España aún no conoce cuántas personas han muerto en las 5.457 residencias de la tercera edad, públicas y concertadas, que funcionan en nuestro país. La cifra orbita en torno a 17.231 fallecidos, la mayoría de ellos en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Ese dato supone que el 67,27 por ciento de las defunciones por coronavirus oficialmente registradas en nuestro país se han producido en hogares de mayores. Solo en la Comunidad de Madrid han perdido la vida 5.828 personas con diagnóstico positivo (1.126) o síntomas de covid-19 (4.702) en las más de 700 residencias de ancianos censadas.
La epidemia ha puesto encima de la mesa la dramática situación de abandono y precariedad en la que se encontraba un sector con el que algunos desaprensivos han hecho negocio y que no cumplía con unas mínimas condiciones higiénico-sanitarias. Finalmente, el desastre se consumó cuando se comprobó que las comunidades autónomas ni siquiera eran capaces de contabilizar el número de muertos (bien porque se vieron desbordadas, porque no se trabajó con diligencia o porque algunas fueron víctimas del engaño de las propias empresas, empeñadas en ocultar las defunciones).
El desmán fue corregido cuando el Ministerio de Sanidad dio de plazo a los gobiernos regionales hasta el 8 de abril para que ofrecieran datos detallados sobre el número de víctimas mortales a causa de coronavirus en las residencias, así como sobre la cifra de ancianos contagiados y los centros afectados. Otra decisión acertada fue que los trabajadores y asistentes sociales recibieron la consideración de “servicios esenciales”, como ocurre con el personal sanitario, algo que se debe al decreto de estado de alarma, ese que ahora algunos se quieren cargar.
El colapso a causa del brote epidémico en las residencias fue de tal magnitud en los primeros días de la pandemia que el mando único del Gobierno se vio obligado a intervenir para poner orden a ese espanto. Nadie sabrá nunca cuántos muertos hemos evitado con una medida valiente adoptada por el Ejecutivo de coalición, que como siempre se topó con las reticencias de los nacionalismos periféricos. Probablemente decenas de miles de vidas humanas. Lo cierto es que en cuanto el Ministerio de Sanidad puso en marcha los protocolos de prevención y envió a la Unidad Militar de Emergencia (UME) a desinfectar las instalaciones, la sangría se cortó de raíz. No obstante, si hay una imagen que quedará para la historia de esta tragedia nacional esa será la de los soldados sacando cadáveres de abuelos muertos que estaban siendo escondidos en algunas residencias para evitar el castigo y la sanción.
Tal nivel de descontrol provocó que la Fiscalía General del Estado haya tenido que abrir 121 diligencias civiles y 110 penales por el perjuicio causado a los derechos individuales y colectivos de estas personas “en situación de vulnerabilidad”. Ya hay 50 expedientes abiertos en Cataluña, 42 en Madrid y 15 en Castilla y León, además de decenas más en todo el territorio nacional. Los datos están siendo recopilados con una lentitud exasperante por parte de las comunidades autónomas, de modo que el Ejecutivo central aún no ha podido hacerlos públicos.
Hoy, dos meses después del estallido de la pandemia, el escenario es muy diferente. El goteo de muertos se ha frenado, el personal de atención social dispone de normas y equipación y ya se han comenzado a distribuir miles de test rápidos que servirán para atajar el contagio entre ancianos, algunos de los cuales estaban viviendo en auténticas “casas de los horrores”, una situación sin duda consecuencia de las agresivas políticas de privatización que algunas comunidades como Madrid, Cataluña y Valencia han emprendido en los últimos años. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de asegurar que los diferentes gobiernos autonómicos “están cumpliendo” las distintas órdenes dictadas por el departamento ministerial y ha asegurado que se “está progresando de una forma muy sustancial en el control de la epidemia en estos centros”.
Por lo visto aquel mensaje directo que Pedro Sánchez envió a la sociedad española el pasado 9 de abril –“las residencias de mayores son competencia de las comunidades autónomas y el Gobierno siempre ha mostrado su absoluta disponibilidad para ayudar”− surtió pleno efecto. En realidad fue un ardid, un buen eufemismo para decir que a partir de ese momento la situación quedaba en manos del Gobierno central, en especial del Ministerio de Sanidad y del vicepresidente segundo para asuntos sociales, Pablo Iglesias. Ayudar significaba tomar el control, pero en aquel momento el Gobierno no lo dijo así para no soliviantar a los gobiernos regionales.
“Se han hecho progresos muy importantes por parte de las comunidades autónomas, que son las responsables de las residencias de mayores”, ha indicado hoy el ministro de Sanidad en rueda de prensa telemática tras la reunión del Consejo de Ministros. Asimismo, ha asegurado que, en la actualidad, todas las comunidades autónomas tienen a las residencias de mayores bajo la responsabilidad del departamento de Sanidad autonómico. “Eso no era así al principio de la epidemia”, ha recordado, de lo que cabe deducir que los hogares de la tercera edad tendrán la consideración de instalaciones sanitarias, con todas las garantías sanitarias, a partir de ahora y de cara al futuro. De modo que ya solo falta que los familiares puedan entrar en los geriátricos para ver a sus seres queridos, algo que según Illa ocurrirá “cuando se den las condiciones de seguridad y epidemiológicas”.
El titular de la cartera sanitaria ha reiterado que “las residencias de mayores han sido objeto de preocupación por parte del Gobierno desde el inicio de la crisis sanitaria” y “son responsabilidad de las comunidades autónomas”. Una elegante forma de decir que las competencias autonómicas han quedado intactas, aunque todo el mundo sabe que tuvo que intervenir el Gobierno central para poner freno al sindiós de unos hogares de la tercera edad que se habían convertido en ratoneras de la muerte por culpa de la negligencia, la privatización y el oscuro negocio.
