En medio de las crisis siempre hay desaprensivos. En la Edad Media, durante los sitios de las ciudades, había quienes se aprovechaban con el robo de comida y el incremento de los precios. En la actualidad, en medio de la crisis sanitaria del COVID-19, este papel parecen haberlo adoptado las funerarias.

Los más de 10.000 fallecidos en menos de 3 semanas han abierto para estas empresas una oportunidad para incrementar injustificadamente los precios de sus servicios.

Varios familiares de fallecidos han denunciado que se están cobrando servicios que luego no se ofrecen o que se intenta vender ataúdes especiales.

Son muchos los comerciales que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad emocional de los familiares de los fallecidos por coronavirus. Respecto a ese ataúd especial, se ha llegado a decir que era necesario envasar al vacío a la persona fallecida. El coste de ese ataúd «especial» suele superar los 1.500 euros. Sin embargo, cuando las familias se oponen a las facturas, se encuentran con la sorpresa de que la propia empresa les dice que con una caja normal es suficiente. Esto sólo tiene un nombre: estafa.

Una familiar de un fallecido indicó a El Español que esos comerciales llegan a decir frases como «¿Es que tu padre no lo merece?». Esto es inhumano.

En la plataforma Change.org el cineasta Pepe Jordana ha narrado la situación que vivió con la funeraria tras la muerte de su madre por coronavirus: «La funeraria nos pide 5.000€ por los gastos funerarios, con un IVA del 21% y conceptos extraordinarios vinculados a la situación que estamos viviendo en Madrid con la pandemia (ataúdes estancos, medidas especiales de seguridad e higiene, etc). Morir de coronavirus es más caro.

» Resulta aterrador que pueda haber alguien sacando beneficio económico de esta desgraciada circunstancia. Cuando todas las empresas y trabajadores del país estamos sufriendo en nuestra economía las consecuencias de este momento, no parece de recibo que las funerarias pretendan repercutir sus sobrecostes en los ciudadanos. Máxime cuando no hemos podido acompañar a nuestros familiares ni despedirles en los momentos finales. Estamos pagando más caro un funeral que no tendremos».

Un caso tan claro de abusos sociales no puede quedar en una anécdota sino que debe ser la Administración del Estado, a quien le corresponda, local, autonómica o estatal, la que ponga freno a estos desaprensivos que, según los propios testimonios de los afectados, se están aprovechando de la situación tan difícil que están viviendo las familias de los fallecidos por el coronavirus. El Estado tiene que intervenir y frenar los abusos.

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