El Estado va a pagar va más de 330.000 euros a 30 senadores que han quedado sin escaño con el cambio de legislatura y que no tienen otro sueldo, pensión o retribución pública o privada. Similares compensaciones son percibidas por los diputados salientes de la Cámara Baja. Esta especie de prestación por desempleo para aquellas señorías que no cobran el paro se percibe mes a mes y se suspende en el momento en que quien la recibe cuenta con algún ingreso justificado. La normativa establece que la indemnización equivaldrá a un mes del sueldo base (2.981,9 euros) por cada año trabajado en las Cortes Generales o periodo de al menos seis meses, y hasta un límite de 24 mensualidades. La “ayuda” se denomina “asignación constitucional”, una cuantía que cobran por igual todos los senadores al margen de complementos salariales como dietas, festivos, extras, etc.
Esta asignación es, sin duda, una medida justa para aquellos senadores que tras haberse dedicado a la función pública se encuentran sin escaño por los avatares de las urnas. Sin embargo, pese a que no hay nada que objetar a que los parlamentarios cobren esta prestación especial por desempleo, sí habría mucho que hablar sobre las cantidades asignadas. Si bien parece del todo punto lógico que los “parlamentarios sin escaño” puedan disponer de un “colchón” económico mientras se incorporan a otra actividad laboral o profesional (seguramente a ninguno de ellos les faltará trabajo, ya que más pronto que tarde terminarán encontrando alguna que otra puerta giratoria) cabría preguntarse si la cuantía de la indemnización fijada no es excesiva, ya que se aproxima más a la remuneración que puede percibir un ejecutivo o alto cargo de una empresa privada al término de su contrato que a la que debería corresponder a un representante público elegido para servir a los ciudadanos.
Es de sentido común pensar que los senadores y diputados deberían retirarse cobrando lo que estipula el Estatuto de los Trabajadores y sus respectivas tablas salariales como cualquier persona despedida o cesada en su puesto de trabajo. ¿Entonces a qué viene tanta diferencia en las indemnizaciones? ¿Por qué se considera que un senador que ha perdido su escaño (por decisión popular) debe cobrar una fortuna en relación a lo que percibe un maestro de escuela, un médico o albañil? Y aquí la respuesta que surge al instante es que los políticos siguen detentando demasiados privilegios, demasiadas ventajas como casta, cuando en realidad no son más que representantes designados por los ciudadanos para defender sus intereses.
A la mayoría de los senadores sin escaño le corresponden unos 8.945,7 euros, según informa Europa Press. Todos ellos –al igual que los diputados del Congreso que también se benefician de la “asignación constitucional”–, perdieron su escaño el 28 de abril en detrimento de otros candidatos. Es decir, cesaron por deméritos propios.
Tal como figura en el Portal de Transparencia del Senado, el senador con derecho a una indemnización más alta por este concepto es el socialista José Caballos, que puede percibirla durante doce mensualidades (35.782,8 euros en total), según asegura la citada agencia de noticias. A otros dos les corresponde recibirla durante siete meses, 20.873,3 euros en total cada uno de ellos: el popular Juan Represa y el regionalista navarro Patxi Yanguas. Una más, María Eugenia Iparragirre, del PNV, puede cobrar seis meses de asignación constitucional (17.891,4 euros en total) mientras la popular María Rosario Soto recibirá 11.927,6 euros, que equivalen a cuatro mensualidades, siempre según las informaciones de Europa Press.
El grueso de los beneficiarios, 25 en total, tiene derecho a cobrar tres mensualidades por los tres años que han permanecido en el escaño, en total 8.945,7 euros cada uno. Entre ellos hay 16 senadores del PP que han solicitado esta indemnización: María José Alba, María Teresa Antoñanzas, Raquel Clemente, Miguel Ángel Estevan, Laureano León, Marta Lucio, Manuel Marmolejo, María Esther Merino, Cristina Molina, Amparo Monroy, Esther Muñoz, Arturo Pascual, Mari Carmen Pobo, Cristina Sanz, Nuria Simón y María Teresa Tortonda.
En la misma situación están otros tres senadores del PSOE, David Delgado, Manuela Galiano y David Lucas; otro de Podemos, Iñaki Bernal, y una ex de Podemos, Elvira García; la senadora de Foro Asturias, Rosa Mari Domínguez de Posada; la de Nueva Canarias, María José López Santana y otro más de Agrupación Herreña Independiente, Pablo Rodríguez Cejas.
Todos ellos habían sido cesados como senadores desde que el 4 de marzo se disolvieron las Cortes por la convocatoria electoral. Desde aquel momento dejaron de ingresar el sueldo mensual, pero cobraron una “paga de transición”: 8.822,52 euros por los 54 días que transcurren sin retribución entre la disolución de las Cortes y las elecciones. Ambas indemnizaciones, la de transición y la asignación constitucional, son compatibles y se pueden cobrar sucesivamente, porque una se genera con carácter previo a las elecciones y otra a posteriori. Un seguro de paro que para sí lo quisieran millones de españoles. Lo injusto no es que ellos lo cobren (aunque algunos se lo merecerán más que otros en función del trabajo y esfuerzo realizado) sino que el pueblo llano tenga que conformarse con prestaciones sociales tan injustas como miserables.
