El problema de los alquileres turísticos está adquiriendo dimensiones sociales preocupantes en las principales ciudades de nuestro país. Los grandes inversores, de la mano de sociedades de inversión, ven en la compra  de viviendas con fines de alquiler o venta, una muy buena inversión, lo que unido a las dificultades de acceso de miles de familias a una vivienda digna y adecuada, tanto en propiedad como en alquiler, provoca sobre todo en los centros de las grandes ciudades, un encarecimiento desmesurado de los precios,

También se producen problemas de convivencia entre los vecinos o incluso la expulsión de familias con menos recursos asentadas en estos barrios, sustituyéndolas por población flotante.

Con el objetivo de buscar soluciones al problema de acceso a la vivienda que sufre la clase trabajadora en España, UGT ha organizado unas jornadas que tendrán lugar el miércoles y jueves en Palma de Mallorca, en las que el sindicato analizará, entre otras cosas, la situación de la vivienda social en España y los modelos en Europa, Cataluña y Euskadi, así como sobre las posibilidades de la rehabilitación de edificios.

Exigir igualdad de derechos laborales para los trabajadores de las plataformas digitales

Según el último informe de Exceltur (“lobby” que representa a las empresas turísticas) las plazas de viviendas turísticas superan ya a las de alojamientos reglados en las 22 principales ciudades del país. En Málaga, por ejemplo, tres de cada cuatro turistas se alojaron en ellos, el 75,5%; en Alicante casi el 68%; en Palma de Mallorca y S. Sebastián el 66% y así un largo etcétera.

HomeWay, una de las grandes plataformas dedicadas al “negocio”, sitúa a España como el tercer país con mayor oferta turística de Europa con 450.000 pisos turísticos. Y la demanda entre el 2016/2017, se ha disparado un 31,8%, generando 110 millones de viajes, de los que el 74% los realizaron extranjeros.

UGT considera que toda esta problemática necesita de manera urgente una búsqueda de soluciones por parte de los gobernantes y recuerda que las competencias sobre urbanismo residen en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, algo que provoca una dispersión normativa que a veces entra en contradicción unas con otras.

El sindicato quiere llamar la atención sobre el hecho de que, si bien en el 80% de los alquileres los realizan personas físicas, existe una fuerte irrupción de las plataformas digitales, y ambos formatos dan empleo a muchos trabajadores, no sólo para gestionar la plataforma, sino también para realizar labores de limpieza, comida, etc.

Hay que implantar una política de precios de alquiler públicos que sirvan de referencia al sector privado

Son trabajadores que tienen la misma actividad que otros del mismo sector –la hostelería- pero no se les puede aplicar el Convenio Colectivo del sector del Hospedaje, lo cual les aboca, en gran manera, a un limbo laboral en cuanto a la protección de sus derechos.

Con la entrada en vigor del RD-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aún con resultados inciertos en cuanto a su aprobación, el Gobierno ha optado por una regulación mínima porque lo único que hace es dar más facilidades a las comunidades de vecinos para poner freno a estas viviendas turísticas al exigir acuerdos con mayorías de 3/5 (anteriormente se necesitaba la unanimidad) para poder modificar sus estatutos que pongan límites a esta práctica o bien para que puedan participar con mayores cuotas en los gastos comunes de la comunidad. El nuevo RD Ley saca esta práctica de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para situarla en la normativa turística, competencia de las comunidades autónomas.

Para UGT estos cambios normativos son positivos pues atenúan, en parte, ese grave problema de acceso a la vivienda, pero son insuficientes, y propone una serie de medidas para remediarlo:

Una regulación a nivel estatal que unifique con contenidos normativos mínimos, para que luego sean las diferentes comunidades autónomas quienes desarrollen la materia.

Articular criterios comunes, entre alquileres turísticos gestionados por plataformas digitales y los alquileres tradicionales, para acabar con esta competencia desleal.

Igualdad de derechos laborales para estos trabajadores que prestan sus actividades en plataformas digitales, teniendo que aplicárseles el convenio del sector.

Establecimiento de un registro de alquileres turísticos a nivel estatal.

Mayor impulso para tratar de conseguir un Parque Público de Viviendas Sociales, preferentemente en alquiler, en donde tenga un papel principal el ICO como colaborador para la financiación de nuevas viviendas o la rehabilitación de las ya existentes.

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