La conclusión del informe presentado por Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, “La corresponsabilidad en las tareas de cuidados, una cuestión sin resolver”, es que las mujeres cuidan de sus mayores, o familiares con dependencia, y lo están haciendo gratis, cubriendo el vacío del Estado, y asumiendo unas tareas de cuidados que deberían garantizar los servicios públicos.
Con el informe, el sindicato ha analizado la situación de la conciliación en España y la evolución de la legislación europea y española. Antoñanzas ha destacado que “las mujeres asumen mayoritariamente unas tareas de cuidados que deberían ser cubiertas por el Estado y que, según el Centro superior de Investigaciones Científicas, representa más del 50% del PIB.” La conclusión es que más del 90% de este trabajo lo realizan las mujeres.
“Ellas, son las que piden la mayor parte de las excedencias para el cuidado de hijos y familiares, de hecho, casi el 93% de las personas que han pedido excedencia por cuidado de hijos e hijas y el 84% de las que pidieron excedencia para el cuidado de familiares dependientes, según últimas cifras, fueron mujeres”, ha señalado la vicesecretaria general de UGT.
Antoñanzas ha denunciado que también son ellas las que trabajan a tiempo parcial “para tener más tiempo para cuidar a otros a costa de sus ingresos. Según la EPA, en 2017 más de 2 millones de mujeres (2.066.925) trabajaron a tiempo parcial. Son el 73,4% de quienes trabajan con esta jornada, o lo que es lo mismo, una de cada cuatro mujeres que trabaja en nuestro país” ha añadido la responsable de Igualdad de UGT.
Para el sindicato, resulta evidente que es necesario impulsar políticas de verdadera corresponsabilidad en las tareas de cuidados. “Las familias, y sobre todo las mujeres no pueden seguir haciendo frente en solitario a la responsabilidad del relevo generacional, puesto que se trata de una cuestión de Estado” ha exigido.
Antoñanzas demanda que deben ser las instituciones públicas las que se comprometen a facilitar servicios de cuidados públicos adecuados, suficientes, de calidad, y asequibles, así como medidas -más allá de la jornada- para una mayor y mejor adaptación de los tiempos de trabajo que resuelvan las necesidades de conciliación de los trabajadores y trabajadoras. Estos servicios no deben suponer una pérdida de retribuciones, de derechos de protección social, de mantenimiento del puesto de trabajo, ni de oportunidades en la promoción profesional.
La responsable de Igualdad de UGT, ha manifestado que, “habría que regular cuestiones como que al menos una parte de los permisos, excedencias o reducciones de jornada por cuidado de hijos o familiares fueran retribuidos o que el permiso de paternidad, que actualmente tiene carácter voluntario, pasase a ser obligatorio para que los trabajadores no tuvieran miedo a represalias.
Cristina Antoñanzas ha advertido de que la conciliación ha aparecido ahora en el debate de las estrategias de la UE por la preocupación que existe por envejecimiento de la población y el descenso de la natalidad. El objetivo de las empresas es incrementar la productividad, el crecimiento económico y por alcanzar una mayor competitividad, pero no por el cumplimiento de un derecho fundamental como es el de la igualdad. “Pero no se puede conciliar sin garantizar primero la igualdad” ha añadido.
“El modelo de flexiseguridad, basado en el incremento de la productividad y la competitividad puede ser un arma de doble filo ya que puede generar importantes desigualdades de género si no se prioriza y garantiza el principio de igualdad” ha explicado”, denunciado la responsable de Igualdad del sindicato.
La Vicesecretaria General de UGT ha recordado que “la conciliación es un derecho fundamental y debe garantizarse por Ley”, pero en España no se ha protegido de manera adecuada. En los últimos años, “el Gobierno no sólo no ha dado pasos hacia delante, sino que ha acometido recortes y medidas, como la Reforma Laboral de 2012, que ha supuesto, un retroceso sin precedentes”, ha concluido.
