Un informe del Tribunal de Cuentas pone números a la responsabilidad patrimonial del Estado en autopistas deficitarias “tanto por construcciones como por expropiaciones, en un importe total de 3.718,3 millones de euros.
De esta forma, el plan del Gobierno de rescatar las nueve autopistas del Estado actualmente en quiebra, para ceder posteriormente su gestión a empresas privadas, tendría al menos ese coste, “sin perjuicio de las indemnizaciones por expropiaciones de terrenos que el Estado tuviera que abonar en virtud de resoluciones judiciales”, según señala el informe relativo a la Declaración sobre la Cuenta General del Estado 2015.
El Tribunal advierte de que la factura podría elevarse por las «indemnizaciones por expropiaciones de terrenos que el Estado tuviera que abonar en virtud de resoluciones judiciales que se puedan producir en futuros ejercicios». Sólo en el caso de las radiales R-3 y R-5, de acceso a Madrid, el riesgo por estas expropiaciones asciende a 229 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas también amonesta a Fomento por no recoger el posible impacto de la quiebra de las radiales en las cuentas del departamento. Según su criterio, esta cifra debería haber sido notificada como «pasivo contingente» en la memoria «al menos entre los hechos posteriores al cierre». El departamento de Fomento, entonces dirigido por Ana Pastor, se excusó en que no tenía la información suficiente para desglosar el posible impacto.
