Las normas del BCE confirman que Popular tenía acceso a más liquidez

El procedimiento de provisión urgente de liquidez del Banco Central Europeo es claro. Podrán acceder a estas líneas «una institución financiera solvente, o a un grupo de instituciones financieras solventes, que esté atravesando problemas de liquidez temporales, sin que estas operaciones se encuadren en el marco de la política monetaria única. La responsabilidad para la provisión urgente de liquidez corresponde al BCN o a los BCN que corresponda, lo que implica que habrán de asumir los costes y los riesgos que pudieran derivarse de la provisión urgente de liquidez».

El Banco de España firmó un contrato con el Banco Popular para la concesión de liquidez de emergencia, tal y como publicamos en Diario16, y el día 5 de junio, el ex gobernador del Banco de España certificaba a Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo que la entidad que acababa de solicitar una línea de emergencia de liquidez era, aún así, solvente y líquida. Ese día, apenas 24 horas antes de que Emilio Saracho comunicara la inviabilidad siguiendo las instrucciones de Uría y Menéndez, instituciones, organismos y empresas públicas retiraron miles de millones de euros en depósitos. Sin embargo, a pesar de esto, el Banco Central Europeo remitió al Banco de España una valoración positiva de la situación de liquidez y de solvencia del Popular y que, por tanto, se había procedido a conceder la ELA.

En concreto, Linde comunica a Draghi lo siguiente: «Hemos solicitado y recibido una declaración positiva de la autoridad de supervisión del BCE, responsable de la supervisión microprudencial del banco, de su solvencia para el propósito de recibir ELA y su posición de liquidez. No se esperan consecuencias transfronterizas significativas de la situación del banco. Sin embargo, el banco se considera de importancia sistémica para el sistema bancario español». Por tanto, según estas palabras, ni siquiera el Banco de España esperaba que al día siguiente Emilio Saracho declarara la inviabilidad.

En el mismo documento, Luis María Linde afirmaba que tanto el MUR, la JUR, el FROB y la Comisión Europea estaban informados de la situación solvente y líquida del Popular.

A pesar de esto, el Popular apenas recibió un 50% de la línea de liquidez de emergencia que le correspondía. Según las mismas normas del BCE «En caso de que el volumen total de las operaciones de ELA previstas para una institución financiera o un grupo de instituciones financieras exceda el umbral de 2.000 millones de euros, el Consejo de Gobierno analizará si existe el riesgo de que tales operaciones de ELA interfieran en los objetivos y tareas del Eurosistema. A solicitud del BCN o los BCN concernidos, el Consejo de Gobierno podrá decidir fijar un techo y no poner objeciones a las operaciones de ELA previstas que tengan un volumen inferior a dicho techo y que se lleven a cabo en un corto período de tiempo establecido de antemano. Dicho techo podría también referirse a varias instituciones financieras y/o varios grupos de instituciones financieras al mismo tiempo».

Este punto genera dos cuestiones reveladoras de la operación del Banco Popular. En primer lugar, el contrato se redactó el día 1 de junio, por lo que, al ser por una cantidad superior a 2000 millones de euros, el Banco de España estaba obligado a comunicarlo al Consejo de Gobierno del BCE. En la carta de Linde a Draghi del día 5 de junio se indica claramente cómo el Banco de España había recibido la «declaración positiva de la autoridad de supervisión del BCE, responsable de la supervisión microprudencial del banco, de su solvencia para el propósito de recibir ELA y su posición de liquidez». Por lo tanto…, ¿por qué no se concedió toda la línea a la que tenía acceso? La respuesta la dio el propio Banco de España, en primer lugar, a través del ex subgobernador Javier Alonso cuando dijo que sospechaba «que el banco tenía potencialmente más garantías de las que presentó, pero si no las trajo…No las hemos visto, no puedo certificarlo […] las [garantías] que no se presentan al Banco de España es como si no existieran»; en segundo término, un informe del supervisor declaraba que en las garantías presentadas por Saracho había errores de forma que impedían la concesión de toda la línea a la que tenía acceso el Banco Popular, errores que consistían en presentar copias de la documentación en vez de originales.

Por tanto, las propias normas por las que se rige el BCE para conceder líneas de liquidez de emergencia indicaban que Popular, por su solvencia, habría tenido acceso a una mayor cantidad de la que se le concedió, por lo que habría ganado tiempo para anunciar una ampliación de capital y para haber vendido los activos no estratégicos.