La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), dos de las principales organizaciones de asociación y defensa de los derechos de las personas mayores, y que representan a más de dos millones de pensionistas y jubilados, han instado a los 10 grupos parlamentarios a la supresión de varios artículos de la reforma del Código Civil. Concretamente, los que regulan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y los que obligarán a los tutores de las personas mayores a realizar más trámites judiciales en el ejercicio de sus funciones.
Mayor control
Lo que critican las asociaciones es que en la nueva reforma aparece un mayor control y presión sobre las personas encargadas de ejercer la tutela (poder preventivo) de las personas discapacitadas. Los poderes preventivos permiten a una persona autorizar a otra para que si el día de mañana le sobreviene una discapacidad no sea necesario acudir a un proceso judicial de incapacitación para ejercer la tutela. “Con la nueva reforma el poder preventivo se regula un poco más, lo que supone una desconfianza absoluta en los poderes generales”, explica, a Diario 16, Almudena Castro directora de la fundación Aequitas.
Más trámites judiciales
“Aparece una figura que es la curatela representativa que es más restrictiva que el poder preventivo (tutor legal)”, explica Almudena. Esto supone que la persona encargada de gestionar los derechos de la persona con discapacidad deberá obtener una autorización judicial para realizar cualquier trámite. Existe la posibilidad de incluir una cláusula que no exija al tutor tanta autorización y burocracia, pero el problema son los poderes ya otorgados. “Obviamente, es imposible que tengan ninguna cláusula porque esa norma no existía”, explica Almudena. Lo que obliga a los tutores a requerir autorización judicial para actuar, ya que muchas personas no van a estar en condiciones de otorgar un nuevo poder o incluir una cláusula porque ya les ha venido la discapacidad intelectual.
Se necesitará una hipoteca
Otro de los aspectos que preocupa a las asociaciones que protegen los derechos de los mayores es la imposición a las personas encargadas de gestionar los derechos y los bienes de las personas con discapacidad de adquirir una hipoteca legal. El objetivo es que los tutores legales puedan garantizar la responsabilidad ante unos daños que puedan causar a la persona protegida. “Esto va a impedir que nuestros hijos e hijas puedan encargarse de nuestros asuntos dado que o bien carecen de inmuebles o bien ya los tienen hipotecados y además les dificultará sobremanera el acceso a la vivienda y a financiación”, explican desde las entidades.
