Las farmacéuticas pretenden anular una ley que les prohíbe comprar la sangre de los inmigrantes

Estados Unidos prohibió en 2021 la entrada de mexicanos al país para vender su sangre. Esto ha provocado que las dos compañías farmacéuticas internacionales que operan la mayor cantidad de clínicas de plasma a lo largo de la frontera dicen que han visto una fuerte caída en el suministro.

En una demanda, las empresas reconocieron por primera vez hasta qué punto los mexicanos que visitan Estados Unidos con visas de corto plazo contribuyen al suministro mundial de plasma sanguíneo. 

Los documentos judiciales muestran cómo las empresas revelaron que hasta el 10% de los millones de litros de plasma sanguíneo recolectado cada año en Estados Unidos provino de mexicanos que cruzaron la frontera con visados que permiten visitas breves por negocios y turismo.

La denuncia interpuesta por la farmacéutica española Grifols y la australiana CSL está relacionada con el anuncio de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ya no permite que los ciudadanos mexicanos pasen al país con visas temporales para vender su sangre. 

La demanda fue inicialmente desestimada por un juez federal pero restablecida por la Corte de Apelaciones de Washington. Los abogados de las compañías farmacéuticas han alegado en la documentación aportada que la fuerte reducción de mexicanos que venden sangre a las clínicas fronterizas está contribuyendo a una escasez mundial de plasma y está «precipitando una crisis mundial de salud pública que está costando muy caro a los pacientes».

La realidad es que, hasta 2021, miles de mexicanos cruzaban la frontera para vender sangre hasta dos veces por semana, ganando cifras cercanas a los 400 dólares al mes. La venta de sangre fue declarada ilegal en México en 1987.

Muchos países imponen límites estrictos a las donaciones de sangre. Alemania, por ejemplo, permite un máximo de 60 donaciones por año con controles intensivos antes de cada quinta donación. Pero la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos no requiere chequeos de donantes comparables y permite que las personas que visitan las clínicas estadounidenses vendan su sangre dos veces por semana, o hasta 104 veces al año.

Los límites que otros países imponen a las donaciones de sangre han convertido a Estados Unidos en uno de los principales exportadores de sangre del mundo. En 2020, las instalaciones de norteamericanas recolectaron 38,2 millones de litros de plasma para la producción de medicamentos, lo que representa aproximadamente el 60% de todas las donaciones del planeta.

Hasta ahora, no estaba claro cuánto del suministro de plasma sanguíneo de estadounidense procedía de ciudadanos mexicanos. Las compañías farmacéuticas habían minimizado el papel de las clínicas fronterizas para satisfacer la demanda de plasma. Grifols señaló en 2019 que «más del 93% de los centros [están] muy lejos de la frontera entre EE. UU. y México».

Sin embargo, en los documento presentados en la demanda, Grifols destacó la importancia de las clínicas fronterizas. Un comunicado de un directivo de la farmacéutica reveló que sólo en los centros de la compañía en Texas había «aproximadamente 30.000 ciudadanos mexicanos donando y suministrando más de 600.000 litros de plasma [al año]». Describe a los donantes mexicanos como «leales y desinteresados ​​en su compromiso de donar sangre».

Según una presentación de Grifols y CSL, los 24 centros fronterizos administrados por la compañía española, por sí solos, representan un «impacto económico anual de más de 150 millones de dólares y, aproximadamente, 1.000 puestos de trabajo.

Algunos de esos centros de donación se establecieron a solo unos pasos de la frontera entre Estados Unidos y México. Su ubicación, según muestran documentos judiciales, era parte de un esfuerzo estratégico para atraer donantes mexicanos.

Un memorando escrito por los abogados de las empresas reconoció que los centros estaban ubicados para «facilitar» las donaciones realizadas por ciudadanos mexicanos, y que Grifols y CSL «también han gastado ‘varios millones de dólares en los últimos años’ en publicidad para alentar a los ciudadanos mexicanos a donar plasma a cambio de dinero en los centros ubicados a lo largo de la frontera». El documento no especificaba si los anuncios se publicaron en México, porque la publicidad de donaciones de plasma pagadas es ilegal en ese país.

Los ciudadanos mexicanos que vendían su sangre llegaban a Estados Unidos con los visados tipo B-1 o B-2, documentos que permiten a los visitantes comprar, hacer negocios o visitar sitios turísticos. 

La CBP había visto durante mucho tiempo la práctica de vender sangre como una zona gris, ya que algunos funcionarios permitían que los visitantes a corto plazo fueran a los centros mientras que otros no. En 2021, la Patrulla Fronteriza emitió una circular interna que prohibía a los titulares de visados de corto plazo vender sangre.

CSL y Grifols impugnaron esa acción, afirmando que durante 30 años, CBP había «permitido en gran medida que los titulares de visas B-1/B-2 de México ingresaran a este país con el propósito de donar su plasma en centros de recolección que brindan un pago a los donantes». El CPB no estuvo de acuerdo. Matthew Davies, un oficial supervisor de seguridad fronteriza, declaró al tribunal que vender plasma a cambio de una compensación nunca había sido una actividad permitida.

El 14 de junio de 2021, CBP envió una «guía aclaratoria» de que no estaba permitido vender plasma con una visa de visitante. El anuncio generó caos en los centros fronterizos. Dos días después, Grifols escribió, y luego eliminó, una publicación en su página de Facebook en español que decía: «Estamos respondiendo a los cientos de mensajes que preguntan cuándo las personas con visa pueden regresar para donar. Por el momento, la respuesta es que no se puede». Una respuesta enojada decía: «Ahora, ya no somos héroes que salvan vidas. Simplemente nos usaron».

Desde entonces, las donaciones en los centros fronterizos se han reducido drásticamente. Las compañías farmacéuticas afirmaron en el tribunal que una encuesta de 12 centros en Texas encontró una disminución del 20% al 90%.