Los más de dos meses de huelga de los letrados de la Administración de Justicia han supuesto el aplazamiento de casi 4.000 procedimientos que quedaron paralizados y que ahora deberán resolverse en el menor plazo de tiempo posible.
Los tribunales superiores de justicia están enviando informes al Consejo General del Poder Judicial donde exponen los recursos que serán necesarios para poner al día el funcionamiento de juzgados y registros civiles en sus correspondientes demarcaciones.
Se necesitará personal de refuerzo, jueces sustitutos y funcionarios en comisión de servicio, para resolver los expedientes que han quedado paralizados. Fuentes del CGPJ calculan que serán necesarios recursos por valor de 20 millones de euros que deberán desembolsarse desde el Ministerio de Justicia.
La huelga de los LEAJS ha tenido consecuencias desastrosas para abogados y procuradores según se señala en los colegios profesionales donde se destaca la necesidad de un plan de choque. Un representante del comité de huelga ha manifestado que “por lo menos se tardará un año en recuperar el atraso provocado por este paro”. Lo prioritario está en los registros civiles. Se intentará agilizar todos los expedientes que se han retrasado. Nacimientos, nacionalidades, matrimonios y similares han sufrido demoras significativas. Su resolución es relativamente fácil ya que sólo es necesaria la rúbrica de los encargados, secretarios judiciales o letrados de la administración de justicia, como ahora se les denomina.
Las consignaciones y fianzas es otro de los temas prioritarios, así como los libramientos por indemnizaciones y costas judiciales. Estos procedimientos van a tardar algo más. Se calcula que se pondrán al día después del parón de agosto por el periodo inhábil de las llamadas “vacaciones judiciales” aunque este año el ministerio de justicia pretende suprimir este periodo lo que, de llevarse a cabo, se habilitaría un mes más que aligeraría los trámites pendientes. En cualquier caso, hasta septiembre no hay nada que hacer.
Y luego están los juicios. Ha sido la jurisdicción social la más afectada. En Madrid calculan que una vista oral en un juzgado de lo social señalada para junio se aplazará hasta septiembre. Y eso si, al final, se pone en marcha un plan de choque con jueces y secretarios de refuerzo. Si no, algunos procedimientos, como los juicios por reclamaciones de cantidades, no se celebrarán hasta la primavera de 2024. Un verdadero desastre ya que de la jurisdicción social dependen las situaciones económicas de muchos trabajadores que reclaman despidos improcedentes y que, por ejemplo, no pueden darse de alta en las prestaciones por desempleo al carecer de resolución judicial.
Y a todo ello hay que sumar una consecuencia no prevista inicialmente por los negociadores. Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CSIF, STAJ y CIG han convocado a los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia a llevar a cabo paros parciales de manera indefinida desde el 17 de abril para protestar por lo que consideran “un agravio con los LEAJs”. No ha sentado nada bien el hecho de que se haya acordado una subida para los letrados de la administración de justicia que oscila entre 430 y 450 euros mensuales mientras los demás colectivos quedan sujetos a los incrementos contemplados en los presupuestos del Estado. Algo más del 2 por ciento. Comisiones Obreras justifica las movilizaciones “para que todo el personal de los juzgados tenga las mismas mejoras retributivas y laborales que se han ofrecido a los letrados”.
Las movilizaciones de los LEAJ no han contado con el beneplácito de todos los sectores de la sociedad. Se la ha considerado “una huelga corporativa” y se destaca que “el problema no se ha resuelto con el acuerdo ya que los letrados no van a parar hasta conseguir la equiparación retributiva con la de los jueces. Quieren cobrar el 85 por ciento de lo que percibe el titular del juzgado”. Además, hay un asunto que no se ha resuelto, el de los “complementos de destino de las oficinas judiciales”. Según las asociaciones convocantes del paro, los letrados que se harán cargo de las jurisdicciones que se crearán con la nueva ley de eficiencia organizativa tendrán una carga de trabajo muy superior a la que tienen ahora. “Y eso hay que pagarlo”, señalan los convocantes.
Hay que destacar, también, que no todos los letrados están a favor del acuerdo. En los juzgados valencianos han votado en contra y han pedido la dimisión del comité de huelga.
No todo está por resolver en este conflicto que tiene mucho de corporativista y que recuerda al protagonizado por otros privilegiados colectivos de la administración como los controladores aéreos. Los LEAJ tienen categoría A1 en el cuadro laboral de la administración pública, la máxima. Y se han dado cuenta del poder que tienen. Pero se olvidan del daño que hacen a otros colectivos implicados en el mundo judicial como son los abogados y los procuradores, los verdaderos perdedores de este conflicto.
