Uno de los múltiples problemas que tiene el mercado laboral español se halla en los fraudes constantes que utilizan determinadas empresas de todos los sectores para incumplir la ley o las obligaciones que tienen para con sus trabajadores. No se trata sólo de salarios, sino de otras cuestiones. En España, por ejemplo, se siguen sin pagar más de 320 millones de horas extra, lo que supone un perjuicio para la Seguridad Social de aproximadamente 750 millones de euros y una facturación extra para las empresas de 2.500 millones anuales.
Otro grave problema se encuentra en los modelos de contratación. En este país, en todos los sectores, se están firmando contratos de jornada parcial cuando, en realidad, el empleado está trabajando a jornada completa. En algunos casos, esto sirve para que las empresas justifiquen el pago de salarios por debajo del convenio colectivo o, incluso, del salario mínimo interprofesional. La situación de precariedad laboral en España hace que millones de trabajadores acepten estas prácticas para no perder su empleo y muchos empresarios o utilizan. Por ejemplo, hay determinados sectores que dan de alta un contrato por una jornada diaria de 4 horas cuando, en realidad, el empleado trabaja la jornada completa más horas extra.
Respecto a los modelos de contratación, los falsos autónomos siguen a la orden del día en muchos sectores. No se trata sólo de las plataformas de reparto de comida, de las que nació la «ley rider», sino que se trata de un fenómeno más extendido de lo que parece.
Ante esta situación y la ineficacia de otras medidas adoptadas en materia laboral desde el año 2018, el gobierno ha decidido que debe actuar desde el punto de partida que debió haber sido prioritario: reforzar con medios humanos y técnicos a la Inspección de Trabajo.
Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, se va a implementar en dicho organismo una herramienta potente y eficaz para terminar con este tipo de fraudes: el big data. Con ello, la Inspección de Trabajo tendrá un control prácticamente absoluto del funcionamiento de las empresas y, de este modo, podrá investigar, analizar e imponer sanciones a aquellas compañías que, por ejemplo, tengan falsos autónomos en sus plantillas, no paguen las horas extra a sus trabajadores, realicen contratos a jornada parcial cuando el empleado trabaja la jornada completa o no paguen los salarios mínimos a los que esas empresas están obligadas por la normativa.
Esta nueva herramienta, que trabajará a través de algoritmos, podría hacer recuperar al sistema de Seguridad Social más de 1.000 millones de euros anuales.
Desde determinados sectores empresariales ya están tachando de «cacería» lo que, en realidad, es defender los derechos de los trabajadores. Cuando un empresario cumple tanto con las leyes como con sus empleados no tiene nada que temer. Sin embargo, se están cometiendo fraudes de manera sistemática aprovechándose de la falta de recursos de la Inspección de Trabajo. Hay millones de pymes y autónomos que cumplen rigurosamente con la normativa laboral perdiendo, incluso, una parte de su ratio de beneficio mientras que otras están incrementando sus ganancias a costa de incumplir con la ley. Por tanto, no se trata de una «cacería», sino de evitar que se esté explotando a los trabajadores en todos los ámbitos.
