El pasado 12 de enero de 2023, Isabel Díaz Ayuso afirmó que «no vamos a escatimar ni un solo euro con los vecinos de San Fernando de Henares pero también quiero recordar que todo lo que vamos a ofrecer son 122 millones de euros, que es aproximadamente lo que el Gobierno de la Nación ha destinado a toda la isla de La Palma a los afectados por el volcán».
Esas son todas las indemnizaciones y la opinión pública debe saber que esas cifras están absolutamente manipuladas. La ciudadanía, al escuchar la cifra de 122 millones de euros, puede pensar que la Comunidad de Madrid está poniendo toda la carne en el asador para solucionar esta problemática. Sin embargo, no es así.
Si se desglosa el presupuesto de esos 122 millones de euros que afirmó Díaz Ayuso que están destinados a la problemática del Metro en San Fernando, nos damos cuenta de que el 90% de esa cantidad será gastada en reparaciones del túnel y en zonas que ni siquiera están en San Fernando de Henares. Por tanto, a las familias sólo se les destinan unos 12 millones una cantidad que, con los cálculos anteriormente expuestos, son claramente insuficientes.
Por otro lado, según informó la Comunidad de Madrid, se están «tramitando los expedientes de responsabilidad patrimonial con los que se pagará a los propietarios de los inmuebles, de forma individualizada, por lo que cada uno de ellos y dependiendo de sus circunstancias personales contará con una compensación u otra. La cuantía máxima que se entregará a los vecinos afectados será superior a 355.000 euros y la mínima de 136.000 euros. En paralelo, también se están resolviendo los importes de las plazas de garaje, cuya cuantía oscilará entre los 10.000 y los 33.000 euros».
Tasaciones incompletas
En las últimas semanas varios afectados denunciaron a Diario16 que la empresa que estaba realizando las tasaciones encargadas por la Comunidad de Madrid, Tinsa, estaba tasando también las viviendas de los afectados con una valoración más alta que la entregada a la CAM.
Esto es falso, puesto que la empresa tasadora no podría realizar el mismo trabajo para dos clientes diferentes. Habría un claro caso de conflicto de interés que, ante los tribunales, anularía las tasaciones. Lo que sí es cierto es que varios afectados han encargado una tasación independiente a otras empresas certificadas por el Banco de España y el resultado ha sido superior al declarado por Tinsa.
Fuentes consultadas por Diario16 han denunciado que las tasaciones de Tinsa están incompletas, por lo que el valor entregado a la Comunidad de Madrid sí sería mucho más bajo que el que le correspondería.
La tasación entregada a la Comunidad se corresponde a la de un edificio sano, es decir, que esto beneficiaría a los afectados puesto que no se tuvieron en cuenta el estado precario de los edificios por culpa de las gravísimas consecuencias de las obras de la Línea 7B.
Tinsa, según señalan las mismas fuentes, hizo una tasación basada en el precio total del edificio y dividiéndolo por el número de viviendas. En consecuencia, el valor recibido por la Comunidad de Madrid corresponde a una suposición en la que todos los pisos estaban en igual situación, que hubieran envejecido igual. Por tanto, no se ha tenido en cuenta las reformas que los afectados pudieran hacer para mejorar el estado y las calidades de su vivienda.
Por tanto, las tasaciones que está recibiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso están incompletas y no se corresponden en ningún caso al valor real de las casas.
Además, las mismas fuentes denuncian que las propuestas de indemnización presentadas por la Comunidad de Madrid están muy por debajo del máximo de 355.000 euros señalado por Isabel Díaz Ayuso. Las indemnizaciones tienen que incluir el daño moral de estos 15 años de tortura. Sin embargo, si las tasaciones están incompletas, evidentemente, las indemnizaciones serán mucho más bajas.
