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Las políticas de Sánchez permiten que un 1% de los españoles cobren salarios por cerca de una quinta parte de la riqueza nacional

La desigualdad ya es sistémica y en España, mientras desde distintos ámbitos se está reclamando al gobierno de Pedro Sánchez una profunda reforma salarial, hay un 1% de la población que cobra el equivalente del 17% de la riqueza total del país

José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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El fracaso de Pedro Sánchez y de su gobierno presuntamente progresista se comprueba en el hecho de que sólo un 1% de la población esté cobrando salarios que suponen el 17% de la riqueza nacional. Es decir, casi una quinta parte.

Desde la crisis de 2008 la desigualdad ha ido incrementándose de manera sustancial en los países económicamente desarrollados y España no es una excepción. Mientras aumentan las colas del hambre, el número de millonarios se incrementa de manera sustancial y esto es algo que el gobierno progresista fake de Pedro Sánchez no ha conseguido frenar.

Tanto el socialismo como el espacio ideológico que representa Unidas Podemos tienen como base de actuación la redistribución justa de la riqueza. Sin embargo, no lo están haciendo y sus políticas sociales, que siempre se quedan muy corta porque terminan cediendo a los intereses de las élites, están siendo un fracaso.

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La fuente estándar para medir la desigualdad y la redistribución de la renta son las encuestas de hogares, que suelen subestimar los ingresos más altos y no capturan la renta total de los países, lo que puede dar lugar a posibles inconsistencias en el estudio de las interacciones entre crecimiento, desigualdad y redistribución.

Con el objetivo de sortear dichas limitaciones, el economista Thomas Piketty y otros autores desarrollaron el World Inequality Lab lo que se conoce como Cuentas Nacionales Distributivas, a partir de un estudio pionero para Estados Unidos. Estos prestigiosos economistas combinan datos fiscales, encuestas, y las cuentas nacionales para construir series sobre la distribución de la renta nacional antes y después de impuestos, transferencias y consumo público. 

Utilizando esta metodología, el Instituto Esade ha publicado un estudio firmado por Miguel Artola Blanco, de la Universidad Carlos III, Clara Martínez-Toledano, del Imperial College of London, y Alice Sodano, de la Paris School of Economics, en el que se demuestra que el peso de las rentas del capital en España no ha crecido tanto respecto a las del trabajo si se hace una comparación con los datos de otros países desarrollados.

Sin embargo, el dato más revelador es que los niveles de desigualdad de la renta son mayores respecto a años anteriores tomando como base encuestas o datos fiscales. La realidad es que en España el 1% que cobra salarios más altos obtiene entre un 13 y un 17% de la renta nacional.

Las desigualdades de renta se redujeron durante los años del boom inmobiliario, pero han aumentado desde el estallido de la crisis financiera de 2008, debido fundamentalmente al aumento del desempleo, al recorte en salarios y al crecimiento de las rentas financieras entre los grupos de renta más altos. La participación del 1% que más gana en la renta nacional ha aumentado de un 13% en 2007 a un 17% en 2019. 

Por otro lado, haciendo un repaso histórico, la recaudación por impuestos aumentó durante la década de los ochenta (del 15 al 26% de la renta nacional), manteniéndose relativamente constante desde entonces. No obstante, la composición de la recaudación por tipo de impuesto ha experimentado importantes variaciones. El Impuesto sobre Sociedades ganó importancia respecto al IRPF durante el boom inmobiliario, pero con la llegada de la crisis financiera su peso cayó de forma notable. 

Por tanto, el sistema de impuestos y trasferencias, así como consumo público en sanidad y educación, permiten reducir parte de las desigualdades de ingresos. En 2019 el 50% más pobre tenía 14% y un 17% antes y después de redistribución, respectivamente. Sin embargo, los patrones de desigualdad no varían sustancialmente a través de la acción redistributiva del Estado. La progresividad del sistema fiscal ha caído desde la crisis financiera de 2008. 

Para frenar esta situación, el gobierno de Pedro Sánchez deberá tener presente que es necesario mejorar las políticas educativas para cerrar las brechas educativas, así como avanzar hacia la reducción del elevado desempleo y de la temporalidad para mejorar los ingresos de las rentas medias y bajas. Estos cambios deberían estar acompañados por el impulso de un nuevo modelo productivo que genere nuevos empleos y mayor valor añadido con ayuda de las nuevas tecnologías en sectores en los que el país tiene una ventaja comparativa.  

En otro orden, la excesiva exposición a la vivienda perpetua un modelo productivo basado en el ladrillo, acrecienta los riesgos sistémicos (dada la escasa diversificación patrimonial) e, inevitablemente, concentra los beneficios empresariales entre los más ricos. Se necesitan políticas de educación financiera, incentivos a la diversificación patrimonial y la participación accionarial de los trabajadores en sus empresas. 

Una de las mayores lacras de España es su errática política fiscal, incrementada por el hecho de que el PSOE se niegue a la aprobación de los impuestos correspondientes para gravar la riqueza de los que más tienen, tanto personas como grandes empresas. Por eso, es clave aumentar el carácter redistributivo del sistema. La medida más urgente radica en la reforma del Impuesto sobre Sociedades para que se recuperen los niveles efectivos de presión fiscal anteriores a 2008. Asimismo, se debe buscar una armonización de la fiscalidad patrimonial, en particular de los impuestos sobre la propiedad (IBI, Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones) con vistas de incrementar la progresividad del sistema. 

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