Los médicos de Cataluña han vuelto a salir hoy a la calle a defender la Sanidad pública, codo con codo con funcionarios, bomberos, universitarios y profesores de enseñanza. Las cargas policiales de ayer podrían volver a repetirse pero los profesionales dicen no tener miedo a movilizarse. Seguirán con sus protestas hasta que la Generalitat resuelva el grave problema de colapso en hospitales y centros de salud. A esta hora los catalanes se preguntan qué ha fallado para que el sistema público sanitario haya caído tan bajo. El discurso machacón del Espanya ens roba (España nos roba) sigue circulando por toda Cataluña, pero muchos empiezan a preguntarse qué ha hecho la Generalitat todos estos años de gobiernos de derechas de CiU. Y ahí es donde aparecen varias palabras malditas: privatizaciones, especulación, negocio, tres per cent.
El informe La privatización sanitaria de las Comunidades Autónomas elaborado hace tres años por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ya advertía contra el fenómeno de las privatizaciones, al asegurar que en Cataluña y en otras comunidades autónomas “se profundizó y diversificó” en este proceso a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001. El programa privatizador se ha potenciado en los últimos años en los que la sanidad pública “está siendo sometida a un proceso acelerado de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones desde el Gobierno central y las Comunidades Autónomas”. Es decir, a juicio de esta asociación, la responsabilidad no solo ha sido de los gobiernos estatales del PP, sino que también la Generalitat catalana ha apostado fuerte a la hora de vender la sanidad pública al mejor postor.
El informe de FADSP tiene en cuenta factores como el porcentaje de población cubierta por mutualidades de funcionarios; gasto en seguros privados per cápita; gasto sanitario de bolsillo; porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total; porcentaje de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados; porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación de centros privados; y presencia de modelos de la llamada colaboración público-privada.
De acuerdo con estos criterios, el informe evalúa el grado de privatización de las comunidades autónomas. Y Cataluña figura en el segundo lugar en este infame ranking del progresivo desmantelamiento de un pilar básico del Estado de Bienestar como es la salud de los ciudadanos, solo por detrás de Madrid. Galicia y Baleares son las otras dos comunidades donde más negocio se ha hecho con las privatizaciones. En un grado intermedio se encuentran Canarias, País Vasco, Aragón, Valencia, Cantabria, Navarra y La Rioja. Y comunidades con un bajo índice de privatización son Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura.
En las últimas horas, la única respuesta del president de la Generalitat QuimTorra a las movilizaciones masivas en la calle ha sido culpar al Estado español de la falta de inversiones. Ningún atisbo de autocrítica. Pero al honorable habría que preguntarle si piensa construir su república independiente con las mismas políticas neoliberales y el mismo grado de privatización salvaje que ha venido aplicando el pujolismo en las últimas décadas. Esas medidas que han “robado” a los catalanes una sanidad pública de calidad.
