Militares colombianos retirados, que hablan inglés y poseen entrenamiento en armas sofisticadas, inteligencia, operaciones internacionales y que fueron parte de unidades contra guerrilleras, muchas de ellas financiadas por Estados Unidos. Este es el perfil de los detenidos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
La contratación de mercenarios colombianos para participar en operaciones militares transfronterizas es más habitual de lo que se puede creer porque, en realidad, se han convertido en una verdadera industria, un bien de exportación de Colombia.
Durante los últimos 20 años, cientos de exmilitares colombianos han sido contratados por empresas bélicas de países como Estados Unidos o Reino Unido para dar apoyo en las guerras de Afganistán, Irak y Yemen.
Una de las razones por las que esto está ocurriendo es que los salarios en el ejército colombiano son entre 15% y 20% menores de lo que puede recibir un retirado por operaciones contratadas de manera privada.
El 11S, una oportunidad de negocio
Expertos en seguridad han señalado que la industria de los mercenarios experimentó un cambio después de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York en 2001 y el inicio de la llamada «guerra global contra el terrorismo», que fue parcialmente ejecutada por contratistas privados.
Tras la Guerra Fría, Estados Unidos estaba interesado en privatizar las intervenciones militares en países pequeños, pero con conflictos complejos, para reducir el impacto político de sacrificar tropas estadounidenses. Las guerras en Irak y Afganistán permitieron madurar a la industria militar privada.
La industria dio con la creación de empresas como Blackwater, una firma militar privada que, según informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, entrenó a militares y paramilitares colombianos en 2005.
Sean McFate, uno de los mayores expertos en el estudio de las redes de mercenarios, escribió en su ensayo Los mercenarios modernos que otros países «imitan el modelo estadounidense y cada día surgen nuevos grupos militares privados de países como Rusia, Uganda, Irak, Afganistán y Colombia. Sus servicios son más robustos que los de Blackwater, ofrecen un mayor poder de combate y la voluntad de trabajar para el mejor postor con escasa consideración por los derechos humanos. Son mercenarios en todos los sentidos de la palabra».
La Colombia de Uribe
Durante el gobierno de Álvaro Uribe, Colombia llegó a la guerra contra el terrorismo con una experiencia ya consolidada en el tema de contratación y creación de empresas privadas de seguridad.
En los años 90, se relajaron las leyes para la creación de este tipo de compañías con el fin de fortalecer a los grupos que enfrentaban a las guerrillas en el campo.
El resultado fue, sin embargo, una consolidación de los ejércitos paramilitares. Pero, además, Colombia ya era el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
El famoso Plan Colombia, un multimillonario programa contra el narcotráfico, convirtió al país en el mayor receptor de asistencia militar estadounidense en América Latina. Y disparó la creación de empresas privadas de seguridad en el país.
Según un informe de 2011 del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre 2005 y 2009 el gobierno federal gastó 3.100 millones de dólares en contratos privados para políticas de antinarcóticos en América Latina, lo que suponía un incremento del 32% en cuatro años. La mayoría de esas empresas estaban en Colombia.
Los detenidos por el asesinato del presidente de Haití
Los 26 colombianos (18 detenidos, tres abatidos y cinco prófugos) que, según las autoridades haitianas, están implicados en el asesinato del presidente de ese país Jovenel Moïse, tienen el perfil de mercenarios paramilitares para ejecutar el magnicidio. Hasta ahora se desconoce quién pagó a los autores del crimen.
El mandatario fue asesinado en su residencia en la madrugada del miércoles. Le dispararon 12 tiros, uno de ellos en la cabeza. Supuestamente lo torturaron.
Llevaba meses encerrado en su casa en medio de una crisis política que fue menguando cada vez más su legitimidad y haciendo que aumentaran las voces que pedían su renuncia.
Pero antes de que hubiese pasado un día desde que se supo el carácter internacional del magnicidio, ya empezaron a conocerse los detalles de los exmilitares que lo llevaron a cabo que ilustran una faceta clave de la guerra en Colombia: una industria de mercenarios que, salidos de los esquemas de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo financiados por Estados Unidos, se han involucrado en distintos conflictos internacionales debido a su gran habilidad militar y su disposición de cobrar salarios bajos.
Jóvenes soldados sin posibilidad de ascenso
Desde el pasado viernes, los medios colombianos fueron publicando los nombres, las trayectorias y las fotos de los militares retirados involucrados en el magnicidio de Jovenel Moïse.
La mayoría de ellos rondan los 40 años, ejercieron de soldados y, como parte de una práctica usual en el ejército al no poder ascender, se retiraron jóvenes, hace menos de dos o tres años.
La esposa de Eladio Uribe, uno de los posibles detenidos en Haití, afirmó a W Radio que el exmilitar fue soldado profesional durante 20 años, se retiró en 2019 y recibió varios reconocimientos castrenses.
Según ella, Uribe estuvo investigado por el caso de los falsos positivos, un esquema de cuotas que pasaba bajas civiles como bajas guerrilleras en combate, pero fue absuelto. En los últimos meses estaba en República Dominicana contratado por una supuesta empresa de seguridad que le pagaría 3.000 dólares al mes.
Los medios colombianos también hicieron hincapié en el caso de Manuel Antonio Grosso, un paracaidista y miembro de las fuerzas especiales antiguerrillaque publicó fotos en redes sociales hace una semana desde República Dominicana. Al parecer cruzó la frontera a Haití el día antes del asesinato de Moïse.
