La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que se inadmitan todas las querellas contra el Gobierno de coalición por su gestión del covid-19. Una vez más estamos ante un revés en toda regla de la Justicia a la constante judicialización de la política que practican las derechas. Santiago Abascal se había pasado la pandemia lanzando bulos e infundios y afirmando que el de Sánchez es un Consejo de Ministros “asesino y criminal”, una estrategia en la que en ocasiones también ha entrado Pablo Casado, que en ciertos momentos se ha sumado con demasiada alegría a esa moda inquisitorial ultraderechista de llevar a los tribunales hasta la última multa de tráfico. O lo que es lo mismo: las derechas han instalado en la sociedad española la perversa idea de que donde no llega un mal político puede llegar un buen abogado, relegando la democracia a la categoría de kafkiano juego entre picapleitos.   

En su escrito de archivo, la Fiscalía pone como ejemplo de “mala praxis” jurídica las querellas instadas por Vox, que según el Ministerio Público relatan unos hechos que además de no constituir un ilícito penal “no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones del denunciante”. Es decir, ha bastado con que el fiscal le eche un vistazo a los escritos redactados por el equipo jurídico de Ortega Smith para que quede claro que las acusaciones no se sostienen por ningún lado. Y es que los abogados de Vox fabrican las querellas en serie, que no en serio, y van tirando papeles en la fotocopiadora sin ni siquiera leérselos. La formación verde debe creer que aún estamos en tiempos de Franco, cuando para ganar un pleito bastaba con irle al juez con el ideario falangista y los principios generales del Movimiento bien aprendidos, sin necesidad de probar hecho alguno. Por fortuna, las cosas ya no funcionan así, todo ha cambiado y las causas generales y los juicios sumarísimos teñidos de ideología fanatizada sin ninguna garantía procesal forman parte del pasado.

Pero Vox insiste en querellarse a todas horas. El objetivo de esta forma de hacer política tiene mucho más que ver con la propaganda goebelsiana que con un intento sincero de llegar a la verdad jurídica de los hechos. A Vox lo único que le interesa es el montaje exprés, el escándalo permanente, los grandes titulares efímeros en los digitales matutinos de la caverna fundados por periodistas aficionados y llevar cada tema político a los tribunales para que se vea que ellos defienden la democracia cuando en realidad es justamente al contrario: su idea última es levantar un Estado policial-judicial, paralizado política y democráticamente, sin apenas libertad de expresión, cuasi-franquista.

El varapalo de la Fiscalía es mayúsculo y debería ser suficiente para que los abogados de Vox se lo pensaran dos veces antes de hacer el ridículo la próxima vez. Cuando los fiscales han analizado los hechos denunciados por la extrema derecha –delitos contra los derechos de los trabajadores sanitarios que no contaron con trajes de protección especial; delito de muerte o lesión por imprudencia; prevaricación administrativa; y omisión de socorro− no han hallado indicios racionales de criminalidad en la actuación del Gobierno, en concreto en las decisiones que adoptaron el presidente, Pedro Sánchez; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El Ministerio Público tilda las querellas del partido de Abascal de “genéricas”, una idea que se repite en la mayoría de los escritos presentados ya que no se determina “ni cuándo se han producidos los hechos, ni quiénes son los sujetos pasivos de los delitos atribuidos, ni cuántos y cuáles son los homicidios y lesiones imprudentes que se atribuyen a los querellados”.

Todo en las acusaciones de la formación ultra está cogido por los pelos, y tampoco especifica Vox en qué centros de trabajo se han producido la falta de medidas frente a la enfermedad, los concretos incumplimientos que en cada uno de ellos se han producido, ni quiénes son los trabajadores afectados por el riesgo. Por otro lado, en ningún momento se dice cuáles son los equipos de protección personal que no se han proporcionado, “lo cual hace no solo inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida, sino que además se trataría de una investigación genérica proscrita en nuestro en nuestro ordenamiento”, informa Europa Press.

En cuanto a la querella presentada por los Abogados Cristianos contra el Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa omisiva, más de lo mismo. Los letrados de la formación ultracatólica –ideológica y sentimentalmente próxima a Vox− denunciaban que el Ejecutivo Sánchez había actuado con falta de diligencia a la hora de adoptar medidas de prevención contra la pandemia, que había desatendido a los residentes de centros de la tercera edad y que incluso habría actuado con negligencia al promover la celebración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. Nada de eso se apoya en un relato fáctico de causa-efecto.

Al hilo de todo ello, la Fiscalía incide en que no cabe sino acordar la inadmisión a trámite porque se atribuye una responsabilidad criminal al margen de la intervención de los querellados y se hace en exclusiva atención al resultado. En ese sentido, apuntan que “resulta incontrovertido que la declaración de estado de alarma a fin de combatir la pandemia por covid-19 únicamente resultaba posible una vez constatado que dicha declaración constituía el único instrumento jurídico idóneo ante la situación de crisis acaecida”. Y abundan los fiscales en que “no existen elementos que permitan afirmar, ni tan siquiera indiciariamente, que el Gobierno se mostrara poco ágil o poco diligente a la hora de utilizar aquel instrumento jurídico” dado que “no existe dato alguno que permita concluir que los presupuestos jurídicos para la adopción de aquella excepcional medida concurrieran objetivamente con anterioridad a la tramitación de la declaración de estado de alarma por parte de los querellados, y que entró en vigor el 14 de marzo”.

Tampoco consta, a juicio de la Fiscalía, “que ninguna de las Administraciones cuyo territorio se encontraba ya entonces afectado por el brote de covid-19 hubiera instado al Gobierno, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, a declarar el estado de alarma”. En resumen, los abogados de Vox trabajan tan deprisa y atolondradamente en su obsesivo intento por criminalizar al adversario que ni siquiera se preparan mínimamente las querellas. A veces da que pensar que ni ellos mismos tienen fe en su trabajo ni tan siquiera la esperanza de que prosperen sus acciones ante los juzgados y tribunales. La judicialización de la política siempre es nefasta, pero si encima las querellas se convierten en puros fuegos de artificio el daño que Vox hace a las instituciones democráticas como la Justicia, degradándolas a la categoría de mero espectáculo circense, es todavía mayor.

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