Las lealtades y los traidores

Sólo existe la Constitución como norma superior. Por encima de ella nada ni nadie. Alterarla es subvertir los valores de España. No hay religión ni grupo por encima de ella. Tampoco puede omitirse su cumplimiento para favorecer a correligionarios. Hacerlo es transgredir los límites. Es romper España.

Desde la aprobación de la Constitución, no obstante, las diversas facciones que sobrevivieron a la muerte del dictador genocida, no hacen más que usarla para su beneficio. Ello, con el silencio o complicidad de grandes sectores sociales, atemorizados por el uso que se ha hecho de las instituciones. Por tanto, la lealtad no debe incluir a la mentira en su práctica. Tampoco a la traición en la consecución de sus compromisos, menos aún cuando estos se han establecido con el verdadero soberano de la democracia: sus ciudadanos. Pese a ello, desde la transición se ha venido construyendo una serie de propuestas políticas más próximas a ficciones que a verdaderos contratos sociales.

Por ello, la Constitución está en entredicho. Esto, no tanto por su contenido sino por la ambigüedad de sus interpretaciones. Dictámenes todos que han surgido de una institución encadenada de un modo u otro a las servidumbres de lo político, ya en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Supremo. Sus miembros tendrían que ser elegidos por tercios. Uno por parlamentarios, otro por los abogados en ejercicio y, por último, el tercero, por la libre elección de los ciudadanos en listas abiertas. La percepción actual no es alentadora.

De aquí, que resulte un documento del que todos hablan pero pocos han leído. Aunque juren lealtad por ella, un número excesivo de representantes de los ciudadanos y miembros de los sucesivos gobiernos de esta democracia, no hicieron honor a ese compromiso cuando debieron demostrarlo. Porque ser leal con personas no es democrático. Sí lo es cuando lo hacemos con la Constitución. El cumplimiento de ese compromiso no tiene excusas. Las instituciones constitucionales son de los ciudadanos. La lealtad, por tanto, es una virtud que debe desarrollarse con el ejercicio ciudadano. No se puede pretender ser leal parcialmente. El caso del ejercicio político, tan deslucido, se debe principalmente a la escasa moralidad constitucional que se le evidencia. El deterioro de la institución monárquica otro tanto. Sería un error que confiasen para su vigencia en el poder militar y en el religioso. Estarían transgrediendo su fundamento constitucional. Instrumentalizar los cargos o funciones para responder a intereses partidarios, religiosos, económicos o de grupos, sean del tipo que sean, es una traición.

De aquí que los que corrompen las instituciones, o se dejan corromper en ellas, sean traidores. A la larga se sabrá por muchos Villarejos que haya. La Verdad es hija de la Historia no de la Autoridad. La mentira es una amante peligrosa. No se puede aludir constantemente al “bien de España” cuando sus ciudadanos se siguen notando perjudicados. Eso, aunque las decisiones estén revestidas de solemnes declaraciones, himnos y proclamas repletas de fervor patriótico. Ya no. No queda mucho espacio para la farsa. Porque parece olvidárseles que la fuente de la legitimidad está en el voto de los ciudadanos obtenido mediante un contrato basado en el compromiso con un plan de gobierno.

No respetar este compromiso puede dar lugar a la respuesta reivindicativa. A la que le temen cada vez más. Se palpa en los comportamientos de legisladores, magistrados, empresarios y prelados. Se sienten cada vez más observados. Democráticamente observados. Legítimamente observados. Las lealtades sólo se mantienen si el compromiso no se quiebra.

La traición ha formado parte del discurso político a lo largo de la reciente democracia de este país. Eso les ha generado a los ciudadanos españoles sentimientos de tristeza y decepción. Nos han hecho desconfiar. Todos los casos de corrupción desde la institución monárquica hacia abajo no han tenido igual tratamiento ni tampoco las justas consecuencias.

Basta ya de traiciones.