El pasado mes de marzo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) imponía una multa millonaria de 118,4 millones de euros a 15 empresas por repartirse licitaciones de la infraestructura ferroviaria de Adif para la línea de alta velocidad. Según fuentes de la CNMC, durante catorce años estas empresas crearon varios “cárteles” para conseguir licitaciones del Estado: uno para repartirse los concursos para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad; un segundo cártel para manipular los concursos para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional; y un tercer grupo de empresas para repartirse los concursos públicos y privados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad.
Entre las empresas que participaban en el primero de los cárteles para la electrificación de la línea de alta velocidad estaban Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym. En el segundo grupo se encontraban Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym; mientras que en el tercero aparecían Alstom e Indra, según fuentes de la propia CNMC.
Hoy las empresas sancionadas han vuelto a lograr nuevos contratos con Adif durante los últimos dos meses y medio por un importe superior a los 112 millones de euros, tal como publica El Economista.es. A este hecho se une que la CNMC ha decidido eximir del pago de la multa a alguna de estas compañías en su condición de “solicitantes de clemencia”, es decir, como asumieron su culpa y decidieron asumir la multa fueron de alguna manera exoneradas.
La CNMC ha puesto en marcha un protocolo para la investigación de los cárteles y del fraude en la contratación pública, pero por lo visto las medidas no están dando el resultado que se esperaba. Según la propia Comisión Nacional, la lucha contra los cárteles es prioritaria, “dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados”. Para perseguir estas prácticas, la Comisión ha puesto en marcha un buzón de colaboración ciudadana con el fin de que cualquiera que tenga datos o indicios de algo irregular pueda comunicarlo de inmediato al Gobierno. Además, la CNMC cuenta con el ‘Programa de Clemencia’ mediante el que la empresa o el directivo que haya participado en un cártel pueden aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC, a cambio de la exención total (o a una reducción) de la multa que le correspondería.
El escándalo de las contrataciones en el AVE no es un caso aislado. España figura entre los países europeos donde se detectan más irregularidades en las licitaciones públicas. Falta transparencia en la Administración, a menudo se abusa del “troceamiento o fraccionamiento” de los contratos, se cae en sobrecostes millonarios injustificados que termina pagando el contribuyente y en definitiva se incumplen los procedimientos legales de adjudicación (ley de contratos del Estado). Todo ello favorece las corruptelas y el despilfarro con el consiguiente daño a las arcas públicas.
La CNMC anima a todos aquellos que participen en órganos de contratación y que tengan indicios de este tipo de conductas o que quieran contar con más información acerca de estos hechos a que “se pongan en contacto con la Autoridad de Defensa de la Competencia a través del buzón de colaboración ciudadana ([email protected]) o bien por vía telefónica (+34 917 931 600)”.
“La CNMC investigará todos los indicios de manera confidencial para confirmar la posible manipulación de la licitación. Asimismo, se puede aportar de forma anónima cualquier tipo de indicio a través del formulario habilitado para ello en la sede electrónica de la página web de la CNMC y del código QR que figura en el folleto”, asegura el portal de este organismo. La colaboración del personal de los órganos de contratación con la CNMC en “esta materia es fundamental para impulsar la detección de este tipo de infracciones de competencia que son tan dañinas para la competencia y los consumidores, incrementando injustificadamente el coste de provisión de bienes y servicios públicos”, agrega.
Mucha burocracia y mucha propaganda que por lo visto no consiguen atajar uno de los mayores problemas del Estado español: el de las prácticas irregulares en las adjudicaciones públicas que mueven más de 48.000 millones de euros en sobrecostes, según datos de la propia Comisión Nacional de la Competencia.
