Las tensiones internas en el PSOE ponen en peligro el pacto de izquierdas con Unidas Podemos

Es evidente que el viejo PSOE de los barones y el sanchismo que pretende dar otro aire al partido no han resuelto sus rencillas y diferencias. El preacuerdo para un Gobierno de coalición con Unidas Podemos ha sabido a cuerno quemado a los sectores más conservadores de Ferraz y las tensiones internas que parecían aparcadas tras la arrolladora victoria de Pedro Sánchez sobre Susana Díaz en las históricas primarias de 2017 han vuelto a florecer.

Hay muchas cosas, quizá demasiadas, que no gustan al PSOE más neoliberal. En primer lugar que Pablo Iglesias pueda llegar a ser vicepresidente de un Consejo de Ministros donde Unidas Podemos podría tener varias carteras y mucho que decir. Pese a su notable bajón en las urnas del pasado domingo y a que solo tiene 35 diputados frente a los 120 de los socialistas los morados han sacado petróleo de la negociación. Nunca un partido consiguió tanto con tan poco y eso ha enervado a los orgullosos barones del PSOE, siempre reacios a pactar con esa gente extraña a la que consideran “comunistas bolivarianos”. A estas alturas parece claro que Iglesias ha ganado más en el órdago del 10N, no tanto por los resultados, que han sido definitivamente malos para la formación morada, sino porque el PSOE también se ha visto erosionado en su número de escaños y no le ha quedado otra que pactar por la izquierda, visto el hundimiento de Ciudadanos. Y esa victoria del líder podemita ha enrabietado al sector conservador del partido socialista.

Pero no solo se trata de que un “octavo pasajero”, un alien de la izquierda que para muchos en Ferraz es poco menos que el Anticristo, vaya a meter sus narices en el Consejo de Ministros. También es cuestión de programas, de ideas, de políticas concretas. El preacuerdo entre ambas formaciones para lograr el primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia asegura textualmente que el pacto tratará de “situar a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas”. Y ahí es donde empezamos a jugar con las cosas de comer. Los barones son gente de orden en lo económico, instalados, burguesía pura y dura poco dada a las alegrías presupuestarias. Sienten alergia ante un gasto excesivo en medidas sociales que nos pondría en contra de Bruselas, de modo que las propuestas fiscales del preacuerdo para que las grandes fortunas, las multinacionales del Íbex 35 y los bancos paguen más impuestos, así como las iniciativas para mejorar el Estado de Bienestar en un momento de desaceleración económica, suenan a cantinela populista demasiado izquierdosa.

Pero no queda ahí la cosa. Los barones son fieles defensores de la indisoluble unidad de España y muchos de ellos piensan que el Estado ha consentido demasiado al separatismo catalán. Incluso creen que ha llegado la hora de la mano dura más que del diálogo, uno de los puntos que han quedado plasmados en negro sobre blanco en el documento firmado entre PSOE y Unidas Podemos. Esa concesión a una posible mesa de partidos, con la inclusión del famoso relator, es quizá lo que peor llevan los viejos halcones socialistas. Ninguno de ellos quiere ni oír hablar de un nuevo sistema de financiación para Cataluña que pondría en peligro la solidaridad, la cohesión territorial y el principio de igualdad –auténticos dogmas del socialismo tradicional– y por supuesto ninguno está dispuesto a tolerar que se conceda un estatus de Estado cuasifederal a esa comunidad autónoma, lo que supondría la antesala de la independencia de aquí a unos pocos años. Los barones sienten pánico el Estado plurinacional por el que apuesta el “sanchismo”, aunque el presidente del Gobierno en funciones guarde silencio o eluda la cuestión con subterfugios y evasivas cuando se le pregunta abiertamente por el espinoso asunto. De entrada, Sánchez ya no habla de las medidas que propuso en el debate televisado a cinco previo al 10N: frenar la manipulación informativa de TV3, endurecer las penas para quien convoque un referéndum ilegal e impulsar una asignatura escolar sobre valores constitucionales en todo el territorio nacional. Todo eso se ha quedado obsoleto en apenas cuatro días tras la firma del acuerdo con Unidas Podemos.

Para los críticos barones del PSOE, entre los que se encuentran Emiliano García-Page o Guillermo Fernández Vara, dar estatus de nación a Cataluña supondría abrir la espita a otras comunidades como el País Vasco, Navarra, Galicia o Comunidad Valenciana. El exministro socialista Julián García Vargas ha asegurado que el pacto le “produce mucha desconfianza”. “No me fío de Unidas Podemos, ni de su programa, ni de sus actitudes. Y lo más incómodo sería depender de los independentistas”, añade. Otro histórico líder socialista, el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha ido más lejos al apostar por un pacto entre el PP y el PSOE que haga frente al separatismo. Y qué decir de Joaquín Leguina, para quien el acuerdo PSOE/UP es “una apuesta de perdedores” y “un chollo” para ERC.

Por el contrario, en el lado prosanchista se encuentra Ximo Puig, el presidente socialista de la Comunidad Valenciana, quien ha replicado que “no se trata de depender de nadie”, en referencia a los apoyos necesarios de los independentistas de cara a la investidura, sino de que “el Gobierno que más suma eche a andar”.

En cualquier caso, las tensiones y la amenaza de división están servidas. Los jerarcas socialistas creen que o se pone freno en algún momento a las ansias nacionalistas o España terminará pagándolo caro. El propio Felipe González ya lo dejó caer ayer en una de sus fulgurantes apariciones mesiánicas a las que nos tiene acostumbrados cuando aseguró que le parece mal que se repartan cargos sin saber cuál es el programa que hay detrás. Él, como perro viejo que es, sabe que en estos casos lo importante no es lo que se lee en el documento formal, sino lo que se ha pactado entre bambalinas.