Las derechas mejoran en las encuestas tras la polémica por la ley del “solo sí es sí”

Todas las encuestas coinciden en dar ventaja a las derechas sobre las izquierdas en intención de voto de cara a la próxima cita electoral. La de El País incluso registra una cierta recuperación de Vox, “que gana casi un punto y supera el largo bajón que había experimentado coincidiendo con la llegada de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del PP”, según el siempre fino análisis de Xosé Hermida. Está claro que el bloque conservador se mantiene firme y saca rédito de los últimos acontecimientos políticos acaecidos en la vida pública de este país, sobre todo la rebaja de penas a los líderes independentistas con la reforma de los delitos de sedición y malversación y la polvareda judicial y mediática a cuenta de la rebaja de penas a violadores por la aplicación de la ley del “solo sí es sí”.

PSOE y Unidas Podemos se están atizando de lo lindo, más que nunca, atribuyéndose mutuamente culpas y responsabilidades por un problema que ellos mismos se han creado y que no han sabido resolver civilizadamente. Ambos socios de Gobierno se han pegado un tiro en el pie y el espectáculo televisado en directo ha influido en la tendencia demoscópica de esa parte del “electorado veleta” de centroizquierda que unas veces vota PSOE y otras PP, en función de numerosos factores (generalmente la situación económica del país y las filias y fobias más o menos irracionales de cada cual).

Hay que ser un sectario para no querer ver que el Gobierno atraviesa por una crisis más que preocupante. El goteo constante de depredadores sexuales y pederastas excarcelados ha hecho mucho daño no solo a la imagen del Ejecutivo Sánchez, sino a la coalición misma. Lo que podría haber sido uno de los mayores logros de la izquierda en los últimos años (incluir el consentimiento de la mujer para que una relación carnal sea legítima y no forzada o violenta) se terminó convirtiendo en un estrepitoso fracaso nada más se supo que los abogados de los condenados corrían al juzgado para pedir la aplicación de la ley más beneficiosa para el reo (un principio constitucional de tinte progresista, por cierto, nada de cosas de “fachas con toga”), que en este caso, mal que le desagrade escucharlo a la ministra Montero, era la reforma impulsada por su departamento de Igualdad.

La grieta podría haberse tapado de inmediato a poco que ambos socios gubernamentales se hubiesen puesto de acuerdo, rectificando y reajustando penas, lo que hubiese frenado la sangría de violadores liberados y de titulares sensacionalistas de la caverna. Lamentablemente, nadie le puso un poco de cordura y sensatez al asunto. Si Montero cometió dos pecados (el de falta de pericia en la redacción de la ley y el de soberbia por negarse a rectificar) Sánchez incurrió en otro no menos grave, el del error por omisión, ya que dejó que la cosa se pudriera sin cortar la polémica de raíz bien por miedo a la reacción airada de Podemos bien porque pensó que la polémica se iría enfriando con el paso de los días. Por desgracia, no se enfrió.

Cada día que pasaba era un nuevo chorreo de presos beneficiados por la entrada en vigor de la nueva norma, cada día crecía la indignación de ese “votante-veleta” del que hablábamos antes y cada día se erosionaba un poco más la ya de por sí debilitada coalición. Unos y otros empezaron a comportarse como niños de guardería peleados por una soberana tontería cuando se trataba simplemente de sentarse en una mesa como personas maduras, afrontar el problema con cabeza fría (dejando aparte cuestiones ideológicas y farragosas teorías sobre el nuevo feminismo) y resolver una serie de simples sumas y restas: las penas concretas de los diferentes delitos incluidos para evitar la alarmante fuga de presos. Sin embargo, Podemos hizo de la cuestión una cruzada (negándose a modificar ni una sola coma de la ley) mientras el PSOE vio una oportunidad de oro para erosionar al incómodo mundo morado. Lo más chocante de todo es que, pese a que tanto socialistas como podemitas estaban de acuerdo en lo sustancial, una vez más se impuso el cainismo de la izquierda, el cálculo electoral fácil y dar satisfacción a las parroquias respectivas.

Lejos de rebajar el tono, las rencillas fueron aumentando con el paso de los días y las semanas. Los domingos los líderes de cada partido aprovechaban para irse de mitin o fiesta campera a algún pueblo y poner a caldo al otro socio, en la falsa creencia de que así arañarían unos cuantos votos. Hasta que la situación se hizo insostenible, de tal forma que ayer, Pedro Sánchez, viendo que el barco se le iba a pique y que las derechas estaban pescando en ese río revuelto, decidió intervenir drásticamente y zanjar la cuestión por las bravas. Tristemente, ya era demasiado tarde. Las declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, quejándose de que con la ley Montero “no es de recibo que salga más barato una agresión sexual que robar” (el robo con violencia o intimidación está castigado con penas de dos a cinco años mientras que la agresión violenta a una mujer lleva aparejada una pena más benigna, de uno a cuatro) solo contribuyeron a confundir aún más a la opinión pública. ¿Por qué no lo dijo antes, por qué no lo advirtió el 25 de agosto del pasado año, cuando la nueva ley fue aprobada en el Parlamento? Nada tenía sentido, y para terminar de rematar la nefasta gestión de Moncloa faltaba Sánchez dándole un zasca en público a su ministra díscola Montero al asegurar que su ley “ha tenido efectos indeseados, y me quedo corto”. Fue una humillación innecesaria. ¿Acaso no era él el responsable último cuando le dieron a firmar el borrador de la normativa? Lógicamente, tanto despropósito y tanto dislate solo podía tener un “efecto indeseado”, como diría el presidente: otro empujoncito en las encuestas para las derechas (la clásica y la ultra). Y así todo.