Tenemos que estar contentos porque en nuestro gobierno hay cuatro mujeres vicepresidentas, lo que parece nos ponernos en el primer lugar del mundo con esa presencia femenina. No ocurre así en la carrera judicial. Las mujeres se acercan al 55%, de los jueces y magistrados, pero en la cúpula judicial no llegan a un 30% . En el Tribunal Supremo solo hay 16 mujeres y 62 hombres. Y en el Tribunal Constitucional de 12 magistrados solo dos son mujeres. El argumento de los números es incontestable. Los nombramientos de esos altos cargos proceden en su mayor parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con criterios muy criticados
Y así tenemos el caso de la magistrada Pilar Alonso Saura que inició en 2015 una batalla judicial por sentirse discriminada por el CGPJ frente a un candidato varón, por entenderse con más méritos para optar a la pretendida plaza. Pilar Alonso se decidió a defender su causa porque entendía que el sistema de elección para la cúpula judicial perjudicada a las mujeres sin tener realmente en cuenta sus méritos que expuso ante la Comisión de Calificación del CGPJ sin olvidarse de la corrupción como uno de los problemas a los que se enfrentaba la Audiencia a la que aspiraba presidir. Ocupaba número 280 en el escalafón de la Carrera Judicial. Pero el 29 de enero de 2015 el pleno del CGPJ adjudicó la presidencia de la Audiencia en cuestión a otro aspirante: Miguel Pascual de Riquelme, titular del juzgado número 2 de lo Penal de Murcia, con menos méritos objetivos y con el número 1.440 del escalafón. Pilar Alonso recurrió al Tribunal Supremo( Sala Tercera) que le dio la razón, pero no le adjudico la plaza sino que mando repetir el concurso, razonando que: “ En cuanto a la posible discriminación por el hecho de ser mujer, nos hallamos, como es el caso, ante una aspirante mujer que tiene un perfil de méritos por lo menos parejo al del aspirante varón, e incluso en algunos puntos relevantes notablemente superior, la decisión final de adjudicar la plaza al varón tiene que ser singularmente explicada». Y añadía que en ese caso no lo había sido, por lo que ordenó la repetición de concurso rechazando la petición de la recurrente de que le adjudicara la plaza .
Vuelta empezar. El CGPJ se pronunció con idéntico resultado: la plaza para Miguel Pascual. Nuevo recurso, también ente la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que en este caso no le dio la razón a la recurrente Pilar Alonso, acudiendo al Tribunal Constitucional que precisó 108 folios para justificar la denegación de amparo aunque el tribunal estuvo dividido. Ahora está en Estrasburgo, con escasas esperanzas. Seis años pues de pelea judicial, que cuando se resuelva será posiblemente inútil, aunque resulte favorable, pues su situación profesional habrá cambiado y a lo mejor conseguido mejor puesto.
Esa batalla es secundada por otras magistradas que también se han vistos discriminadas por el CGPJ a la hora de designar nombramientos
La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ante este caso dio la voz de alerta por la presencia de supuestos similares en los donde mujeres con mucha experiencia pierden frente a candidatos varones con menos méritos, valorándose por ejemplo el “Plan de actuacion” tan subjetivo como limitado porque su función viene determinada reglamentariamente. Se conocen otros apoyos como el de la Asociación judicial Francisco Vitoria.
Me parece que las magistradas y su Asociación tienen razones variasen especial el caso citado es una clara demostración de:
- De su evidente discriminación.
- De la forma de actuar del CGPJ
- Del interés de la clase política de manejarlo, para disponer con facilidad de nombramientos interesados.
- De la necesidad de reformar acceso y ascensos en la carrera judicial.
- De la ausencia de seguridad jurídica. El propio TS en el mismo caso resuelve de forma diferente.
- De la dureza de la lucha judicial, mucho tiempo, muchos disgustos, muchos gastos, escasas satisfacciones.
- Y la su inutilidad en bastantes casos.
Por otra parte, me parece bueno que dentro de la magistratura española surjan protestas, recursos, y comentarios que revelen un estado de cosas que exige reformas varias, e inmediatas, ante el espectáculo de la clase política “pasando” de estos problemas, y continuando con su pelea para situarse en el CGPJ, y sus vergonzosos manejos que ponen en solfa nuestro pretendido Estado de Derecho.
