La Comunidad de Madrid caerá en manos de las derechas de la Plaza de Colón: Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Eso significa que todos los avances que se han hecho durante años, la gran mayoría de ellos bajo el gobierno del PP, en referencia a la protección de las víctimas de la violencia machista, se perderán porque el partido de ultraderecha es un declarado negacionista de la mayor lacra que vive este país.

En Madrid se ha ido más allá de la propia ley contra la violencia de género de 2004. Tal y como indicaba a Diario16 Clara Serra, diputada electa por Más Madrid, «si realmente se quiere visibilizar un problema social fundamental de violencia contra las mujeres, tu objetivo no es la violencia física ni siquiera la violencia sólo en el ámbito de la pareja. Tu objetivo es identificar un problema que es violencia machista que sufren las mujeres por la desigualdad de género y ese es el problema de base, y entonces te toca decir que el acoso sexual o que la violencia sexual es también una cara del problema porque de lo que se trata es de identificar bien el problema y entonces todas las apariencias que tiene. Hay maneras de aparecer que no son ni la violencia física ni sólo en la pareja. Las violencias sexuales se hacen también fuera de la pareja, en el entorno familiar, en el trabajo, y las mujeres tienen que ponerle nombre: violencia machista. […] hay que ampliar la ley en su concepto. La Ley del 2004 se circunscribe al ámbito de la pareja. En la Comunidad de Madrid no, la Ley de 2005 incluye otras muchas cosas hasta la mutilación genital, matrimonios forzosos, acosos sexuales, que los considera como formas de violencia contra la mujer. Es mejor para el progreso de que la sociedad identifique al machismo como la base de la violencia».

En el año 2017, cuando aún era presidenta Cristina Cifuentes, la Comunidad de Madrid aprobó el acceso prioritario a la vivienda pública a las mujeres víctimas de violencia machista, incluidas las que no dispongan de título habilitante, es decir, de orden de protección o resolución judicial.

Además, la Dirección General de la Vivienda de la CAM impulsó la creación de un Parque de Viviendas de Emergencia Social y se reguló el proceso de adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social. Esta normativa reforzaba las medidas de protección de las mujeres víctimas de violencia machista, ratificando la expresa prioridad en el acceso a través de la puntuación favorable en el baremo de adjudicación, y flexibilizando la exigencia de requisitos que con carácter general se establecen para acceder a la adjudicación de viviendas de este tipo.

Todos estos avances están en serio peligro. Ya estamos viendo cómo Vox está logrando en Andalucía desmantelar todo el trabajo en referencia a la violencia machista que se lleva haciendo desde hace años. Se han iniciado purgas entre los trabajadores de los servicios sociales encargados de la protección y de la lucha contra este tipo de violencia. Por otro lado, los de Abascal no se han quedado en esa petición, sino que pretende que empresas externas encargadas de realizar peritajes en los casos de violencia machista también sean purgadas. Todo ello tiene una única intención: desmantelar y destruir todos los avances logrados para la protección de las mujeres porque, en realidad, Vox niega la existencia del maltrato de los hombres a las mujeres.

Que esto lo haga Vox, que tiene una ideología basada en los parámetros de la Sección Femenina, podría ser interpretado como normal. Sin embargo, que el Partido Popular y Ciudadanos lo acepten y lo acaten para que los ultras les mantengan en el poder es vomitivo.

Lo que está ocurriendo en Andalucía se va a repetir en Madrid y las mujeres estarán mucho más desprotegidas porque tanto el PP como Ciudadanos se someterán a las exigencias de Vox.

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