Todos los Magistrados del Tribunal Constitucional, reunidos en Pleno, han acordado declarar, por unanimidad, la Inconstitucionalidad y la nulidad de la Ley 10/2012 de Tasas Judicial aprobada por el Gobierno del Partido Popular el 20 de noviembre de 2012 por ser contrarias al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva y por vulnerar el derecho de acceso a la Justicia.
Durante 4 largos años, el artículo 24 de la Constitución Española, respecto del acceso a la Justicia, a los recursos judiciales y a la tutela judicial efectiva, derechos todos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, se han venido vulnerando en nuestro país. Como Letrado, podría contarles innumerables casos de ciudadanos y pequeñas empresas que han visto quebrantados sus derechos pero por ausencia de medios económicos, para pagar las injustas e inconstitucionales Tasas Judiciales, han tenido que renunciar al acceso a la Justicia.
El Tribunal Constitucional con esta Sentencia de 21 de Julio, conocida hoy 29 de Julio de 2016, declara la Inconstitucionalidad y la nulidad de las Tasas Judiciales, estimando parcialmente, el Recurso interpuesto contra dicha Ley de Tasas judiciales por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados el 19 de febrero de 2013.
El Tribunal Constitucional indica, en su larga Sentencia de 70 páginas que, las tasas judiciales no son de por sí inconstitucionales y nulas en su concepción jurídica sino que son inconstitucionales porque su imposición no llevó aparejada la garantía del ejercicio del derecho de acceso a la justicia para aquellos que no pudieran acreditar medios económicos suficientes para litigar. Es decir, el Tribunal Constitucional sanciona que la Ley de Tasas se haya impuesto con unas cuotas fijas y variables desproporcionadas por elevadísimas y sin los medios para garantizar el acceso a la justicia de acudir a los Tribunales y, por tanto, vulnerando el artículo 24 de la Constitución Española del derecho a la tutela judicial efectiva.
La declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las Tasas Judiciales ha sido estimada para todos los procedimientos, demandadas y recursos en todos los procedimientos civiles, laborales y administrativos, es decir, la Ley de Tasas ha dejado de existir en España.
Literalmente, el Tribunal Constitucional considera que, un sistema de Tasas judiciales en el que todos pagan lo mismo, independientemente de sus posibilidades económicas, ya sean grandes multinacionales o pequeñas empresas; “perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir” y “no puede justificarse la imposición indiscriminada de estas tasas vulnerando la tutela judicial efectiva”.
Con contundencia, el Tribunal Constitucional reitera, en multitud de ocasiones en la meritada Sentencia que las Tasas Judiciales impuestas en 2012 han sido “desproporcionadas y excesivas” respecto tanto de su cuota fija que podía llegar a los 1.200 euros como de la cuota variable de la tasa que podía llegar a los 10.000 euros en atención a la cuantía del procedimiento judicial y, por tanto, se declaran nulas por ser contrarias al derecho español.
Por desgracia, la imposición de la Ley de Tasas y la vulneración de los citados derechos fundamentales a particulares y empresas no se verá resarcida económicamente. Hemos pagado durante cuatros años y nadie nos devolverá las Tasas abonadas. Tras cuatro años de lenta Justicia para tener una Sentencia que declarase la notoria inconstitucionalidad de la Ley de Tasas que se impuso en España, nadie reparará el daño causado que se cuantifica en más de 900 millones de euros.
El Estado se embolsará dichos 900 millones de euros, más de 300 millones de euros al año como reconoció el Ministro de Justicia Catalá, pese a su inconstitucionalidad, pues el propio Tribunal Constitucional, alegando supuestas razones de “seguridad jurídica” impide que se reclamen su devolución, de nuevo vulnerando el artículo 1.303 del Código Civil, respecto del cual, la declaración de nulidad no debe producir ningún efecto ni jurídico ni económico, pero en el presente caso, el Estado se enriquece con la nulidad y con la inconstitucionalidad a costa de todas las empresas y ciudadanos que pagaron las Tasas Judiciales.
La Ley de Tasas desaparece, es una buena noticia, como todos los ciudadanos reclamábamos pero, una vez más, la lentitud, el daño económico y la vulneración de derechos fundamentales le sale muy rentable al Estado, que se ha embolsado más de 900 millones de euros inconstitucionalmente ingresados.
