El día 30 de marzo se hace público el dato de la inflación en nuestro país: ha subido al 9,8 %, rozando el doble dígito. Este dato, además, ha de entenderse en un contexto muy marcado por la ruptura de cadenas de suministro vitales para nuestra industria, nuestra agricultura y nuestras actividades económicas. La huelga de los transportistas, las movilizaciones de los pescadores y agricultores, la “parada técnica” de fábricas automovilísticas o cerámicas, y la creciente presión sobre los resultados de sectores aún golpeados por los efectos de la pandemia, como la hostelería y el turismo, dibujan un escenario preocupante para la economía española. En la trastienda de esta “tormenta perfecta” hay un huracán que no se sabe cómo ni cuándo puede llegar a aplacarse: la guerra desatada en Ucrania y las consiguientes sanciones occidentales contra la Federación Rusa.
Estamos en guerra, nos dicen los tertulianos televisivos, y ello pese a que ninguna declaración oficial de hostilidades ha sido aprobada legalmente por el Parlamento español. Estamos en una guerra económica, en la que golpeamos con dureza al sistema financiero ruso, pero en la que también recibimos fuertes impactos sobre nuestro aparato productivo. Toda guerra produce sufrimiento para las clases populares y destruye el tejido económico de los países contendientes. Y esta conflagración bélica hecha de sanciones y volatilidad de los precios energéticos no es una excepción.
El sufrimiento crea malestar. Y la inflación amenaza con generar una carrera entre precios y salarios que lleve a la temida “estanflación” (una situación diabólica de alta inflación y nulo crecimiento típica de las crisis de oferta, como la actual). El gobierno actúa para intentar calmar los ánimos y sustentar en algo la economía de las clases populares, con un paquete de medidas centradas en el precio de los suministros energéticos de los hogares, la limitación de la subida de los alquileres, y subvenciones y ayudas directas a algunos sectores especialmente castigados.
El paquete de medidas del gobierno incorpora algunas previsiones respecto al mercado de trabajo y el Derecho Laboral, que vamos a analizar con algún detenimiento en este texto. Son medidas limitadas, que quieren acompañar el efecto transformador que se espera de la reciente reforma laboral y sustentarse sobre la base consolidada por las herramientas utilizadas para hacer frente a la pandemia de Covid 19, en los últimos años, como la regulación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).
La primera medida consiste en una prohibición, para las empresas que reciban ayudas o avales públicos relacionados con la situación de guerra, de llevar a cabo despidos objetivos por el aumento del precio de la energía. El despido objetivo procedente lleva aparejada una indemnización al trabajador de 20 días de salario por cada año trabajado en la empresa.
Esta medida no afecta a los posibles despidos que se deriven de cualquier otra causa relacionada con la guerra, como la escasez de suministros. Además, lo cierto es que únicamente implica que los despidos efectuados serán considerados como improcedentes (exceptuando únicamente los relacionados con derechos fundamentales del trabajador, como la libertad sindical o la igualdad de género, que serán considerados nulos). La declaración judicial de un despido como improcedente otorga al empresario la potestad de decidir, salvo en el caso de que el trabajador sea representante legal de sus compañeros, entre readmitir al trabajador o despedirle con una indemnización de 33 días de salario por año trabajado. Es decir, que el despido puede llevarse a efecto, si la empresa está dispuesta a pagar la indemnización. Es posible que esto pueda constituir un freno para empresas acuciadas por una situación económica complicada, pero nada asegura que los despidos no se produzcan en otras empresas que pueden hacer frente sin problemas al gasto implicado. Por ello, el gobierno incorpora otra penalización a las empresas que hagan uso de esta modalidad de despido: deberán devolver las ayudas públicas recibidas, ya sea en la forma de ayudas directas, préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial, o bonificaciones de cotización a la Seguridad Social asociadas a los ERTEs.
La segunda medida, relacionada con la anterior, consiste en incorporar esta misma prohibición de despido, hasta el 30 de junio, a las empresas que se encuentran en un ERTE, dada la asistencia pública que estas empresas reciben en la forma de bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social y, en algunos casos, ayudas directas para los programas de Formación para el Empleo.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado, por primera vez, la activación del Mecanismo RED, producto de la reforma laboral de diciembre pasado, para el sector de las agencias de viajes. Y aquí está el elemento central de la estrategia del gobierno para hacer frente a la crisis generada por la guerra, en el ámbito laboral: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende que las empresas recurran a los ERTEs y al mencionado Mecanismo RED, en lugar de realizar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Se trata, por tanto, de continuar con la dinámica desplegada durante la pandemia, consistente en “congelar” el empleo de las empresas en crisis mediante los ERTEs, evitando los despidos y garantizando a los trabajadores el cobro de la prestación de desempleo (que totaliza un monto cercano al 70% de sus retribuciones habituales) mientras su relación laboral se encuentra suspendida.
El Mecanismo RED aprobado en la reforma laboral de diciembre no es otra cosa que otra variación sobre este mismo esquema, destinada a dos situaciones concretas que pueden resultar muy significativas en este momento: las crisis cíclicas o coyunturales de la economía en su conjunto, y los procesos de reestructuración tecnológica y productiva de sectores concretos, como puede ser el de las agencias de viajes, ya mencionado. El Mecanismo RED, en sus dos variantes, tiene que ser activado por decisión del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos y Seguridad Social, y previo informe preceptivo de la Comisión delegada de Asuntos Económicos. La patronal y los sindicatos mayoritarios deben ser informados del inicio del procedimiento y, en el caso del “Mecanismo RED sectorial” pueden también proponer su inicio al gobierno.
El gobierno, pues, intenta que RED y ERTEs paren el golpe sobre el empleo y minimicen el impacto sobre la demanda agregada de la situación de crisis generada por la guerra. Hay que tener en cuenta tres aspectos relacionados con esta estrategia, que pueden resultar decisivos para su hipotético éxito futuro.
En primer lugar, no es obligatorio legalmente recurrir a los ERTEs o al Mecanismo RED con prioridad frente a los despidos objetivos. Esta, fue una reclamación reiterada de los sindicatos en la negociación de la reforma laboral, y se llegó a incluir en algún borrador del texto. Pero, finalmente, la Exposición de Motivos de Real Decreto por el que se aprobó la reforma sólo contempla las medidas de regulación temporal de empleo “como fórmula alternativa y prioritaria a las extinciones”, sin establecer ninguna obligación en el articulado de la ley.
En segundo lugar, el sistema de los ERTEs ensayado durante la pandemia, ha sido, indudablemente, muy beneficioso para los trabajadores afectados, que han podido mantener el empleo y una parte de las retribuciones, y para los empresarios, que han podido salvaguardar su capital humano, los conocimientos y habilidades de sus plantillas, al tiempo, han recibido ayudas públicas y bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social. Pero, no nos engañemos, el sistema ha consistido en una tendencial socialización de los salarios, sin una correlativa socialización de los beneficios o de los medios de producción. Los ERTEs se han financiado con dinero público, además de con el Fondo SURE de la Unión Europea, creado precisamente para ello. Pero el dinero público no sale de ninguna parte, sino, en su mayor parte, de los salarios de los trabajadores y de la facturación de los profesionales que continúan trabajando. El gobierno sólo ha ensayado formas menores de presión sobre la gran empresa, al hilo de la aprobación de los ERTEs, como la prohibición de dividendos o la exclusión de empresas que operan en paraísos fiscales.
Así, mantener este colchón estructural del empleo puede resultar problemático en un contexto de guerra de incierto final y deuda pública desbocada. El Mecanismo RED, por ejemplo, va a ser financiado, según el texto de la reforma laboral por un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo que obtendrá sus ingresos de los excedentes del sistema de prestaciones por desempleo, aportaciones presupuestarias e instrumentos de financiación de la Unión Europea. Si la guerra se extiende, o si la voracidad de los “halcones” de la austeridad en Europa vuelve a tomar el control de la Comisión Europea, tendremos problemas.
En tercer lugar, hay empresas que a duras penas han podido sobrevivir a la pandemia y que pueden enfrentarse a problemas agudos durante una nueva crisis. Quizás no puedan ya “congelar” de nuevo la situación y tengan que echar el cierre, con los despidos que ello implica. Puede ser la situación que enfrente parte de la hostelería o el turismo, por ejemplo, a falta de ayudas directas que palien el vía crucis vivido en los últimos años de limitaciones y cierres de actividad, así como de colapso de las llegadas de turistas extranjeros.
La guerra económica con Rusia continúa, y la situación se agrava por momentos. El gobierno trata de hacer frente al colapso creciente con medidas laborales limitadas y una estrategia de socialización de los costes de mantenimiento del empleo. Eso garantiza el pan a muchas familias y salvaguarda el conocimiento y el capital humano de las empresas. Veremos si esa estrategia es sostenible y cuáles son sus costes asociados si la guerra no encuentra un final dialogado a breve plazo.
