El colectivo de feministas por los derechos de las trabajadoras sexuales ha presentado un manifiesto al que se pueden adherir colectivos y personas a título individual para poner en conocimiento las consecuencias que puede acarrear el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral sobre la Libertad Sexual presentado por el Ministerio de Igualdad, el pasado marzo de 2020. Según expone el escrito, “el texto se presentó como un reconocimiento al consenso feminista sobre las modificaciones legales en torno a las violencias sexuales. Sin embargo, “el segundo borrador presentado en octubre de 2020 ha roto dicho consenso al criminalizar a personas relacionadas con el trabajo sexual”. En este sentido, las feministas por los derechos de las trabajadoras sexuales exponen públicamente una serie de puntos, bajo el lema y hashtag #EscucharParaLegislar.
En primer lugar denuncian que las trabajadoras sexuales “no han sido ni informadas ni invitadas al proceso de elaboración del anteproyecto a pesar de tener derecho a participar”, por lo que “han resultado abiertamente excluidas del mismo”. A su juicio, “se ha pasado de elaborar y evaluar políticas públicas exigiendo ‘las voces de las mujeres protagonistas’ como una cuestión esencialmente feminista, a excluir a ciertos grupos de mujeres en la elaboración de las normas que les afectan”.
Exigen que“se retire la propuesta de modificación del artículo 187 bis del Código Penal que penaliza la ‘tercería locativa’ (despenalizada desde 1995) con hasta 3 años de cárcel para «quien con ánimo de lucro, y de manera habitual, destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona aún con su consentimiento», porque abre la puerta a criminalizar a las mujeres que alquilan y/o comparten inmuebles con compañeras”. También señalan la dificultad en el acceso a la vivienda de las trabajadoras sexuales, “especialmente a quienes viven en el lugar de trabajo, por el temor de las personas propietarias a ser acusadas de proxenetas”.
Además, reclaman que se retire la propuesta de modificación del artículo 187.2 porque “también abre la posibilidad de encarcelar a las mujeres vinculadas al entorno del trabajo sexual. Siendo proxeneta quien «se lucra explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma», la modificación propone una ampliación del concepto de ‘explotación’ a «cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación». De esta manera podrían ser denunciadas las trabajadoras auto-organizadas que comparten un piso si se considera que existe dependencia o subordinación si alguna de ellas, por ejemplo, es inmigrante y carece de documentación. Podría denunciarse también como proxeneta a cualquier persona implicada en la realización del trabajo sexual (servicios de seguridad, higiene, transporte, etc.). Por tanto, mientras el Anteproyecto pretende poner en el centro el consentimiento de las mujeres, se anula y criminaliza el consentimiento de las trabajadoras sexuales”.
Mayor afectación en las personas trans
El manifiesto advierte que estas medidas afectarán “desproporcionadamente a las personas trans”, quienes acuden a menudo al trabajo sexual “como única opción” al sufrir un desempleo del 85%. “Criminalizar a las personas trans más precarizadas, en su mayoría migrantes, a la vez que se reconocen los derechos como la autodeterminación de género es una paradoja que nos adelanta los nefastos resultados de esta normativa”, denuncian las feministas pro derechos.
Asimismo, “se explota económicamente la criminalización de las trabajadoras sexuales: el anteproyecto dispone que las ayudas para las víctimas de violencia sexual provendrán de los bienes decomisados mediante todas las estrategias de criminalización del trabajo sexual hasta ahora descritas”. Y prosiguen: “Esto, además de fomentar la persecución del trabajo sexual, vincula necesariamente los derechos a la reparación de las mujeres que hayan sufrido violencia sexual con la criminalización y el decomisado de bienes de las otras, las trabajadoras sexuales”.
Finalmente exponen que “todo lo anterior dificulta y precariza el trabajo sexual independiente, aumentando la estigmatización y debilitando las redes de apoyo entre trabajadoras sexuales”. Así como “la criminalización de los espacios donde se ejerce el trabajo sexual aumentará el control y la presencia policial en los mismos, con el peligro de que se abran aun más expedientes de expulsión a las mujeres migrantes indocumentadas”. Revelan que “los mayores controles policiales y las redadas además fuerzan a las mujeres que están en situación de trata a denunciar a los tratantes -sin garantías- o ser expulsadas”. “Es por eso que, diversos organismos internacionales de derechos humanos, señalan que las leyes que criminalizan a las mujeres que ejercen la prostitución son discriminatorias y deben ser eliminadas”, concluye el manifiesto.
