El pasado mes de febrero, se cumplieron 138 años del comienzo de la Guerra del Pacífico, tras el desembarco chileno en el puerto colombiano de Antofagasta sin una declaración previa de guerra, que involucró a Chile, Bolivia y Perú, propiciada por actuaciones de potencias europeas -principalmente el Reino Unido- con intereses varios, sobre todo mineros, y que acabó con el Tratado de 1904 por el que definitivamente Bolivia quedaba privada de salida al mar. Chile se anexionó unos 400 kilómetros de costa y unos 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
La reivindicación boliviana sobre su territorio -y, sobre todo, la idea de salida al mar como una contribución a la cooperación entre las naciones- llevó al Presidente Evo Morales a presentar, en abril de 2013, una demanda a la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) en la que solicitaba que se obligara a Chile a negociar una salida soberana de La Paz al mar con plazos definidos y sobre la base de los compromisos del mismo Tratado de 1904.
A pesar de la oposición chilena, la CIJ, que es el órgano judicial más importante de Naciones Unidas, falló, con el respaldo de 14 de los 16 jueces, declararse competente para analizar la demanda interpuesta por Bolivia e instar a Chile a negociar «de buena fe» una salida marítima para Bolivia.
Chile y Bolivia, que no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadas, han mantenido, desde entonces, diversos conflictos que se han visto acrecentados por el golpe que para Chile ha representado la resolución de la CIJ. Entre ellos la propiedad de los manantiales de Silala.
Pero lo que ha crispado, estas últimas semanas, la relación entre los dos países ha sido la arbitraria detención de 9 funcionarios bolivianos -siete aduaneros y dos militares- por parte de los carabineros chilenos que acudieron en ayuda de contrabandistas para intentar rescatar tres camiones con mercancía ilegal que habían sido interceptados por los funcionarios bolivianos. Los funcionarios bolivianos, que fueron golpeados y maltratados por contrabandistas y carabineros, fueron puestos a disposición de la fiscalía chilena y del juzgado de Pozo Almonte que decretó prisión preventiva, un período que debe durar 120 días mientras avanza la investigación.
Este jueves pasado, ha tenido lugar la audiencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile para tratar el recurso de apelación presentado por la defensa de los bolivianos detenidos y que, tras rechazar un amparo constitucional, abre sus puertas a nuevos argumentos en el caso de los dos militares y nueve oficiales de la Aduana aprehendidos el pasado 19 de marzo. En esa ocasión, el abogado chileno Roberto Celedón expuso una querella penal contra el teniente de carabineros, Cristián Costanzo y el fiscal local de Pozo Almonte, Hardy Torres, por la omisión del delito de contrabando de los chilenos que actuaron en los hechos y la presentación como supuestas ‘víctimas’ de los vinculados con el traslado ilícito de mercancías. También, Celedón entregó las denuncias por lesiones e intimidación y robo con violencia de los efectos personales de algunos de los funcionarios, los cuales no fueron reportados como incautados.
Varias voces en el mundo condenaron la arbitraria detención de los bolivianos, como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien expresó su preocupación ante ese hecho y la exigencia de que “Este tipo de controversias deben ser analizadas por los estados mediante el respeto, la reciprocidad y las vías civilizadas de diálogo, la negociación y los acuerdos diplomáticos”.
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América también manifestaron su respaldo a Bolivia en el reclamo por la liberación de los nueve connacionales encarcelados en Chile.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Bolivia presentó una queja contra Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por impedir que periodistas bolivianos ingresen a ese país para informar sobre los hechos y los detenidos.
La solución de cualquier conflicto se tiene que realizar utilizando paradigmas al margen de los utilizados –y que se plantean muchas veces como irresolubles- de fronteras, estados, nacionalismos, pueblos… y que la mayoría de las veces son el resultado de las políticas de expansión nacionalista de los estados europeos de los siglos XIX y XX y que tantas muertes y destrucción produjeron y producen aún hoy. Sin que asuman –las potencias coloniales- las consecuencias de sus políticas.
La no-violencia, la ternura y la paz, en la resolución de conflictos, nos obliga a destacar los derechos humanos por delante de cualquier otra consideración. Se ha de priorizar el bienestar de las personas por encima de todo. El avance de la democracia, de la transparencia y la participación de los ciudadanos en el gobierno de sus colectividades. Y la participación de todos sin exclusiones. Hay que darle la mayor de las oportunidades a la paz, a las personas y a la no-violencia en la resolución de conflictos.
En ese sentido apelamos y exigimos el compromiso irrenunciable de los organismos internacionales que han de estar prestos a poner todos los medios para detener los conflictos: detención de los responsables poniéndolos a disposición de los tribunales internacionales, legislación estricta para los responsables de la violencia, sanciones inmediatas para los estados que incumplan alguna de las resoluciones…
