Las infamias de Vox confirman la necesidad de incluir el delito de apología fascista en el Código Penal

En España se puede hacer apología del fascismo sin que pase nada. De hecho, se puede incluso montar un partido político a mayor gloria de la ideología franquista que lejos de ser perseguido por la Fiscalía por antidemocrático y anticonstitucional recibirá jugosas subvenciones del Estado, buenos sueldos para sus cargos electos y licencia absoluta para soltar toda la bazofia ideológica que considere oportuno en el Parlamento español. En este país una señora bien como Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, puede insinuar impunemente que sus rivales de la oposición son unos rojos quemaconventos, mientras a uno de sus socios de Gobierno, el engominado, fachendoso y encopetado Ortega Smith se le tolera que pueda decir con total desvergüenza que las Trece Rosas, mujeres víctimas de la represión franquista, eran “torturadoras y violadoras” (todo ello sin presentar una sola prueba de sus graves acusaciones, entre otras cosas porque no existen tales indicios, ya que todo obedece a un delirio de su calenturienta imaginación de exaltado).

Muchas cosas tienen que cambiar todavía en nuestro país para homologarnos a las verdaderas democracias occidentales. Y la primera de ellas, antes que sacar al dictador de su nauseabundo mausoleo, debería ser incluir un artículo tan necesario como fundamental en el Código Penal que permita perseguir a apologetas del fascismo, charlatanes y manipuladores de la historia y difamadores profesionales sin escrúpulos. Porque una cosa es soltar un chiste más o menos burdo y afortunado sobre Carrero Blanco y otra muy diferente tratar de robarle al pueblo su historia, su memoria histórica, la verdad, que es su patrimonio más preciado y valioso. Y eso es exactamente lo que pretenden hacer Santiago Abascal, Ortega Smith y el grupo de sectarios, esotéricos y chapuceros historiadores de Vox, esos mismos que se han propuesto darle la vuelta al pasado para convencernos de que los malos eran los rojos, de que Franco era un abuelito entrañable sin un ápice de maldad en su cuerpo y de que la Guerra Civil fue un episodio inevitable para salvar a España de las garras de la bolchevique Unión Soviética.

Los “ladrones de la historia”, y también los burdos revisionistas que la retuercen a su antojo, son tanto o más peligrosos que los terroristas, ya que dinamitan de arriba abajo los valores más sagrados de una sociedad democrática: memoria cultural, ciencia histórica, verdad y reparación moral. De ahí que sea tan urgente que el Legislador español encuentre un hueco, entre tanta investidura fallida y tantas elecciones generales (visto lo visto va a resultar difícil) para incluir un artículo en el Código Penal que diga algo así como (y esto es solo aproximativo, ya que no pretendemos jugar a juristas): “El que realice actos de apología del fascismo ensalzando sus principios políticos, difamando o humillando a sus víctimas o negando la verdad histórica de los hechos será castigado con penas de…” Y un segundo epígrafe en el que penalice a todo aquel que “con voluntad de intoxicar, manipular o engañar a la opinión pública fabule, invente o falsee los hechos históricos a su antojo, con grave daño a la memoria histórica y a sus víctimas…”

Por lo visto, el Gobierno socialista tiene preparado un proyecto al respecto, aunque no sabemos si algún día logrará llevarlo a cabo. En esa hipotética ley se incluirán “las modificaciones legales oportunas para que se declaren ilegales las asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo, e igualmente se está estudiando la modificación del artículo 510 del Código Penal para incluir dicha apología como delito”. El señor Pedro Sánchez debería tramitar esa ley cuanto antes por dignidad y por una mera cuestión de supervivencia de nuestra democracia.

Nada más necesario que esa legislación penal que ya existe en otros países como Alemania, que tras la Segunda Guerra Mundial inició un loable proceso de “desnazificación”. No hace tanto, en los años 90, el Bundestag votó un paquete de medidas penales para combatir la violencia xenófoba, el auge de los partidos de ultraderecha y a los nostálgicos del Tercer Reich. En concreto, los diputados alemanes introdujeron en el Código Penal de su país penas de hasta tres años de cárcel para quienes “aprueben, nieguen o minimicen, en público o en una reunión, los actos perpetrados durante la dictadura nazi”. Además, “quien distribuya en el interior medios de propaganda [de organizaciones anticonstitucionales o asociaciones que se dirijan contra los principios del entendimiento de los pueblos] o los produzca para su divulgación en el país o en el exterior; los tenga disponibles, los introduzca o los exporte, o los haga accesibles públicamente en archivos de datos electrónicos (…) será castigado con pena privativa de la libertad hasta por tres años o con multa”. De esa manera, la legislación alemana no permite las consignas nazis ni la exhibición de sus símbolos y, mucho menos, afirmaciones favorables a Hitler y el nazismo en televisión. Por supuesto, negar el holocausto judío tiene cárcel e incluso se han dado casos de turistas borrachos que han sido detenidos y condenados por levantar el brazo en saludo fascista en plena calle.

Sin la verdad empírica sobre lo que ocurrió, sin la ciencia exacta de los hechos históricos, un pueblo queda huérfano y a merced de los charlatanes y engatusaviejas. De ahí que necesitemos la verdad como el aire que respiramos. Pero la verdad, no la venganza. Nadie en su sano juicio pretende volver al 36. Desgraciadamente aquella locura ocurrió y no podemos cambiarlo. No se trata de reabrir viejas heridas sino de cerrarlas para siempre. De lo que se trata es de hacer justicia con los muertos (de uno y otro bando), de saber lo que pasó realmente, de poner negro sobre blanco en los infaustos acontecimientos ocurridos en este país entre 1936 y 1939 y de aprender de la historia para no volver a repetirla. Porque un pueblo que vive permanentemente instalado en la mentira es un pueblo enfermo. Una sociedad condenada a sufrir una y otra vez un trastorno colectivo llamado fascismo.