En un artículo del pasado mes de noviembre en Le Monde, el economista Thomas Piketty analizaba el proceso de acentuada descentralización fiscal llevado a cabo en España. Relacionaba esa amplia autonomía fiscal de nuestras CCAA con la actual agenda independentista, descartando la falsa acusación habitualmente vertida sobre nuestro país, consistente en señalar que España es un Estado carpetovetónico donde se constriñe, desde tiempo inmemorial, a sus regiones. En un sentido diametralmente opuesto, el autor razonaba que la actual autonomía fiscal de dichas regiones ha desatado un proceso de competencia descarnada entre las mismas que no sólo ha terminado vaciando la capacidad redistributiva de determinados impuestos, sino que, al mismo tiempo, ha alimentado los anhelos independentistas, creándose la expectativa de poderse estrechar aún más los canales de solidaridad entre las partes, dándose un paso más – el definitivo – hacia la administración independiente de algunas de ellas. Piketty no dejaba pasar la ocasión de comparar la profunda descentralización – también fiscal, pero no sólo – de nuestro país con la de algunos Estados federales como Alemania o EEUU, que, a pesar de ordenarse territorialmente de una forma aparentemente más descentralizada que España, no han permitido ese vaciamiento de atribuciones del Estado central (allí federal) que sufrimos aquí.

El híbrido teórico que constituye el Estado de las Autonomías, a medio camino entre un Estado formalmente unitario y sustantivamente federal, lastrado por profundas asimetrías y desequilibrios en el acentuado proceso de descentralización experimentado, dista mucho de ser un concepto pacífico. En la actualidad no son pocos los intentos de plantear una revisión, parcial o integral, del mismo. Cabría pedir que en este debate no se sustraiga a la ciudadanía de ninguna de las alternativas existentes y que se acometa un debate intelectualmente honrado, que permita escapar de una toma de decisiones predeterminada. En especial, estas cautelas que apunto están pensadas para el progresismo español, históricamente seducido por una agenda federal, en la que encuentra un sólido anclaje, a veces puramente sentimental. También a la hora de asumir esta agenda, se antoja indispensable ser cauteloso y evitar que los significantes se contaminen de significados equívocos, o, directamente, equivocados.

Una parte de la izquierda española esgrime con aparente convicción, incluso vehemencia, la necesidad de caminar hacia un verdadero Estado federal. Sin embargo, el actual Estado de las Autonomías ya es un Estado compuesto, lo cual no ha disipado ninguno de los problemas estructurales que anidan en sus cimientos más básicos. Más allá de la hegemonía de una ideología genuinamente reaccionaria como el nacionalismo en algunas partes de España, el conjunto de nuestro país parece haber sucumbido al virus de los particularismos geográficos. Entre esos ismos encontramos un amplio número de localismos, regionalismos, foralismos y autonomismos que, sin plantear necesariamente una quiebra en la convivencia de todos los españoles, encuentran su fundamento más elemental en la querencia centrífuga de preponderar los intereses propios al interés general. La invocación federal, convertida en bandera de enganche electoral, enfrenta el serio riesgo de derivar en otro mantra irrelevante a la hora de aportar soluciones serias a problemas enquistados. Resulta, por tanto, imprescindible que acometamos el debate de nuestro modelo de Estado teniendo en consideración el actual estado de cosas: a las ya apuntadas asimetrías y desigualdades competenciales entre CCAA, se le debe sumar una demencial lógica de competencia entre las partes que ha sepultado los principios de cooperación y solidaridad que deberían vertebrar el todo y la clamorosa ausencia de dos principios federales clásicos, como son el principio de prevalencia del derecho del Estado federal (aquí central) respecto al de las partes que lo conforman, y el principio de lealtad entre todas estas partes para con el todo que conforman. Lejos de conjugar prevalencia y lealtad, cooperación y solidaridad, España se desliza, desde hace décadas, – gracias a la voluntaria servidumbre de los partidos presuntamente vertebradores del Estado – por una peligrosa y aguda pendiente centrífuga que pone en tela de juicio la capacidad de nuestro Estado para enfrentar los retos políticos, sociales y económicos que el futuro nos ha de deparar. En el discurso federal que esgrimen algunos titulares de la izquierda española oficial, el significante sigue sombríamente anudado a significados asimétricos, desigualitarios y plurinacionales. Todos ellos servilmente centrífugos. La invocación de palabras, manoseadas hasta el extremo y distorsionadas en su contenido, aboca a la confusión y al blindaje del problema, no a su solución.

Volviendo a Piketty, España presenta profundas lagunas para que la composición del modelo de Estado responda a unos parámetros elementales de vertebración. En no pocos aspectos, la pulsión centrífuga adopta un cariz confederal que estratifica la ciudadanía en españoles a varias – y muy dispares – velocidades. Apelar a las presuntas singularidades culturales de unas y otras regiones para justificar la absoluta desigualdad de derechos no parece presentable en ninguna cosmovisión moderna; desde una óptica de izquierdas, donde la solidaridad y la igualdad sean valores centrales del discurso político, la descomposición centrífuga del Estado sólo puede calificarse como el más efectivo disolvente de un verdadero programa de transformación social, indisociable de cualquier proyecto que se reclame de izquierdas.

Los parámetros macroeconómicos – ahora que parecen matizadas las dramáticas políticas de eso que dio en llamarse, tan falazmente, austeridad expansiva – mejoran, pero esta realidad dista aún de traducirse en la vida real de los ciudadanos. Siguen persistiendo un alto desempleo en determinados sectores sociales, una gravísima precariedad laboral y la incesable puesta en cuestión de algunas de las conquistas más emancipadoras del Estado social. Una amplia mayoría de la población sigue sufriendo los rigores de las crisis económica, que, como suele ocurrir con todas las crisis económicas, ataca con especial virulencia a los más débiles. Si queremos ser capaces de enfrentar todos y cada uno de los retos sociales que nos abordan – y que no son precisamente pocos – será inviable seguir eludiendo la revisión de nuestro modelo de Estado y el consiguiente alumbramiento de una propuesta sólida para fortalecerlo.

Podemos entender que aquellos que pretenden seguir pisando el acelerador de la desregulación y la transferencia de competencias del Estado hacia el omnisciente mercado, respiren tranquilos ante la atrofia centrífuga de nuestro modelo territorial. Sin embargo, quienes compartimos una cosmovisión progresista no podemos renunciar a aportar soluciones para la plena e ineludible integración territorial de España. Sólo a través de esta integración, de la plena vertebración del Estado y coordinación solidaria de sus partes, priorizando siempre el interés general al demencial fetiche de la diferencia, podremos afrontar los desafíos de una década. Sólo una España integrada, con unos estrechos lazos de lealtad recíproca y centrípeta, podrá exportar esa dinámica exitosa a una Unión Europea que, de forma paralela, reclama idéntica desintoxicación. La crisis catalana, que no deja de ser una crisis profundamente española, constituye un espejo fidedigno de los graves males que asolan Europa. También el proceso de construcción europea navega ante un bravo oleaje de tensiones particularistas e insolidarias. Los Impuestos de Sociedades de los países miembros, por poner un ejemplo simple, son radicalmente dispares – lo cual es defendido con pasión por muy diversos centros de poder, generalmente financieros y no fiscalizables – y la armonización fiscal no deja de ser un eslogan recurrente que dista mucho de traducirse en realidad. Mientras tanto, algunas regiones patrocinan el dumping fiscal y se niegan a participar de criterios de solidaridad y redistribución con los más necesitados. En este contexto, populismos y nacionalismos lanzan órdagos demagógicos, y programas repletos de vindicaciones tribales y propuestas de involución identitaria. España y Europa son dos realidades bastante más simétricas de lo que pueda parecer: ambas padecen el mal de la desintegración.

Sobre el indubitado rechazo de esas servidumbres centrífugas, debemos reconstruir la izquierda.

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Nací en Madrid en noviembre de 1989. Me licencié en Derecho en 2011 por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Práctica Jurídica por la EPJ de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2013. Desde hace más de cinco años me dedico al ejercicio libre de la abogacía en las jurisdicciones civil, penal y social, así como en el Turno de Oficio. Curso estudios de Ciencias Políticas en la UNED. Formé parte del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia. En la actualidad, soy portavoz adjunto de Plataforma Ahora y su responsable de ideas políticas. Creo firmemente en un proyecto destinado a recuperar una izquierda igualitaria y transformadora, alejada de toda tentación identitaria o nacionalista. Estoy convencido de que la izquierda debe plantear de forma decidida soluciones alternativas a los procesos de desregulación neoliberal, pero para ello es imprescindible que se desembarace de toda alianza con el nacionalismo, fuerza reaccionaria y en las antípodas de los valores más elementales de la izquierda.

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