Los resultados de los estudios de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 corroboran de forma cualitativa que el 40,4% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% han sufrido algún tipo de violencia en la pareja frente al 31,9% de las mujeres sin discapacidad. Asimismo, las mujeres con discapacidad han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad acreditada (6,2%), siendo también mayor el porcentaje de las que la han sufrido en la infancia (6,3% de las mujeres con discapacidad frente a 3,3% de las mujeres sin discapacidad).

Sobre las situaciones de abuso y violencia por discapacidad y género, se han constatado otras formas de violencia contra las mujeres con discapacidad. Formas de violencia que pueden ser de naturaleza física, psicológica, sexual o financiera e incluyen abandono, aislamiento social, confinamiento, humillación, arresto, denegación de cuidados sanitarios, esterilización forzosa y tratamiento psiquiátrico forzoso. Un 65,2% de las mujeres con discapacidad participantes en el estudio ha sufrido alguna forma de violencia y abuso.

Sobre el impacto de la violencia en la salud de las mujeres con discapacidad, de las 155 mujeres que han participado en el estudio hay 12 mujeres que han referido que el origen de su discapacidad es una situación de violencia en la pareja. Este dato también coincide con los datos de la Macroencuesta de 2019: el 20,7% de las mujeres con discapacidad acreditada que han sufrido violencia por parte de una pareja afirma que su discapacidad es consecuencia de esa violencia.

El 45,1% de las mujeres con discapacidad acreditada que han sufrido violencia sexual (de una pareja o de otra persona con la que no han mantenido una relación de pareja) ha tenido pensamientos de suicidio a lo largo de su vida frente al 24,1% de las mujeres sin discapacidad que han sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida.

Sobre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, hay una relación directa entre la frecuencia de la violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad intelectual y la falta de información y educación sexual: muchas niñas y mujeres jóvenes con discapacidad intelectual carecen de los conocimientos necesarios para protegerse de los abusos sexuales.

En ambos estudios se revela que las mujeres con discapacidad intelectual tienen que superar otras barreras adicionales a las de las demás mujeres cuando denuncian, ya que ni la policía ni el poder judicial suelen tener formación en materia de discapacidad y género. A ello se suma la poca credibilidad que se otorga en muchos casos a los testimonios de las personas con discapacidad intelectual, una dificultad que aumenta cuando están privadas de capacidad legal.

Ante manifestaciones de violencia institucional como “cuando me diagnosticaron la enfermedad mental, me quitaron la custodia de mi hija» o “como tenía discapacidad, pues no me creían”, Victoria Rosell ha resaltado que el Gobierno, a través del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la cual recibió aportaciones de muchas entidades feministas, entre ellas de CERMI Mujeres, incluye entre sus principios rectores la accesibilidad. “Refuerza también las garantías e incorpora medidas de acción positiva en la prevención, detección, atención integral y acceso a la justicia y a la valoración forense integral de las mujeres, niñas y niños con discapacidad víctimas de violencias sexuales”, ha afirmado, “necesitan ser acompañadas y creídas para salir de la violencia.”

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