podológico porque va referido al absuelto y la jueza recuerda que no puede volver a ser enjuiciado

Al mismo tiempo, la misma jueza ha rechazado la personación en la causa como acusación popular tanto del absuelto como de otros cuatro familiares al considerarla “fraude de ley”. La titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Palma del Condado comparte los argumentos de la Fiscalía porque “la petición formulada incurre en manifiesto fraude de ley toda vez que no se emplea esta figura jurídica limpiamente sino para fines distintos de los previstos en la norma”.

La jueza añade que “el hecho de que intenten presentarse como acusación particular después de que se les deniegue ser acusación particular muestra un interés oblicuo. Resulta así una utilización de la norma en fraude de ley toda vez que actúa movido por un interés particular pero utilizando la figura de la acción popular pero al revés”.

Autopsia por el forense Francisco Etxevarría

La juez instructora apunta en su providencia que “no existe inconveniente” en la autopsia que el perito forense Francisco Etxevarría practicará al cadáver de la niña para su aportación a la nueva investigación que lleva a cabo la Sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la UCO de la Guardia Civil. La instructora recuerda que previamente ya había accedido previamente a la petición de la madre de la menor, Marianela Olmedo, para la exhumación e incineración del cadáver.

La instructora sólo rechaza una de las peticiones de la nueva defensa de la familia de las víctimas, ejercida por el letrado José Ignacio Bidón. Se trata del estudio podológico “en los términos solicitados” porque va dirigido hacia Francisco Javier Medina, y la jueza recuerda que este individuo ya ha sido “absuelto por estos hechos y no puede ser objeto de nuevo enjuiciamiento”.

Respecto al estudio de la mantita y el vestidito de la niña para un examen más profundo, la instructora ordena librar oficio al Departamento de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid “a fin de que informen sobre la viabilidad de efectuar un estudio de restos biológicos más exhaustivo respecto de las piezas de convicción ya analizadas en su momento por dicho Departamento”.

También solicita que se recabe a los agentes que intervinieron en la primera investigación del caso, que culminó con la imputación de Medina, toda la información en relación a los teléfonos de la vecina que escuchó la conversación en el piso de las víctimas durante el crimen, así como el de su pareja y el de la madre y ex pareja de las víctimas, Marianela Olmedo, para determinar la hora en que ocurrieron los hechos, “indicando si en aquella época la hora de los teléfonos móviles podía ponerse manualmente o si se hacía de forma automática, y especificando si se tuvieron en cuenta más elementos para la fijación de la franja temporal en la que sucedieron los hechos”.

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