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Las derechas se reparten el granero de votos de las fuerzas de seguridad del Estado

PP, Vox y Cs impulsan en el Congreso de los Diputados una ley para la equiparación salarial de los policías y los guardias civiles

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Las derechas tienen a la policía de su lado. También al ejército. Las élites necesitan el poder coercitivo para garantizar sus privilegios ancestrales y los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado creen que con un Gobierno fuerte y reaccionario su derechos laborales estarán mejor garantizados que con otro progresista. Es una simbiosis perfecta. Nunca antes se vio tan claramente como hoy que la teoría marxista era la más acertada. Según el filósofo de Tréveris, la policía es parte del aparato represivo del Estado, que emplea el recurso a la fuerza como instrumento de la clase burguesa dominante mediante la cual esta se asegura su poder. Según el enfoque foucaultiano, la policía y el sistema penal son instituciones de poder que no se proponen eliminar el crimen sino controlarlo dentro de ciertos límites y hacer uso de él según sus propios intereses.

En una sociedad democrática los soldados y los guardias están al servicio del pueblo bajo el mandato del imperio de la ley. Es lo que conocemos como Estado de derecho. Sin embargo, nos encontramos ante otra utopía. Tenemos suficientes datos para sospechar que existen graves disfunciones en el sistema y que la misión de los cuerpos policiales recogida en la Constitución como instrumentos para mantener la seguridad y el orden público, así como garantizar la protección del régimen político-jurídico, se está viendo desvirtuada, cuando no seriamente amenazada. Casos como el de la Policía patriótica, las andanzas del comisario Villarejo, las cloacas del Estado y el espionaje y chantaje a políticos y periodistas incómodos han venido a confirmar que grupos de dudosa procedencia democrática se están apoderando de las instituciones policiales con fines políticos. La última es esa fagocitación que Vox ha hecho del sindicato Jusapol, una organización sindical cuya principal función debería ser luchar por mejorar las condiciones laborales de los policías pero que se ha convertido en un arma política letal contra el Gobierno de Sánchez y un inmenso granero electoral al servicio de la extrema derecha.

Lógicamente, a esta situación se ha llegado tras años de abandono de los diferentes gobiernos democráticos, tanto del PSOE como del PP, que con los años han permitido que nuestros policías terminen abocados a una penosa situación laboral. Han sido demasiados años de salarios bajos, de falta de medios, de desprotección ante un crimen cada vez más organizado y en general de plantillas desmoralizadas y abatidas que consideran que la democracia se ha olvidado de ellos pese a que, junto con el poder judicial, forman parte de uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Esa indignación acumulada ha calado en forma de organizaciones sindicales extremófilas que han optado por echarse en brazos de partidos antisistema como Vox. Santiago Abascal ha puesto el punto de mira en un colectivo del que sabe que puede obtener un amplio rédito electoral y Pablo Casado, temeroso de perder esa bolsa de votos, ha entrado en la carrera por ver qué partido de la derecha española representa mejor los intereses de las unidades policiales (la izquierda hace tiempo que dejó de ser un referente para los agentes y guardias civiles). Así las cosas, hoy corremos serio riesgo de que las fuerzas de seguridad del Estado terminen convirtiéndose en guetos de la derecha, reductos reaccionarios como en los peores tiempos del pasado, cuando en los cuarteles se gestaba y preparaba la conjura contra la democracia.   

Ayer, los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, junto al resto de sus socios, rechazó la toma en consideración de la ley para la equiparación salarial entre cuerpos policiales que defiende el PP en el Congreso de los Diputados al considerarla “inconstitucional” por no respetar las competencias de las comunidades autónomas. La propuesta fue respaldada por Vox y Ciudadanos (Cs), aunque con críticas a los populares al ver el texto “mejorable” y desconfiar de sus intenciones. Fue la constatación fehaciente y palpable de lo que está ocurriendo en este país. La derecha poniéndose de lado de las fuerzas de seguridad del Estado y pugnando entre ellas para llevarse un puñado de votos mientras la izquierda apela a extrañas competencias autonómicas para no avanzar en la equiparación salarial entre las distintas policías, un argumento que no hará sino acrecentar el malestar de las plantillas.

La propuesta defendida por la popular Ana Vázquez buscaba reformar la ley vigente de 1986, recogiendo las demandas de los sindicatos para llevar a cabo “una efectiva equiparación salarial y una nueva regulación legal que establezca las bases de un sistema basado en el principio constitucional de igualdad”. Según esta formación, la proposición de ley supone “culminar” el proceso iniciado con el Acuerdo de Equiparación firmado en 2018 por el Gobierno del PP, antes de la moción de censura.

El PSOE y Unidas Podemos han defendido que este acuerdo de equiparación ejecutado tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno ha supuesto la “mayor subida salarial” para funcionarios de la historia, sin parangón en otros colectivos. Por su parte, Vox y Cs lo han calificado de “insuficiente”, criticando que dicho acuerdo se basara en “mentiras” como la falta de una auditoría externa. De hecho, ambas formciones se cruzaron reproches y críticas, cuestionando quién fue el partido que apoyó más en su inicio a Jusapol, la plataforma que agrupó a policías y guardias civiles e impulsó movilizaciones en las que rechazaba el acuerdo de equiparación firmado en 2018 por el PP y las entonces principales organizaciones sindicales. Una vez más, las derechas lanzándose dentelladas entre ellas para quedarse con la carnaza policial.

“Más vale esto que nada”, aseguró el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, aunque criticando al PP por fijar en dos años el tiempo para unificar salarios, lo que entiende que es otro intento de este partido por “tirar balones para delante”. Durante su intervención, además, se permitió poner el himno de la Policía desde el altavoz de su teléfono, motivando la interrupción de la Presidencia. Entre sesión y sesión parlamentaria, la extrema derecha siempre tiene un momento para la demagogia populista y el show de barraca de feria.

El portavoz de Cs, Miguel Gutiérrez, defendió establecer por ley unos “topes salariales” para evitar las diferencias entre cuerpos policiales, aunque ha avisado de que no se fía del PP porque hace de la mentira un “arte chusco”, en alusión directa a la convocatoria de elecciones en Castilla y León. “Traicionan a todo el que se porta bien con ustedes”, afirmó.

Mientras tanto, el PSOE y el resto de partidos que apoyan al Ejecutivo cuestionaron la proposición de ley del PP entre críticas por tratar de “instrumentalizar a los policías en la estrategia de desgastar al Gobierno”, según alegó la diputada socialista Gemma Araujo. Unidas Podemos argumentó que “siempre” han apoyado que los cuerpos policiales obtengan “ingresos similares”, pero rechazando acto seguido que esto se haga en contra de las competencias autonómicas.

Eso mismo han defendido otros partidos que respaldan la igualdad salarial, como Unión del Pueblo Navarro (UPN), que también ha sostenido que “la culpa no es de las comunidades autónomas”. El portavoz de este partido, Carlos García Adanero, ha afeado que el Ejecutivo se apoye en grupos que defienden “patear a policías” o que respaldan a jefes de ETA como Mikel Antza, como hizo EH Bildu este mismo martes.

Por parte Gabriel Rufián rechazó la propuesta del PP por la “utilización perversa” que hace de la Policía y la Guardia Civil, así como de plataformas como Jusapol, a quien ha reprochado que celebre manifestaciones en Barcelona o en Alsasua, ya que en estas ciudades no está la sede del Ministerio del Interior. Rufián calificó de “terriblemente irresponsable” que el PP plantee que los políticos independentistas dejen de llevar escolta policial. Además, criticó al partido liderado por Pablo Casado por sus palabras sobre el acoso que sufren los niños en escuelas de Cataluña mientras “calla” ante las protestas frente a la casa de la ministra Irene Montero y el exvicepresidente Pablo Iglesias en Galapagar, donde se “acosó durante meses a tres niños”.

Lo que queda de la embarullada sesión de ayer es, una vez más, la sensación de que nuestros policías quedan abandonados a su suerte y sin que nadie, salvo Vox, escuche sus reivindicaciones. Otra batalla más que pierde la izquierda.

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1 Comentario

  1. Érase una vez un país tan corrupto, tan corrupto, que hasta la policía votaba a los que les garantizaban la inmunidad ante el delito.
    Vámonos de aquí que apesta a cerdo que dá para atrás.

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