El sábado 9 de junio de 2012  el entonces ministro de Economía Luis de Guindos anunció que España había solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate solo bancario de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizó para sanear el sistema financiero español a través del FROB. El 31 de agosto de 2012 finalmente se creó la SAREB. De esta forma, el Gobierno de España aprobaba por Real Decreto-ley la creación de un “banco malo” que recibiría de las entidades financieras estos “activos tóxicos” que serían dados de baja de sus balances, y los Bancos y cajas de ahorro se desprendían de bienes sin valor a cambio de liberarse también de un pasivo mucho mayor.

¿Fue una buena idea crear la ‘Sareb’?

En principio sí que lo fue. No había otra solución. El ‘banco malo’ era imprescindible para que el círculo se convirtiera en virtuoso. Se trataba de que los bienes volvieran al mercado libres de hipotecas y a precios bajos para que sirvieran a la concesión de nuevos créditos, reactivando el mercado financiero y favoreciendo al mismo tiempo el derecho de los ciudadanos al acceso a una vivienda digna. Esto ya lo hizo Irlanda, creando la NAMA (su Agencia Nacional de Gestión de Activos) y Portugal, con el Banco Espirito Santo. Pero les costó ser intervenidas por la Unión Europea.

En el caso de Irlanda, su ‘banco malo’ compró en el año 2010 los 82,5 mil millones de euros – a que ascendía el importe de los activos tóxicos – por 54 mil millones de euros, lo que representaba un 35% de descuento en su valor nominal, pero todavía el 15% por encima del valor de mercado. La NAMA tenía como objetivo esencial la reactivación económica del país, ayudando a recuperar el mercado financiero y las transacciones inmobiliarias, todo ello desde una perspectiva de solidaridad facilitando la refinanciación para la compra de inmuebles a precios más asequibles. El importe del rescate en Irlanda fue de 85 mil millones de euros. España en cambio no fue intervenida, a pesar de que su rescate bancario fue por importe muy superior al de Irlanda, 100 mil millones de euros.

La argucia del entonces Ministro de Economía, Luis De Guindos, consistió en invertir los términos del rescate haciendo que el destinatario de la ayuda fuera el sistema financiero, y no el Estado español. Esta artimaña, que en principio beneficiaba al crédito del Estado en la colocación de deuda pública en el mercado internacional, se convirtió en una trampa en el medio plazo. Por de pronto, Irlanda y Portugal han salido de la crisis. España todavía no.

La trampa del rescate bancario español significaba que la SAREB no se iba a regir por los mismos criterios de solidaridad con los que por ejemplo se constituyó en Irlanda la NAMA. Al no intervenirse el Estado, no existía la obligación de transparencia contable. En España jamás se ha sabido de una manera oficial y clara a cuanto ascendía el importe total del activo tóxico de los bancos y de las Cajas de Ahorro. En consecuencia, tampoco se ha publicado oficialmente el importe de devaluación de esos activos, ni el precio de compra de esos activos por la SAREB.

Esa falta de transparencia hemos sabido después que tenía por objeto facilitar el inusitado comportamiento especulativo  -y poco solidario – del ‘banco malo’ creado por Luis De Guindos, que no solamente ha procedido a la venta generalizada de su cartera de inmuebles a los fondos ‘buitres’ (sin que tengamos ninguna información oficial sobre estas operaciones), sino que además  está reclamando de manera presuntamente fraudulenta el importe de sus hipotecas en los concursos de acreedores y en los procedimiento de ejecución hipotecaria, por el 100% del valor nominal cuando los adquirió con una depreciación superior al 60% .

La SAREB está reclamando por los bienes que gestiona 2 veces más de lo que fue su precio de adquisición. Esta especulación podría suponer además la comisión de un presunto delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas del artículo 262 del Código Penal.

1 COMENTARIO

  1. Hace 4 meses iniciamos el proceso para adquirir una vivienda de su cartera. Hicimos una oferta, la cual fue aceptada e inmediatamente después iniciamos el farragoso proceso de transferirles toda la información personal, profesional y financiera que nos fue solicitada. Incurrimos en unos costes financieros ya que contábamos con recursos propios en diferentes entidades bancarias, la cual cosa no era posible, debíamos tener todos los recursos en una misma cuenta. Realizamos todos los trámites que nos exigieron porque supuestamente esa oferta ya había sido aceptada e iba a realizarse la transacción de inmediato. Un mes después de enviar toda la documentación sin tener ningún tipo de respuesta por su parte y después de mucho insistir nos dicen que la oferta a caducado, que la casa va a salir en subasta y ya está. Les hemos exigido una explicación por escrito y una solución a estos costes en los que hemos incurrido pero ni siquiera nos contestan. Son unos estafadores y lo peor de todo es que lo hacen con dinero público. Dudo que ninguno de los inmuebles de su cartera lleguen a manos de un particular porque el único objetivo de esta entidad es seguir alimentando la burbuja y devolver los activos tóxicos a manos de los promotores para que sigan especulando con ellos. Una prueba más de la corrupción del sistema.

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