Las familias de los alumnos andaluces de colegios públicos están dispuestas a inundar de denuncias las oficinas de la Inspección de Trabajo por el grave incumplimiento de la normativa legal vigente, que estipula que los centros de trabajo deben reunir unas temperaturas comprendidas entre los 17 y los 27 grados centígrados, que se superan estos días con holgura en incontables colegios públicos de la comunidad andaluza, con una red de unos 6.000 edificios educativos públicos.
El Real Decreto 486/1997 es claro al respecto, pero pese a ello las Administraciones competentes, Junta de Andalucía y Ayuntamientos respectivos como titulares de los edificios públicos, vuelven a mirar para otro lado pese a ser conscientes de que la comunidad andaluza sufre los rigores de las altas temperaturas durante buena parte del curso académico y no solo con la llegada del fin de curso.
La Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Fampa Sevilla Nueva Escuela, será la encargada este jueves 30 de mayo de llevar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una denuncia contra la Consejería de Educación, dirigida por Javier Imbroda (Ciudadanos), y contra el Ayuntamiento de Sevilla, gobernada por el socialista Juan Espadas. Del mismo modo, los representantes de las madres y padres de los alumnos animan a todas las familias a presentar en este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo sus respectivas denuncias cumplimentadas.
Esta iniciativa se produce apenas unos días después de la polémica generada el pasado domingo 26 de mayo durante la jornada electoral, en la que el Ayuntamiento de Sevilla solicitaba a los directores de los centros escolares, y ese día también electorales, que se mantuvieran activados los sistemas de refrigeración de las instalaciones para evitar que tanto los integrantes de las mesas electorales como los votantes sufrieran los rigores de las altas temperaturas durante la jornada de las votaciones.
Paradójicamente, el consistorio sevillano es plenamente consciente de que la amplísima mayoría de estos centros educativos públicos no cuentan con sistemas de bioclimatización adecuados. Así se lo recordaron los propios directores de los colegios conminados a acondicionar bioclimáticamente sus instalaciones el 26-M. Alguno de ellos incluso aseguró en tono sarcástico que había dejado la puerta del frigorífico abierta para ayudar a la refrigeración del centro.
La nueva normativa sigue empantanada en el Parlamento andaluz desde 2017, primero por la oposición frontal del PSOE, y ahora por la desidia interesada del Gobierno de PP y C’s
Mientras tanto, la iniciativa de Escuelas de calor, asociación de las familias de escolares andaluces que promovió la ley de bioclimatización de los centros escolares –los únicos edificios públicos que no cuentan con sistema de refrigeración–, sigue empantanada en el Parlamento de Andalucía desde hace dos años, primero por la oposición frontal del PSOE de Susana Díaz y después por la desidia e instrumentación política de Partido Popular y Ciudadanos, integrantes del nuevo Gobierno autonómico, que pretenden integrar también en la red de centros bioclimatizados a los colegios privados concertados con el sistema públicos de educación.
La única formación que se ha opuesto a la segunda tramitación de la ley, aprobada el pasado 2 de mayo, fue la formación ultraderechista Vox. En esta ocasión, el PSOE, ya en la oposición, sí ha dado su apoyo a la iniciativa impulsada por Podemos en agosto de 2017, tras recoger las quejas de Escuelas de calor. El 28 de febrero de 2018, Partido Popular, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida dejaron solo al PSOE en contra del proyecto de ley de bioclimatización de los colegios andaluces.
Modelo de denuncia ante la Inspección de Trabajo
