El impacto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 también se ha hecho notar en las demandas de disolución matrimonial presentadas en el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización de la actividad judicial. El número de total de demandas de disolución matrimonial -tanto separaciones como divorcios- se redujo en un 42,1 por ciento respecto al segundo trimestre de 2019, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.

En el segundo trimestre de 2020, se han observado disminuciones interanuales superiores al 40 por ciento en todas las formas de disolución matrimonial. Las 9.552 demandas de divorcio consensuado son un 41,8 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019.  Las 6.264 demandas de divorcio no consensuado son un 42,4 por ciento menos. Por lo que respecta a las demandas de separación, las 446 demandas de separación consensuada representan un 46,4 por ciento menos que un año antes y las 214 no consensuadas, un 41,7 por ciento menos que las presentadas el mismo periodo de 2019.

Finalmente, el número de demandas de nulidad, 19 en total, ha descendido en un 20,8 por ciento respecto a las presentadas en el segundo trimestre de 2019.

Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana, los territorios con más divorcios

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 5,3. Junto con Murcia, 54,2; la Comunidad Valenciana, 5; Cataluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5; y Cantabria, 4,4, todas ellas superan la media nacional, que es de 4,3.

Las más bajas, se han dado en Madrid, con 3,4 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes; Castilla y León, 3,7; Aragón y Galicia, 3,8; y Extremadura y País Vasco, 3,9.

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