Manifestación contra el Supremo
Foto: Agustín Millán

Tal y como publicamos en Diario16, la magistrada Mª Carmen Robles, dictó un durísimo auto en el que remitía una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto al IRPH en el que señalaba lo que la ciudadanía española sospechaba. En concreto, la magistrada decía que en las sentencias se reinterpretó la doctrina europea en exclusivo beneficio de las entidades financieras», añadiendo que la inadmisión masiva de los recursos de casación interpuestos por los afectados del IRPH quebraba «toda posibilidad de defensa a los consumidores pues no existe otra instancia donde recurrir tal decisión judicial convirtiéndose en firme. Esta tramitación acelerada de recursos de casación para intentar que queden inadmitidos no se ha conocido nunca en la historia del Tribunal Supremo español, que escapa a toda lógica jurídica y a los principios de protección de los derechos de los consumidores, que provoca necesariamente un enriquecimiento y beneficio de las entidades financieras en detrimento de los consumidores afectados por esta cláusula».

La actitud en favor de los intereses de la banca por parte del Tribunal Supremo ha provocado que el despacho de abogados Arriaga Asociados presente una nueva denuncia contra el Estado español por incumplimiento de la normativa europea en materia de defensa de los consumidores y usuarios tras las resoluciones dictadas en materia de pactos novatorios de cláusula suelo con renuncia de acciones legales.

Según la denuncia del bufete, el Supremo está vulnerando la normativa de protección a los consumidores, así como la jurisprudencia emanada de las resoluciones del TJUE. En distintas sentencias, el Alto Tribunal declara la validez del documento en el que se contiene una reducción de la cláusula suelo, considerando que la nueva cláusula no es abusiva. El Supremo también ha declarado la validez de la cláusula de renuncia de acciones legales inserta en un contrato de novación de la cláusula suelo, imposibilitando a los consumidores reclamar la abusividad de la cláusula que limita el tipo de interés.

El Supremo, según la denuncia, vuelve a no aplicar de manera adecuada el Derecho Comunitario en materia de defensa de los consumidores y usuarios, lo que vulnera el principio de primacía del derecho de la UE al no respetar la finalidad de la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, ni la interpretación que de la misma ha realizado el TJUE que, en varias ocasiones, ha manifestado la máxima protección al consumidor tal y como recoge el artículo 38 de la Carta de Derechos de la UE. En concreto, la denuncia señala que el Supremo no aplica las directrices marcadas por el TJUE de fecha 9 de julio de 2020, asunto C-452/18.

El documento remitido a la Comisión Europea señala que el Tribunal Supremo no ha realizado un examen extenso del control de transparencia y abusividad sobre las cláusulas del contrato de novación, según lo que exigen tanto la Directiva 93/13 y el propio TJUE. No tuvo en cuenta que a los consumidores no se les entregó documentación previa a la firma del contrato, ni siquiera una copia del mismo, no recibieron información sobre la evolución pasada del índice, no se les informó sobre los efectos económicos y jurídicos del contrato de novación. Ni mucho menos que no podrían reclamar en un futuro cuantías que ya se le debían en dicho momento, ni cuáles serían, ni que estaban aceptando renunciar a reclamarlas en un futuro. De lo contrario, los consumidores jamás hubieran aceptado.

La Comisión Europea ya está investigando a España por culpa del Supremo

Tal y como publicamos en Diario16, otra denuncia presentada por Arriaga contra España por las decisiones adoptadas por el Supremo en referencia al IRPH fue admitida por la Comisión Europea y, en consecuencia, el Estado español está ya siendo investigado por la actitud de defensa de los intereses de la banca por parte del Alto Tribunal español.

Nuevamente será Europa la que tenga que venir a defender los derechos de los afectados por las cláusulas abusivas del sector financiero y, una vez más, en Europa sabrán cómo se las gasta la Justicia española cuando tiene en sus manos un asunto en el que la banca ha engañado a sus clientes con la impunidad que da el conocer que tienen al tercer poder de la democracia controlado y que no les va a fallar.

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