Tal y como venimos informando en Diario16, distintos presidentes del Club de Golf La Moraleja, uno de los más elitistas de España, presuntamente despilfarraron 130 millones de euro pagando unos sobreprecios descomunales por terrenos rústicos en Algete que no tenían casi ningún valor al tener una calificación urbanística de suelo no urbanizable de especial protección del futuro Parque Fluvial de la Vega del Jarama.

El dinero también se despilfarró en diferentes obras de reformas de vestuarios, cuarto de palos, etc., obras en las que siempre se producían sobreprecios y en las que, en la mayoría de las ocasiones, se autorizaron por personal sin poderes.

En un acta notarial a la que ha tenido acceso Diario16, Ricardo Noreña, de Ernst & Young, declaró que la empresa auditora había detectado importantes desviaciones en el coste final de los proyectos «pues se deben a proyectos de diseños incompleto que en el momento de su adjudicación y valoración económica no contienen los elementos necesarios para garantizar su viabilidad técnica y funcional», se afirma en el acta.

En ese mismo documento, el representante de la auditora señala que «en los proyectos ya adjudicados, además, se iban incorporando a veces cosas a petición de comités, de nuevas prestaciones para mejorar la viabilidad técnica y funcional. A veces se producen desviaciones por las mediciones, alcances y calidades por estar erróneamente presupuestados y ofertados […] ya se ponía de manifiesto en ese momento que había debilidades en esa área».

El representante de Ernst & Young afirma también que el Consejo de Administración del Club estaba informado de estas desviaciones presupuestarias y que las aprobó por la necesidad de acabar las obras en un plazo razonable, tal y como se puede comprobar en el acta de la reunión del Consejo del 21 de junio de 2007.

Ernst & Young identificó inversiones y gastos aprobados por el Consejo de Administración desde el año 2004 hasta el 2009 por un importe de 93 millones de euros.

En su informe, la auditora detectó, además, debilidades en el control interno, sobre todo en lo referido a la autorización y aprobación de las inversiones, en la propia contratación del gasto, en el pago, «en todo lo que es la parte de pagos», se puede leer en el acta notarial.

También se evaluó la posible existencia de conflicto de interés, dado que «se estaba contratando a socios o a compañías vinculadas a, digamos, órganos directivos», afirma el analista de Ernst & Young en el acta, añadiendo que se detectó que había «contrataciones de forma recurrente con empresas que se repiten y también la falta de documentación».

La auditora no pudo profundizar al máximo detalle porque la documentación «no es no exista, sino que a lo mejor no está archivada adecuadamente o, bueno, ya me entienden», afirmaba Noreña.

La ausencia de falta de control interno era manifiesta puesto que «hay un acta de una comisión de inversiones de fecha de 31 de mayo de 2007, que posteriormente se elevó al Consejo de Administración el 21 de junio de 2007, en el que […] se habla de que las importantes desviaciones en el coste final de los proyectos ejecutados se deben a proyectos de diseño incompleto que, en el momento de su adjudicación y valoración económica, no contienen los elementos necesarios para garantizar viabilidad técnica y funcional», afirmaba el auditor de Ernst & Young.

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