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Las grandes empresas «expoliaron» los fondos Covid de los países en desarrollo

El 38% de esos fondos de recuperación de la pandemia se destinaron a grandes corporaciones en países en desarrollo, en lugar de protección social

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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El 38% de los fondos de recuperación de Covid-19 en 21 países en desarrollo se destinaron a grandes corporaciones en lugar de protección social, pymes y trabajadores autónomos. Por otro lado, en 2021 se gastó un tercio menos de dinero en comparación con 2020, hasta un promedio del 2,4% del PIB debido al empeoramiento de la situación económica, incluso cuando las necesidades seguían creciendo.

Esto está sucediendo porque más del 85% de la población mundial vivirá bajo las garras de estrictas medidas de austeridad en 2023. En total,  se espera que entre 75 y 95 millones de personas se vean empujadas a la pobreza extrema debido a los efectos persistentes de la pandemia de Covid-19 y la crisis del costo de vida provocada por la guerra de Ucrania en medio de una creciente desigualdad.

A pesar de la crisis provocada por la elevada inflación, los gobiernos de los países en desarrollo, a menudo con las manos atadas por las instituciones financieras internacionales, están poniendo a las grandes corporaciones por delante de la gente. Casi el 40% de los fondos de recuperación de Covid-19 se destinaron a grandes empresas, incluidos préstamos y recortes de impuestos, lo que significa que los más afectados por la pandemia, especialmente las mujeres y los trabajadores autónomos, se han quedado atrás con una cobertura de protección social inadecuada.

Las mujeres, que se han visto especialmente afectadas por la crisis, solo recibieron la mitad de apoyo que los hombres, lo que aumentó la desigualdad de género. Mientras tanto, los trabajadores autónomos solo recibieron el 4 por ciento de los fondos en general, a pesar de representar la gran mayoría de la fuerza laboral en muchos países como Bangladesh y Malawi.

Zambia, que ahora se enfrenta a una crisis de deuda, asignó menos del 5 por ciento de los fondos de estímulo a la protección social y gastó alrededor del 90 por ciento en apoyar a las grandes empresas. Sri Lanka, que se enfrenta a un colapso económico, también gastó principalmente su recuperación en recortes de impuestos a las empresas.

La presión de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para introducir medidas de austeridad y recortar la financiación de los servicios públicos básicos a cambio de la reestructuración de la deuda está empeorando las cosas. Por ejemplo, los recortes de austeridad en el gasto público y los aumentos en los impuestos indirectos, como el IVA, que perjudican a los más pobres se imponen como parte del programa de préstamos del FMI.

Se espera que casi 100 millones de personas se vean empujadas a la pobreza extrema este año, y las cosas empeorarán ya que muchos países que han asignado importantes fondos a la protección social, ahora planean reducir drásticamente sus paquetes de estímulo social. Mientras tanto, muchos otros están planeando recortes en la atención médica, la educación y la protección social esenciales, ya que se quedan sin dinero debido al menor crecimiento económico y frente a los estrictos criterios crediticios del FMI y otras instituciones.

Las Reuniones Anuales del FMI/Banco Mundial deberían promover una recuperación centrada en las personas con políticas fiscales progresivas sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas y la riqueza del 1% más rico de la población, en lugar de medidas de austeridad fallidas, de lo contrario, más países en desarrollo pueden colapsar económicamente

Es fundamental la implementación de políticas alternativas para lograr una recuperación centrada en las personas en lugar de la austeridad. Entre ellas se incluyen gravar las ganancias corporativas inesperadas en exceso, la introducción de niveles progresivos de impuestos sobre la renta y el patrimonio, eliminar los flujos financieros ilícitos mediante la implementación de registros públicos de beneficiarios reales para todos los sectores e informes públicos país por país, especialmente aquellos con alto riesgo de blanqueo de dinero y abusos fiscales, y aumentar las cotizaciones y la cobertura de la seguridad social.

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